Antonio Catalán: "Lo mejor para esta legislatura es que acabe cuanto antes"

La frase del presidente de AC Hoteles provocó que el auditorio se removiera en sus asientos: a los empresarios no les llega la camisa al cuello de pensar que Iglesias pueda entrar en el Gobierno

Foto: El presidente de AC Hotels by Marriott, Antonio Catalán. (EFE)
El presidente de AC Hotels by Marriott, Antonio Catalán. (EFE)
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Le salió del alma. Un obús de sinceridad.

—¿Qué le pediría al nuevo Gobierno que parece va a salir de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos?

—Que, por favor, se acabe la legislatura cuanto antes.

Lo dijo Antonio Catalán el pasado viernes, en Palencia, en la Primera Feria Nacional de Emprendedores organizado por la exportavoz de la Junta y ahora diputada nacional, Milagros Marcos. Le acompañaba el presidente de Ifema, Clemente González Soler.

El comentario del presidente de AC Hoteles provocó que el auditorio se removiera en sus asientos. Primero, porque al mundo de la empresa no le llega la camisa al cuello de pensar que Pablo Iglesias se pueda sentar en el Consejo de Ministros y ocupar una cartera como la de Trabajo. Casi preferirían seguir bloqueados y con los Presupuestos de Montoro. Y segundo, porque Catalán, que ha sorteado unas cuantas crisis y ha levantado dos imperios hoteleros, NH y AC, presume de ser íntimo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Cosas veredes.

Como dicen por aquellas tierras: amigos, amigos, pero el burro por la linde. Una cosa es que uno tenga una franca afinidad con el expresidente del Gobierno, quien siempre ha dejado constancia de su predisposición a encamarse con los morados, y otra muy distinta es dejar las puertas de casa abiertas para que le roben la cartera a uno. Con las cosas del comer no se juega, y menos cuando la economía ha entrado en tendencia de desaceleración.

Los señores del ladrillo alertan de la ‘barcelonización’ de Madrid con la llegada de Podemos al Gobierno central

Hay tembleque con solo repasar las demandas laborales de Unidas Podemos, tales que salario mínimo interprofesional de 1.200 euros al mes, reducción de la jornada a 34 horas semanales y la derogación de la reforma laboral de Fátima Báñez. Porque si bien es cierto que Pablo Iglesias ya ha avisado a los suyos de que habrá que abandonar algunas de estas posiciones maximalistas y renunciar a ministerios que antes les producían sueños cuasi húmedos, en el Ibex, el malvado Ibex, no terminan de fiarse.

No lo hace la banca, cansada de escuchar, ‘urbi et orbi’, los sermones de Iglesias en las televisiones: “Los bancos tienen que pagar, tienen que devolver mediante recargo los 60.000 millones de euros que los ciudadanos les prestaron”.

No lo hacen las energéticas, escamadas por la presencia de Juan Antonio ‘Juantxo’ López Uralde en la bancada morada del Congreso, un activista y político ecologista que adquirió notoriedad pública en diciembre de 2009 cuando fue detenido en la Cumbre Climática de Copenhague tras colarse con esmoquin en la recepción oficial.

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. (EFE / Emilio Naranjo)
El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. (EFE / Emilio Naranjo)

Y, sobre todo, no lo hacen los señores del ladrillo, alarmados de la 'barcelonización' de Madrid, esto es, de que Unidas Podemos traslade a la capital del Reino la política que han puesto en marcha Javier Burón y Lucía Martín en Barcelona, convirtiéndola en campo de batalla de okupas y antisistemas. Del magín de Colau han salido medidas tales como la obligación de destinar a viviendas de protección oficial un 30% de la obra nueva y grandes rehabilitaciones o la actitud de tolerancia —e incluso connivencia— con la okupación de inmuebles.

Con la misma vehemencia que defienden a los okupas demonizan a esos inversores inmobiliarios que se camuflan entre fondos buitre, socimis y especuladores varios, como si ellos, y solo ellos, fueran los culpables de la hipotética burbuja de precios y la escasez de oferta. De ahí que no se cansen de repetir que quieren ponerles un ronzal con medidas encaminadas a intervenir el mercado de la vivienda, principalmente con el control de los precios del alquiler en las zonas más tensionadas.

Los controles de precios son, según Fedea, un “mecanismo de redistribución de la renta sumamente inequitativo” y “bastante tosco”

La realidad, sin embargo, es de un color muy distinto al que exhiben los morados. Los propietarios de los pisos de alquiler no son mefistofélicos fondos buitre. Más bien al contrario: el 96% de las viviendas en alquiler está en manos de particulares y solo el 4% restante se encuentra en manos de inversores profesionales o empresas públicas. O lo que es lo mismo: cuatro millones de familias ahorradoras tienen en el alquiler residencial una fuente de ingresos que sirve de complemento a salarios y pensiones.

Tampoco el control de precios parece ser la panacea. Un reciente informe de Fedea sobre ‘Vivienda y política pública: objetivos e instrumentos’, del profesor Miguel Ángel López García, de la Universidad Autónoma de Barcelona, pone negro sobre blanco los efectos negativos de los controles de precios en el mercado del alquiler residencial. A saber:

1.- Reducción en el gasto de mantenimiento de las viviendas.

2.- Reducción de la inversión en vivienda para destinar posteriormente al alquiler.

3.- Asignación inadecuada entre las personas a alojar y los propios alojamientos: por ejemplo, parejas jubiladas que ocupen pisos sobredimensionados.

4.- Los controles de precios son, según el estudio, un “mecanismo de redistribución de la renta sumamente inequitativo” y “bastante tosco”.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE)
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE)

Una línea argumental similar a la seguida por 'The Economist' en un artículo publicado en septiembre de este año, en que se calificaban los controles de renta como una medida bienintencionada que, sin embargo, acaba teniendo efectos negativos. Para ello, ponía el ejemplo de San Francisco, una ciudad gobernada por el Partido Demócrata durante más de medio siglo y que lleva estableciendo límites al precio de los alquileres desde 1979.

“La sobrerregulación de la construcción de viviendas en ciudades prósperas y sus alrededores es uno de los grandes fracasos de la política económica de los últimos tiempos […] En San Francisco, el alquiler es tan alto que un hogar con cuatro personas e ingresos de 129.000 dólares tiene la posibilidad de recibir ayudas económicas federales para costearse el alquiler”, dice la revista británica.

Mientras tanto, Unidas Podemos sigue desempeñando impecable su papel de bombero pirómano. Ya debería ser sabido que la intervención pública en exceso no ayuda al mercado sino que lo dinamita. Si no, que se lo pregunten a los barceloneses.

Caza Mayor
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