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Para los agricultores, normas; para el Gobierno y sus socios, el dinero
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Milagros Marcos Ortega

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Para los agricultores, normas; para el Gobierno y sus socios, el dinero

Los consensos que consiguió el Partido Popular sobre la primera ley de la cadena en 2013 han sido sustituidos por una norma impuesta y solo apoyada por los partidos del Gobierno

Foto: Foto: Reuters/Vincent West.
Foto: Reuters/Vincent West.

Que el sector agrario no es una prioridad para el Gobierno de España es una obviedad. Dos años desacreditando su labor con las nefastas campañas contra la carne, contra el azúcar, contra la ganadería, contra el vino, contra la dieta mediterránea; una penosa negociación de la PAC y una ridícula aportación del 0,75% del total de los nuevos fondos europeos al ministerio que les debe representar lo dejan bastante claro.

Todos recordamos que los agricultores y ganaderos estaban en la calle con los tractores cuando empezó la pandemia. En ese momento, lo dieron todo sin recibir nada, absolutamente nada más que desprecio y ninguneo del Gobierno. La gente sí reconoció su esfuerzo para que todos pudiéramos comer, pero eso no se tradujo en apoyo de quienes tenían y tienen la responsabilidad de ayudar a un sector absolutamente estratégico para la economía nacional: el 11% de nuestra economía depende del sector agroalimentario.

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En ese momento, hace ya más de año y medio, el Gobierno decidió no escuchar las propuestas del propio sector, ni aplicar las soluciones que le planteábamos desde el Partido Popular para bajar los costes de producción, a través de una adecuada política energética, reduciendo 'imputs' o mejorando rendimientos con inversiones en regadíos para aumentar la rentabilidad por hectárea ahorrando agua. La solución, según el propio ministro, estaba en modificar la llamada ley de la cadena alimentaria y exigir a quien compre productos españoles que pague los costes de producción, sean los que sean, sin ninguna pauta ni criterio razonable para evitar, por ejemplo, que los pequeños productores, a los que les cuesta más producir, tuvieran que cerrar como consecuencia de esta nefasta ley, o que sea más ventajoso comprar en Portugal que en España.

Los problemas se veían venir. Alertamos de sus consecuencias; escuchando a unos y otros, propusimos soluciones a las que el Gobierno hizo oídos sordos. Poco después, tristemente, los peores pronósticos se cumplieron, empezaron los problemas, comenzaron a crecer las importaciones y hasta el propio Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, al que se supone la defensa de nuestro sector, adjudicó la compra de la leche que hace anualmente a través del FEGA para los centros de personas vulnerables a Portugal, porque en ese país cuesta menos producir y la leche es más barata. No porque nuestros ganaderos sean menos eficientes, sino porque les cuesta mucho más producir. En España, el 60% de los costes de producción son costes energéticos y la energía ha subido un 270%, el pienso ha subido un 70%, los fitosanitarios un 300%, el gasóleo agrícola pierde los apoyos, suben los impuestos exponencialmente y, encima, ponemos todas las trabas posibles a quienes hasta hoy eran nuestros compradores. Con estas políticas, ni hay ni habrá ley que los pueda proteger por eficientes que sean.

El 60% de los costes de producción son costes energéticos y la energía ha subido un 270%, el pienso un 70%, los fitosanitarios un 300%...

La situación, ya por sí, insostenible ha provocado un problema mayor, si cabe: se ha roto el delicado equilibrio de la cadena que tanto había costado mantener, hasta el punto de que las relaciones entre sus miembros se han visto tremendamente afectadas con el riesgo que esto conlleva. Los consensos que consiguió el Partido Popular sobre la primera ley de la cadena en 2013 han sido sustituidos por una norma impuesta y solo apoyada por los partidos del Gobierno.

La estabilidad en las relaciones comerciales, los acuerdos que permitieron al sector crecer como ninguno, incluso en plena crisis económica con esa norma pionera en su momento, han dado paso a un modelo de ley populista y controladora, que basa el equilibrio en más gasto público para aumentar inspecciones y sanciones. Una ley que deja fuera de los mercados a nuestros productores si no reducen los costes de producción, que abre la puerta a las importaciones, perjudica las exportaciones y se olvida de los pequeños. Estamos poniendo la alfombra roja a los productores de aceite de Túnez, a los de frutas y hortalizas de Marruecos o Egipto, por poner ejemplos reales. De hecho, ya son estos países quienes más naranjas envían al resto de Europa y no el levante español. ¿Si el propio Gobierno compra la leche en Portugal porque es más barata, qué argumentos tiene para decir que, cueste lo que cueste producir en España, alguien lo va a pagar?

Foto: El líder del PP, Pablo Casado. (EFE/Fernando Alvarado)

Resulta insultante que, por segunda vez, el ministro pretenda engañar a todos con la misma farsa. Hace una semana, se reunió con el maltrecho sector y les ha vuelto a decir, otra vez, que para resolver sus problemas la solución está en otra modificación más de la ley de la cadena alimentaria. Les pretende hacer creer que esta vez seguro que se van a comprar los productos españoles, aunque cuesten el triple, por ejemplo, que si se compran en Francia, donde la energía es casi gratis. No se sostiene, por mucho que lo diga el señor ministro, cuando es el Gobierno quien ha decidido en España un modelo energético imposible, o subir 8000 M € los impuestos verdes "porque es progre" y le permite, ya de paso, recaudar más para mantener a sus 23 ministerios y miles de asesores, pero no para asegurar la subsistencia del sector agrario, a pesar de haber sido el propio Gobierno quien ha generado los problemas con sus políticas erróneas.

Nadie me va a convencer de que la solución esté en complicar procedimientos y tener más normas o poner en España sanciones infinitamente más gravosas que en el resto de países, porque esto lo único que conseguirá será desincentivar aún más la compra de productos españoles.

Nadie me va a convencer de que es más importante financiar Netflix para que se pueda escuchar en catalán que asegurar la supervivencia del campo y de nuestro medio rural, donde por cierto no llega ni internet.

Si después de lo que están pasando nuestros agricultores y ganaderos, el Gobierno, instalado en su ideología populista, sigue sin dar una solución real, adecuada y justa, este país tiene un problema serio, porque ya no aguantan más.

Los agricultores y ganaderos esta vez han dicho basta ya. Intentan sobrevivir a un desalmado Gobierno que solo piensa en mantenerse en el poder. Son conscientes de la farsa con la que los intentan engañar de nuevo, por eso han anunciado movilizaciones en toda España y han vuelto a salir a la calle a pedir ayuda. Luchan por su pan, que es el nuestro. El Partido Popular estará a su lado, es justo que no les dejemos solos.

Que el sector agrario no es una prioridad para el Gobierno de España es una obviedad. Dos años desacreditando su labor con las nefastas campañas contra la carne, contra el azúcar, contra la ganadería, contra el vino, contra la dieta mediterránea; una penosa negociación de la PAC y una ridícula aportación del 0,75% del total de los nuevos fondos europeos al ministerio que les debe representar lo dejan bastante claro.

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