La desastrosa expropiación de YPF

El Estado argentino ha sido condenado por la justicia estadounidense a indemnizar con 16.000 millones de dólares a los damnificados por su ilegal expropiación de YPF en 2012.

Recapitulemos brevemente: a comienzos de los noventa, el presidente argentino Carlos Menem decidió privatizar YPF como forma de captar dólares y estabilizar macroeconómicamente el país. La privatización de YPF se efectuó en la bolsa estadounidense y pasó a estar regulada, en consecuencia, por las normas del país, así como por los estatutos de la compañía (al menos hasta que estos estatutos fueran modificados siguiendo la propia legalidad estadounidense). Al respecto, los estatutos de la compañía imponían, a modo de garantía para el pequeño inversor, que cualquier agente que adquiriera el 15% del capital social de YPF estaría obligado a lanzar una OPA por el 100%. Así lo hizo, de hecho, Repsol en 1999: compró primero el 15% y luego adquirió la totalidad de las acciones. Con el paso de los años, empero, Repsol fue desinvirtiendo en YPF hasta quedarse con el 57% del capital social (y dando entrada a otros inversores argentinos para mantener una cierta vinculación emocional con el país).

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J. Z.

Sucede que, en 2012, el Gobierno peronista de Cristina Fernández de Kirchner decidió tomar el control de la compañía expropiándole el 51% a Repsol. Ni siquiera el 57%, sino solo el 51%: lo único que querían era tener la mayoría accionarial para poderla manejar a su antojo. Pero, recordémoslo, los propios estatutos de YPF imponían que aquel que adquiriera al menos el 15% del capital social debía lanzar una oferta de adquisición sobre el 100%. Y el gobierno argentino no lo hizo para ahorrarse unos pocos miles de millones de dólares: el propio Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía, llegó a llamar "tarados" a quienes sugerían la necesidad de seguir ese camino. ¿Cómo iban a estar los estatutos de YPF por encima de la ley argentina?

Problema: los estatutos de YPF regían las relaciones entre cualquier inversor y el resto de inversores dentro de la jurisdicción estadounidense. Por tanto, no se trataba de si unos estatutos privados se ubicaban jerárquicamente por encima de la ley argentina, sino de si en EEUU (la arbitrariedad de) la ley argentina prevalecía sobre la ley estadounidense. Y no: en EEUU la ley estadounidense prevalece sobre la argentina y la primera no permite que un inversor se salta sus obligaciones estatutarias. Por ello, los tribunales del país le exigen ahora al Estado argentino que indemnice al otro 49% de accionistas con el precio que debería haberles pagado en 2012 más los intereses devengados desde ese momento (o, más bien, al fondo que se ha subrogado en su posición). 16.000 millones de dólares de agujero financiero por la arrogante depredación del peronismo.

Cuando el Estado argentino comprara el 100% del capital social y luego lo privatizara de nuevo, las pérdidas superarían los 5.000 M de dólares

Por poner esta última cifra en perspectiva: ahora mismo, el 100% de la empresa tiene un valor de mercado de 10.500 millones de dólares. Por tanto, aun cuando el Estado argentino comprara el 100% del capital social y luego lo privatizara de nuevo, las pérdidas superarían los 5.000 millones de dólares. Todavía peor: 16.000 millones de dólares es aproximadamente la mitad de lo que ahora mismo costaría dolarizar el país. Por consiguiente, la sentencia estadounidense erosiona todavía más la solvencia del Estado argentino y envilece mucho más la calidad del peso. Después de esta condena, si la dolarización termina aplicándose, lo hará a un tipo de cambio más desfavorable que el actual, todo lo cual empobrecerá en mayor medida a los acreedores en pesos.

Al contrario de lo que sucedía con el Cid, que ganaba batallas después de muerto, el peronismo sigue perdiendo batallas después de políticamente muerto. O, mejor dicho, sigue empobreciendo a los argentinos incluso en sus horas de descuento gubernamental.