La promesa electoral más irreal de Donald Trump

Durante la primera mitad del siglo XIX, los aranceles proporcionaban prácticamente el 100% de todos los ingresos fiscales del Gobierno federal estadounidense. Durante la segunda mitad del siglo XIX, ese porcentaje bajó de manera apreciable, pero se mantuvo entre el 50% y el 60% del total. Hoy, en cambio, los aranceles apenas nutren con el 2% de todos los recursos que afluyen al Gobierno federal. Al contrario, hoy la principal fuente de recaudación es el impuesto sobre la renta de las personas físicas (50% del total) y, posteriormente, las cotizaciones sociales (36%).

¿A qué se debió tamaña transición en la estructura fiscal del Gobierno federal estadounidense? Aunque podríamos suponer que la decreciente influencia de los ingresos arancelarios se debió a un progresivo abandono de la mentalidad proteccionista entre las élites políticas estadounidenses y su expansiva admonición del librecambismo, esta conclusión sería precipitadamente errónea. Y es que la época de mayor proteccionismo ideológico y deliberado dentro de la historia de EEUU fue la década de los 30 del siglo pasado, tras el famoso arancel Hawley-Smoot dirigido a aislar a la industria nacional de la competencia exterior durante la Gran Depresión: pero en la década de los 30, los ingresos arancelarios ya se habían hundido hasta el 15% del total. El economista Douglas Irwin, especialista en teoría e historia del comercio, distingue de hecho tres períodos en la historia arancelaria de EEUU en función de sus objetivos principales: Revenue (objetivo recaudatorio: desde 1790 a 1860), Restriction (objetivo proteccionismo: desde 1861 a 1933) y Reciprocity (objetivo equidad comercial entre países: a partir de 1934).

Por tanto, no: si EEUU fue abandonando progresivamente su dependencia de los ingresos arancelarios fue porque el tamaño del Estado se disparó y, en consecuencia, la capacidad de esos ingresos arancelarios para cubrir porciones significativas del gasto público federal. Así, los ingresos por aranceles oscilaron entre el 1% y el 2,5% del PIB hasta la Primera Guerra Mundial, cayeron al 0,6% del PIB durante los años 30 y apenas han representado el 0,2%-0,3% del PIB desde la Segunda Guerra Mundial. En paralelo, el gasto público federal apenas representaba el 2-3% del PIB estadounidense hasta la Primera Guerra Mundial; durante la Gran Depresión se fue incrementando hasta el 10% del PIB; y actualmente ya supera el 20%.

Dicho de otro modo, los aranceles dejaron de ser la principal fuente de ingresos del Fisco estadounidense cuando este necesitó muchos más ingresos (para sufragar un sector público en continuo crecimiento) de los que los propios aranceles podían proporcionarle. Llegamos así, pues, al problema fundamental de la última idea estrella que se ha deslizado a los medios de comunicación desde el entorno de Donald Trump y que ingenuamente ha hecho las delicias de muchos liberales: eliminar el IRPF federal en EEUU y reemplazarlo por aranceles.

De seguir adelante con este plan, solo lograría disparar el déficit como nunca antes en la historia del país

Trump sugiere que sería positivo que EEUU regresara al sistema tributario del siglo XIX, aumentando lo suficiente los aranceles (que a su juicio no soportan los consumidores nacionales) para eliminar por entero el tramo federal del IRPF. Echemos algunas cuentas para comprobar cuán realista (o no) resulta este plan.

La recaudación federal por IRPF de EEUU en 2023 fue de 2,1 billones de dólares, de manera que, para abolirlo, habría que recaudar una cifra similar mediante aranceles. En 2023, el valor de todos los bienes importados por EEUU fue de 3,17 billones de dólares, de modo que, aplicando una pueril proporcionalidad recaudatoria, sería necesario que el arancel promedio del 66% sobre el valor total de las mercancías importadas. En tal caso, nos hallaríamos ante el mayor arancel promedio de la historia del país, pues ni siquiera en los momentos de mayor agresividad arancelaria de la historia del país (la primera mitad del siglo XIX) se llegó a superar un arancel promedio del 60%.

Pero es que, además, una presión arancelaria tan sobresaliente llevaría a una más que evidente sustitución de importaciones: la demanda de mercancías foráneas caería y el consumo de productos interiores se incrementaría. Y, en ese caso, la recaudación arancelaria no llegaría a la cifra requerida. De hecho, se hace complicado imaginar que haya algún tipo arancelario que, sobre un consumo agregado de 3,17 billones de dólares, sea capaz de arrojar unos ingresos fiscales de 2,1 billones. Resulta bastante llamativo cómo los trumpistas parecen tener siempre muy presente la Curva de Laffer (recordemos que el propio Trump premió a Laffer con la Medalla de la Libertad)… salvo cuando son ellos los que propugnan subidas impositivas que a todas luces se ubicarían a la derecha de la curva.

Opinión

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Al final, si Trump quisiera de verdad volver al modelo fiscal del siglo XIX (ausencia de impuesto sobre la renta e ingresos fiscales procedentes mayoritariamente de los aranceles), debería regresar al modelo de Estado del siglo XIX: un Estado diminuto apenas ocupado de proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos así como de, en el marginal, fomentar la provisión de algunos bienes públicos. Si redujera el tamaño de la administración federal a la mitad o a un tercio de su tamaño actual, entonces tal vez su plan podría funcionar y podría contar con el respaldo legítimo de muchos liberales y libertarios (pues, a pesar de la brutal e injustificada invectiva contra la globalización, al menos adelgazaría de un modo intensísimo el tamaño del Estado).

Pero Trump no ambiciona a ejecutar recortes tan profundos del gasto público: ni lo hizo durante su primera presidencia ni ha proyectado ajustes durante esta campaña electoral que se acerquen remotamente a ese objetivo. De ahí que, de seguir adelante con este plan, solo lograría disparar el déficit como nunca antes en la historia del país (con la posible excepción del período Covid). Por consiguiente, estamos tan solo ante una nueva farsa de promesa electoral (o de amago de promesa electoral): algo que tanto él como sus simpatizantes saben que no hará, pero sobre lo que todos disfrutan hablando y autoengañándose.