Un infierno tributario para el trabajador

Hace algunas semanas reflexionamos en estas mismas páginas sobre cuál era la fiscalidad que recaía sobre un asalariado promedio en España: pues bien, en los últimos días, la OCDE nos ha actualizado tales datos mediante su informe anual de Taxing Wages 2024. Así las cosas, en 2023, un trabajador soltero entregó en promedio al Estado español, meramente por la fiscalidad sobre las rentas del trabajo, el equivalente al 40,2% del valor añadido que generó: no estamos incluyendo en este porcentaje todos los otros impuestos sobre el gasto que también han de abonar indirectamente y que, en consecuencia, dispararían la carga tributaria por encima del 50%. Por consiguiente, y como ya expusimos, el informe del Instituto Juan de Mariana (Impuestómetro 2024), que tanto trató de desacreditarse desde ciertas tribunas mediáticas, o propagandísticas, resultaba, al menos, respecto a esa cifra, perfectamente razonable.

Este porcentaje, el 40,2% del ingreso laboral de un trabajador, no es de los más altos de toda la OCDE, pero sí se ubica por encima de la media de los países que conforman este organismo transnacional: en conjunto, la "cuña fiscal" que recae sobre los salarios dentro de la OCDE es del 34,8%, a saber, 5,4 puntos inferior al promedio de España. Para que nos hagamos una idea de lo que este porcentaje supone: bajar 5,4 puntos la cuña fiscal que soporta en España un salario promedio de 26.200 euros anuales implicaría devolverle a ese trabajador alrededor de 1.850 euros anuales (recordemos que la cuña fiscal del 40,2% se calcula sobre la suma de salarios brutos y cotizaciones empresariales que, para un sueldo de 26.200 euros, supone unos 34.200 euros anuales).

Y no se piense que la cuña fiscal de la OCDE es inferior a la de España porque este organismo esté repleto de socios subdesarrollados en los que la capacidad estatal todavía es reducida y, por tanto, también lo es su eficacia a la hora de parasitar a la sociedad. A la postre, muchos de los países con una menor fiscalidad sobre el trabajo que España se hallan entre los más ricos del planeta (desde luego, también los hay ricos entre los que tienen una mayor fiscalidad): Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Irlanda, Reino Unido, EEUU, Australia, Corea del Sur, Suiza o Nueva Zelanda. De hecho, algunos de ellos, como pueden ser Suiza o Nueva Zelanda, llegan a tener cuñas salariales inferiores al 25%, lo que significa que un trabajador promedio en España conservaría más de 6.000 euros respecto a la carga que actualmente está sufriendo en nuestro país.

Es verdad que esta conclusión depende de un supuesto crítico que no pocos autores rechazan: a saber, que las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social son exacciones coactivas del Estado sobre el trabajador. Excluyendo las cotizaciones empresariales de la mordida estatal que sufre un trabajador, la cuña fiscal sobre su coste salarial sería del 17% (que equivaldría a aproximadamente el 22% del salario). ¿Tiene sentido excluir a las cotizaciones sociales que abona el empresario, en nombre y en favor del trabajador, de los pagos coactivos que en última instancia se obtienen de la remuneración del trabajador? Desde mi punto de vista no, pero a ojos de algunos esas cotizaciones deberían ser consideradas una exacción practicada sobre la empresa, no sobre el trabajador: ahora bien, si eso es así, entonces también deberíamos concluir inmediatamente que, por un lado, las cotizaciones sociales sí son impuestos (pues son pagos que efectúa la empresa sin una contrapartida específica) y, por otro, que las empresas españolas se hallan entre las más maltratadas fiscalmente del mundo, pues además del Impuesto sobre Sociedades habrían de soportar unas cotizaciones equivalentes al 23,3% de su masa salarial… las sextas más elevadas de toda la OCDE. Lo que no puede defenderse simultáneamente es que la fiscalidad sobre los salarios españoles es de las más bajas de la OCDE y que, a su vez, la fiscalidad sobre las empresas también lo es. O una cosa o la otra.

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Sea como fuere, recaigan las cotizaciones sobre el trabajador o sobre la empresa (o sobre ambos en un porcentaje material que no coincida con el formal), lo que es incuestionable es que la carga conjunta de IRPF y cotizaciones se halla por encima de la media de la OCDE sobre todo por culpa de las cotizaciones. Y es aquí donde debemos traer a colación una de las peores medidas impuestas por el Gobierno durante la pasada legislatura: la contrarreforma de las pensiones de Escrivá, la cual no solo disparará el gasto en pensiones a lo largo de la próxima década, sino que condenará a que ese estallido de los gastos sea sufragado mediante incrementos automáticos de las cotizaciones sociales (tanto las cotizaciones a cargo del trabajador como las cotizaciones a cargo del empresario).

En otras palabras, no solo se trata de que ya tengamos una cuña fiscal sobre los salarios que sea más elevada que la de muchos otros países prósperos de nuestro entorno, sino que esa situación se va a agravar con el paso de los lustros. Y se va a agravar aun cuando este gobierno termine siendo desalojado siempre que no exista una mayoría parlamentaria con arrestos suficientes como para comunicar a los pensionistas del futuro —más de diez millones de votos en juego— que todo aquello que se les ha prometido —unas pensiones que jamás, bajo ninguna circunstancia, van a perder poder adquisitivo— es financieramente insostenible. De ahí que, en el futuro, los trabajadores en activo se verán mucho más maltratados desde un punto de vista fiscal (si consideramos que las cotizaciones empresariales son abonadas sobre todo por el trabajador) o, alternativamente, la contratación de trabajadores por parte de las empresas se encarecerá mucho más (si consideramos que las cotizaciones empresariales son soportadas sobre todo por la empresa). Sea como fuere, el panorama no es halagüeño para el trabajador (o menor salario o menor empleo del que disfrutarían si el Gobierno PSOE-Podemos no hubiese disparado el gasto futuro en pensiones).

Los ha habido que han tratado de instrumentalizar el informe de la OCDE para convencernos de que España no es un infierno fiscal para el trabajador: debe de ser que el sexto círculo del infierno no forma parte del propio infierno por el hecho de que exista un noveno círculo más abrasador.