Por qué el Gobierno no ha de entrar en Telefónica

El Gobierno de España destinará alrededor de 2.000 millones de euros de los contribuyentes españoles a adquirir el 10% de las acciones de Telefónica. Pretende, con ello, convertirse en el principal accionista de esta compañía contrarrestando así la influencia del capital saudí. Desgraciadamente, es probable que no sea la última incursión de este estilo que termine haciendo el Gobierno español: parece que, poco a poco, pretende ir reconstruyéndose una cartera pública de inversiones en compañías estratégicas nacionales muy al estilo franquista. Pero ¿por qué esta política nacionalista e intervencionista es un error?

Primero, aquellos españoles que quieren comprometer parte de su patrimonio personal en adquirir acciones de Telefónica (o de cualquier otra empresa nacional o extranjera) ya pueden hacerlo acudiendo al mercado bursátil: no necesitan que el Gobierno les arrebate su dinero (presente o futuro) y lo invierta arriesgadamente en su nombre. ¿Por qué ha de ser el Estado quien nos exponga a riesgos que los contribuyentes (o muchos contribuyentes) no queremos asumir? ¿Por qué hemos de aceptar el superficial análisis de rentabilidad-riesgo que haya efectuado el Ejecutivo (si es que ha llegado a hacerlo) respecto a esta compañía?

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Segundo, una vez el Estado participa accionarialmente en una compañía, ¿hasta qué punto cabe esperar que se mantenga neutral frente a las dinámicas competitivas en el sector? Es decir, el Estado puede tener un interés directo en que Telefónica gane dinero y se revalorice en bolsa para, por ejemplo, contar con mayores recursos públicos y justificar propagandísticamente las bondades de su inversión. Por consiguiente, el Gobierno podría otorgar un trato regulatorio o presupuestario de favor a Telefónica, sobre otras empresas de la competencia, para inflar sus ganancias sin que ello vaya vinculado a una mayor generación de valor para el consumidor (sino a una mayor extracción anticompetitiva del mismo). El conflicto de intereses es obvio.

Tercero, aunque el Gobierno puede pasar a tener un interés directo en que Telefónica logre ganancias por medios no honestos, también puede tener un interés indirecto en que no las logre por medios honestos… si ello supone que va a verse perjudicado electoralmente. Por ejemplo, Telefónica anunció hace algunas semanas un ERE que iba a afectar a un tercio de su plantilla: la razón es la sobredimensión de la empresa de telecomunicaciones en un nuevo entorno global mucho más competitivo y digitalizado. Ahora bien, si el Gobierno es el principal accionista de Telefónica, ¿hasta qué punto sus clientes electorales y sus lobbies ideológicos (como los sindicatos) permitirán que el Gobierno autorice reajustes de plantilla de ese estilo? Dicho de otro modo, con el Ejecutivo tutelando los quehaceres de la compañía, ¿prevalecerá la lógica puramente empresarial o se impondrá una inevitable lógica política y politizadora? Desde el entorno de Sumar, nos repiten insistentemente que quieren aprovechar la entrada en Telefónica para demostrar la superioridad del Estado emprendedor: no solo no existe tal superioridad, sino que lo más probable es que transitemos hacia el Estado clientelizador (como sucede en el resto del tejido público empresarial).

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Cuarto, y vinculado con la gestión politizada anterior, Telefónica también es una productora y difusora de contenido audiovisual y el contenido audiovisual es una forma de influir cultural e ideológicamente sobre la población. Por tanto, a los medios públicos y a la publicidad institucional, añadiremos una tercera herramienta mediante la cual el Gobierno, con nuestro dinero, podrá intentar manipular ideológicamente a los ciudadanos para perpetuarse en el poder (y cuando digo el Gobierno no me refiero solo al Gobierno PSOE-Sumar: si en el futuro hay un Gobierno PP-Vox y no se desprende de esa participación en Telefónica, dispondrá exactamente de esas mismas herramientas de propaganda).

En definitiva, el Gobierno dilapida 2.000 millones de euros del contribuyente —exponiéndolos al riesgo de depreciación patrimonial— comprándose una participación del 10% en Telefónica no se sabe muy bien con qué propósito, salvo para politizarla en su propio beneficio electoral y en el de sus redes clientelares y lobísticas. Para esto, y no para otra cosa, quieren lo público.