¿Por qué es exigible la dimisión de Armengol?

Mientras continúa el goteo de detalles nuevos, cada vez más sórdidos, Gobierno y PSOE afrontan el caso Koldo con una abochornante pobreza argumental. Ruidosas frases enlatadas e inservibles para conocer la verdad: “Caiga quien caiga”, “Nos repugna la corrupción”, “No admitimos lecciones del PP”, “No todos los políticos somos iguales”, etc. Pero, sobre el pandillaje político y el desbarajuste administrativo del caso, todo es silencio y achique de espacios.

Con el mismo silencio del presidente del Gobierno a la pregunta de Feijóo, “¿Usted lo sabía?”, respondió ayer la presidenta del Congreso a las preguntas de los periodistas: “¿Quién trató con el Ministerio de Transportes para acceder a las mascarillas?”, “¿Por qué aceptó lo que otras comunidades socialistas rechazaron?”, “¿Quién recomendó comprarlas precisamente a esa empresa?” (Soluciones de Gestión, de la que Koldo García era “conseguidor” “por sus relaciones con las autoridades”).

Armengol derivó las preguntas hacia el IB-Salut (Instituto de Salud de las Islas Baleares). Como si el carácter “técnico” de ese organismo fuera ajeno a la estructura política y administrativa que ella gobernaba. Y en la poco convincente explicación de la hoy presidenta del Congreso, también nos quedamos sin saber por qué la reclamación del dinero abonado a la empresa vendedora de las mascarillas “defectuosas” se hizo cuando habían caducado tres años después (marzo 2023) de haberlo dado por bueno (12 agosto 2020), y dos meses después de haberlo retirado de los centros sanitarios (8 junio 2020).

Armengol se lava las manos al igual que el presidente (¿existe Sánchez en el culebrón político-mediático-judicial que afecta a personas de su máxima confianza?), respecto a las irregularidades detectadas policial y judicialmente en centros de decisión de una misma estructura de poder.

En un organigrama común estaban los tres primeros actores políticos de este escandaloso caso de inmoralidad pública. Pedro Sánchez, al frente del Gobierno central; José Luis Ábalos, como todopoderoso ministro de Fomento (el poder inversor del Estado en sus manos) y la presidenta de Baleares, Francina Armengol. Ninguno de los tres está bajo sospecha a efectos judiciales. Pero solo uno en uno de ellos se ha sustanciado la reclamación de responsabilidades “políticas” (fallida exigencia de entregar su acta de diputado, suspensión de militancia y expediente de expulsión del PSOE).

Sin embargo, los otros dos (amén de Cerdán, Marlaska, Illa y Torres, dicho sea de paso) no están libres de pecado respecto a la ejemplaridad, la transparencia y la dedicación exigibles a un cargo público, lo cual incluye asumir la responsabilidad de lo que hacen también sus subordinados. ¿O es que el destituido secretario general de Puertos del Estado, Sánchez Manzanares, tramitaba la compra de mascarillas a la trama de Koldo García (20 millones de euros) a espaldas de su ministro?

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La dimisión de la presidenta del Congreso es exigible porque carga con el verificado incumplimiento de sus deberes como servidora del Estado (in vigilando, vale). Al margen de que merezca o no merezca el reproche penal. Eso es cosa de los jueces y aquí, de momento al menos, solo hablamos de responsabilidad política por negligencia, si no complicidad, en el desempeño del cargo como presidenta de Baleares.

Lo cual no supone difamarla como persona. Más bien se trata de preservar la dignidad del cargo e impedir que la tercera autoridad del Estado aparezca mezclada por activa o por pasiva en un escándalo de corrupción. Se trata, en fin, de frenar el aflojamiento de las conciencias que acaba por acostumbrarse al despilfarro y la defraudación del dinero público, hasta el punto de normalizar la sensación de que, como decía Lucas Mallada a finales del siglo XIX ( Los males de la patria), “la mitad de los españoles que goza y campa por sus respetos vive a expensas de la otra mitad que sufre, paga y trabaja”.