Más allá del umbral del dolor

En 1936, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tumbó por inconstitucionales varias leyes del New Deal de Roosevelt. Un año después, al poco de asumir su segundo mandato, el presidente norteamericano presentó una propuesta consistente en ampliar el tamaño del Supremo para introducir magistrados de su cuerda que dieran cobertura legal a sus planes, lo que hubiera supuesto la invasión, por parte del poder político, de una institución clave para el buen funcionamiento de la democracia. Por fortuna, la propuesta judicial no prosperó. No lo hizo gracias a la oposición de los jueces, la prensa, el Partido Republicano e incluso algunos demócratas compañeros del propio Roosevelt.

La reacción en España respecto a la última maniobra de la Moncloa, dirigida a acelerar el vuelco progresista en el Tribunal Constitucional y situar a Cándido Conde-Pumpido en la presidencia, difícilmente tendrá un efecto similar. No podemos hablar de omertá, pues se comenta y escribe mucho del asunto —incluso algunas formaciones, un tanto desnortadas, piden una moción de censura y hasta elecciones inmediatas—, pero sí de indolencia e incluso de sumisión de la razón.

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El umbral del dolor de los españoles ha alcanzado cotas insospechadas. Pasar un mechero bajo la palma y ni siquiera inmutarse. Ni con los indultos, ni la supresión de la sedición, ni la rebaja por malversación, ni la invasión de las instituciones, ni el intervencionismo en las empresas privadas, ni los cameos con Bildu.

Los barones socialistas se quejan, pero luego se ponen a hacer cábalas con las últimas encuestas y rezan a la Virgen María Auxiliadora para que los votantes, gracias al arte de birlibirloque de Pedro Sánchez, que le sirve para ocultar un escándalo con otro nuevo, se olviden para mayo de los desaguisados legislativos de este final de 2022. Mientras tanto, como el argumentario funciona y hay satélites para difundir la buena nueva gubernamental, en la Moncloa siguen probando la capacidad de resistencia (o deglución) de los ciudadanos, igual que si fuésemos maniquíes en una prueba de impacto para coches.

La Moncloa sigue probando la capacidad de resistencia ciudadana, como si fuésemos maniquíes en una prueba de impacto

Los autoritarios cuentan con la complicidad de entornos que saben utilizar el sofisticado lenguaje jurídico para argumentar, como es el caso, que desvirtuar la Carta Magna o violentar la ley es lo correcto cuando no queda otro remedio, que aquí la culpa es del PP, que no les ha dejado más opción tras cuatro años de parálisis por su negativa a renovar el CGPJ. Todo ello, a pesar de lo cuestionable de las enmiendas y de su probable inconstitucionalidad en algunos casos. Ya se encargarán los exégetas gubernamentales de revestirlo con emperifolladas explicaciones técnicas que camuflen la realidad, explicaciones que, al fin y a la postre, se resumen en el principio maquiavélico de que el fin justifica los medios.

La ciudadanía siempre tarda en darse cuenta de que la democracia está siendo desmantelada, y cuando se presta a reaccionar, es demasiado tarde. En los estudios cualitativos que las distintas formaciones están realizando para calibrar las principales inquietudes de los ciudadanos de cara a los comicios autonómicos y municipales, el asalto a la Justicia ni siquiera aparece mencionado. Tampoco la supresión del delito de sedición. Mucho menos los indultos. El reconocimiento expreso de Bildu como socio de gobierno apenas merece una anotación a pie de página. Las prioridades de los ciudadanos son otras: las pensiones, la Sanidad, los impuestos. Lo del CGPJ y el Constitucional les pilla lejano, pese a la gravedad de los hechos, como de otra galaxia.

"La ciudadanía siempre tarda en darse cuenta de que la democracia está siendo desmantelada, y cuando se presta a reaccionar, es tarde"

Igual que algunos juristas consideran que la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación suponen una amnistía encubierta —la Carta Magna no admite los indultos generales— para los protagonistas del procés, al extinguirse todo tipo responsabilidad criminal, otros expertos aseguran que las reformas de las leyes orgánicas del Poder Judicial y el TC, recogidas en las enmiendas, conllevan una reforma velada de la Constitución. O lo que es lo mismo: un proceso constituyente por la puerta de atrás, subvirtiendo los procedimientos de renovación de los órganos institucionales.

Lo que está ocurriendo en la actualidad no puede salir gratis. Tendrá consecuencias. Resulta sencillo e incluso eficaz, visto lo visto, acusar a quienes realizan estas advertencias de reaccionarios y cuasi herederos del franquismo, profetas de un fatalismo que pretende ignorar los cambios sociopolíticos que se están produciendo en este siglo XXI y que nos conducen hacia una nueva era. Como si este pretexto, aun siendo cierto, fuera razón suficiente para ocupar las instituciones, implosionar el Estado de derecho y acabar con la seguridad jurídica, columnas vertebrales de nuestro sistema de gobierno.

Opinión

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El desmantelamiento de la democracia empieza cuando se pierde el respeto a la separación de poderes y a la prensa independiente y cuando, como advertía el sociólogo Juan José Linz, "un partido básicamente orientado al mantenimiento del sistema muestra más empatía con los extremistas que están a su lado en el espectro político que con los partidos moderados del sistema al otro lado del extremo".

Resulta legítimo preguntarse por qué el PSOE amenaza con expulsar del partido a políticos que tanto lucharon contra ETA, mientras pacta con Bildu y le otorga un papel preeminente como socio parlamentario, o cómo es posible que todos los condenados por los graves acontecimientos del 1-O se encuentren en la calle, al tiempo que se amenaza con responsabilidades penales a los representantes de la Justicia que los condenaron.

Los partidos podrán tramitar y sacar adelante las normas que consideren oportunas. Faltaría más. Empero, esto no es óbice para cuestionar dichas leyes, por buscar más el interés particular que el general, ir en contra del espíritu de la Constitución o incluso de la Constitución misma, y tratar de socavar la separación de poderes, en especial el poder judicial. No olvidemos que Sánchez, un relativista radical, llegó al Gobierno gracias a una sentencia judicial, la de la Gürtel. Esas lecciones son de las que nunca se olvidan.