¿Ha actuado el fiscal general fuera de la ley?

De todos los supuestos delictivos endosables indiciariamente a personas cercanas al presidente del Gobierno, los que afectan al fiscal general del Estado son de mayor cuantía. Ocurre cuando la arquitectura moral que se resiente no es la del individuo, sino la de las instituciones. Mucho más grave que desbordar las atávicas tentaciones personales a caer en el bando del mal, por codicia, venganza, celos, etc. Esto es otra cosa.

La supuesta participación de García Ortiz en una operación para tumbar políticamente a la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, por medios presuntamente ilegales (aunque fueran legales) es muy perturbadora. Y el hecho de ser una tesis aireada por el PP con la misma convicción que ha sido rechazada por el presidente del Gobierno (Sánchez pone la mano en el fuego y une su suerte a la del fiscal) no nos saca de dudas.

Estamos hablando de la institución llamada a promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad. Pero aquí y ahora aparece cuestionada por falta de cooperación con la Justicia, que a su vez es la institución llamada a perseguir los incumplimientos, así como la detección y castigo de comportamientos delictivos.

Por ejemplo, el de revelación de secretos, que consiste en airear datos privados sin autorización, lo cual está castigado con pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial a "la autoridad o cargo público que revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su cargo" (artículo 417 del Código Penal).

No imagino a García Ortiz y al juez en bandos contrarios, como tampoco imagino al padre Ángel castigando a un indigente sin cenar

Además de averiguar quién, cómo y cuándo unos datos protegidos se convirtieron en una nota de prensa —dizque para desmentir un bulo—, las nuevas diligencias dictadas por el juez, Ángel Hurtado, que instruye la causa abierta en el Tribunal Supremo parecen orientadas a saber si, en relación con el mencionado supuesto delictivo, el borrado de ciertos mensajes en el teléfono móvil de García Ortiz fue o no fue inocente (¿cambio de móvil?, ¿aligerar el sobrepeso del dispositivo?, ¿protocolizados motivos de seguridad?).

También es chocante (¿?) que los mensajes eliminados llevaran fechas coincidentes con la mencionada utilización pública de datos confidenciales de un presunto defraudador fiscal: el novio de Díaz Ayuso, mire usted por dónde. Por eso, el juez ha citado para el próximo 16 de enero a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid y al fiscal de delitos económicos, así como a los responsables de comunicación de la Fiscalía.

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Para la marcha de la investigación sería revelador el hecho de que en los móviles de los convocados apareciese el mismo vacío de mensajes en las fechas de la filtración de datos protegidos: los de la comunicación del fiscal de delitos económicos con el abogado del contribuyente, Alberto González Amador.

Si se confirmase finalmente que hubo borrado de mensajes al objeto de eliminar pruebas en un procedimiento seguido por presunta revelación de secretos, estaríamos ante una nueva figura penal de específica aplicación a la autoridad o funcionario público que "a sabiendas sustrajere, destruyese, utilizare u ocultare, total o parcialmente documentos cuya custodia le está encomendada por razón de su cargo" (artículo 413 del Código Penal).

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¿Un fiscal general del Estado que borra mensajes a sabiendas de su valor probatorio en un proceso judicial? ¿Un fiscal general que no hace sus deberes institucionales de cooperación con la justicia?

Los supuestos me parecen alarmantes. Son tan desasosegantes que, para dormir tranquilo, quiero y espero que García Ortiz y el juez caigan del mismo bando: el servicio a la ley y la defensa de la dignidad de las instituciones que representan. No los imagino en bandos contrarios, como tampoco imagino al padre Ángel castigando sin cenar a un indigente.