La explotación de los recursos naturales en el espacio ultraterrestre

La exploración y explotación de los recursos naturales en el espacio ultraterrestre es un tema de gran actualidad que supone un reto para los científicos, los técnicos y los juristas.

Teniendo en cuenta que de acuerdo con los cinco tratados de las Naciones Unidas que regulan las actividades en el espacio, en el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes de 1967 (conocido como la Carta Magna del Espacio), se establece, en su artículo primero, que tales actividades deberán realizarse en provecho de toda la humanidad. Se indica, también, en su artículo segundo, que el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes no podrán ser objeto de apropiación nacional.

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En este contexto, llama la atención la aparición de numerosas empresas privadas que han visto la posibilidad de explotar los recursos existentes en el espacio, tanto en la Luna como en los numerosos asteroides, puesto que contienen una inmensa riqueza en oro, platino, hierro, níquel, titanio, antimonio, zinc, estaño, plomo, cobre y sobre todo agua. A ello, se ha sumado la aprobación de leyes nacionales que han apoyado a sus empresas nacionales a llevar a cabo dicha explotación tales como el de la Space Commercial Launch Competitiveness Act adoptada por los Estados Unidos en 2015 y la subsecuente ley luxemburguesa de 2017.

Dadas las carencias y alteraciones, que, como consecuencia del cambio climático en nuestro planeta, van a repercutir en la escasez del agua, se está analizando la posibilidad de conseguir este precioso líquido en el polo norte de la Luna, donde se calcula que existe una enorme cantidad de agua congelada. En este sentido, la exploración y explotación de los recursos de los cuerpos celestes es una opción interesante para la humanidad, pero, siempre que tengamos en cuenta que tales explotaciones deberían realizarse en beneficio de todos y no de determinadas empresas particulares que, por su capacidad económica y tecnológica, puedan acceder los primeros a tales recursos.

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Resulta interesante recordar que, en el artículo 11 del acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes (Acuerdo de la Luna), se indica que “la Luna y sus recursos naturales con patrimonio común de la humanidad” y también, tener en cuenta que por esta razón este Acuerdo no ha sido ni firmado ni ratificado por los grandes Estados, lo que pone de manifiesto la tensión existente entre los intereses colectivos de la humanidad y los privados de Estados y empresas particulares.

Sin duda, ante estas circunstancias, los juristas tenemos que reflexionar y apuntalar los principios sobre los que deben realizarse las exploraciones y explotaciones en el espacio ultraterrestre con el fin de preservar su equilibrio ecológico y una explotación racional de sus recursos, sin olvidar que se trata de riquezas que han necesitado millones de años en formarse y que en un abrir y cerrar de ojos pueden desaparecer en beneficio de unos pocos.

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En octubre de 2020, se aprobaron los Acuerdos Artemis con el fin de impulsar el Programa Artemis de la NASA, que plantea la cooperación de varios países en la exploración de la Luna, Marte y cualquier otro cometa o asteroide del sistema solar. La doctrina jurídica no ve con claridad si estos Acuerdos van a cuestionar la llamada Carta Magna del Espacio de 1967, pero seguro van en contra del Acuerdo de la Luna y del concepto de patrimonio común de la humanidad.

Entiendo que los Acuerdos Artemis no son en rigor un tratado y, por tanto, no resultan jurídicamente vinculantes y no dejan de ser más que una declaración inter partes de carácter político, pero no jurídico. La cuestión es que la sombra de la NASA es muy alargada y ha seducido a numerosos Estados espaciales que se están adhiriendo a estos Acuerdos, lo que a mi entender resulta preocupante, pues la política no debería desplazar al derecho.

Es verdad que existen cinco tratados que regulan estos temas y que fueron aprobados en el seno de las Naciones Unidas, conocidos como el Corpus Iuris Spatialis, pero, también es verdad, que fueron redactados durante la década de los años setenta cuando comenzaba la carrera espacial y que los avances tecnológicos han generado un cierto desface.

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Esto implica la necesidad de reflexionar y regular jurídicamente lo que está ocurriendo en relación con los recursos naturales y las apetencias de Estados y empresas particulares, pues ya hemos experimentado su avidez en los recursos de la Tierra y ahora, se mira al espacio con la misma o mayor ambición. No me opongo en absoluto a la exploración y explotación del espacio, pero sugiero que debería realizarse teniendo en cuenta la sostenibilidad del medio ambiente espacial.

No deberíamos dejar que intereses particulares se impongan sobre los intereses generales de la comunidad internacional en su conjunto

Cabe que nos preguntemos de qué medios disponemos y la respuesta es tan sencilla como recordar que la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de las Naciones Unidas (Uncopuos), con sede en Viena, es el órgano idóneo para que en su seno se puedan analizar estas cuestiones y desarrollar las medidas técnicas (en la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos) y su regulación jurídica (en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos).

Nos encontramos ante un reto importante y no deberíamos dejar que los intereses particulares se impongan sobre los intereses generales de la comunidad internacional en su conjunto. Si no levantamos la voz, puede que lleguemos tarde y seguro nos arrepentiremos.

*Juan Manuel de Faramiñán Gilbert. Catedrático (emeritus professor) de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén. Árbitro internacional en temas de espacio ultraterrestre de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (Países Bajos). Consejero académico de la Fundación para la Investigación del Derecho y la Empresa (Fide).