Milton Friedman ha muerto: ¡expropiemos Inditex!

Supongo que después del Aló presidente de este fin de semana, en el que Sánchez exigió a la patronal sentarse con los sindicatos para repartir los beneficios de las grandes empresas, serán legión las compañías que habrán llamado a las puertas de Ferrovial para ver cómo se hace eso de mudarse a los Países Bajos. El verbo utilizado por el actual inquilino de la Moncloa —"exigimos"― resulta ilustrativo de la deriva autoritaria del presidente, tal y como ya comentamos, y sirve para dar color a una estrategia consistente en culpar al mundo del dinero y a las políticas "neoliberales y de recortes" del Gobierno de Mariano Rajoy de los males que aquejan al país en la actualidad.

El discurso de Sánchez adolece de dos problemas: uno, que toca de oídas; dos, que nadie le cree. Les recomiendo que repasen el demoledor artículo "Presidente, algo no funciona", de Jordi Sevilla, nada sospechoso de ultraliberal, en el que lo acusaba de aprobar medidas que no eran sino parches con el único objeto de ganar la batalla del relato. La Moncloa ha leído en algún sitio que el dogma de la primacía del accionista ha pasado a mejor vida y que hay que poner al mismo nivel a los accionistas, empleados, clientes y proveedores, así como al medio ambiente y resto de la sociedad, y ni corta ni perezosa ha cogido de la pechera a la patronal y le ha dicho que eso de ganar tanto está mal, que hay que repartir.

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Que Milton Friedman y su afamado artículo "The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits" hayan muerto no significa que haya que esquilmar a la banca, intervenir las eléctricas, presionar a las distribuidoras, señalar a empresas de servicios como Ferrovial y ―a este paso― expropiar Inditex. Se equivoca Sánchez si piensa que el fracaso del neoliberalismo le da patente de corso para acabar con el libre mercado. El presidente español debería tomar nota de las recetas de Biden en Estados Unidos, tal y como ponía negro sobre blanco Esteban Hernández, y aparcar la demagogia y el populismo de sus socios de coalición para afrontar este nuevo capitalismo.

Si de verdad querían poner en marcha una revolución, más que asustar a las empresas y dinamitar la seguridad jurídica, lo que deberían haber hecho es coger el toro de las pensiones por los cuernos, pues el acuerdo anunciado recientemente peca de reaccionario y sitúa al país en un callejón sin salida. No solo rubrica la indexación al IPC, con el objeto de mantener cautivo el voto de los mayores, cada vez más numeroso por mor del envejecimiento demográfico, sino que sitúa todo el esfuerzo impositivo en los salarios con el fin de cuadrar las cuentas y recibir el nihil obstat de Bruselas.

"Se equivoca Sánchez si piensa que el fracaso del neoliberalismo le da patente de corso para acabar con el libre mercado"

Añadir nuevos impuestos al empleo en un país que lidera el ranking de paro de Europa es lo mismo que mentar la soga en la casa del ahorcado. También supone privilegiar a nuestros mayores y condenar a nuestros jóvenes, un auténtico drama para una España que sigue sin encontrar su sitio en el mundo. Lo decía Sevilla en el artículo antes citado: "Hay colectivos, como los jóvenes, que todavía no se han recuperado de la Gran Recesión de 2010-2013. Estamos construyendo una España a dos velocidades sociales. La subida lineal de las pensiones con el IPC no solo agrava los problemas financieros de la Seguridad Social, sino que aumenta la brecha social entre jóvenes y mayores".

Muy pocos pueden negar que los intentos de solucionar las pensiones se acometen siempre —y de este razonamiento no escapa ningún partido― desde una perspectiva demoscópica más que de país. Cuando hay que recortar, se pasa la tijera por la partida de educación y se suben las pensiones. "La lógica de esta ilógica es sencilla: centrarse en el número de votos. Los niños en el sistema educativo no votan, y los universitarios son una fracción de los pensionistas", escribe el economista Ignacio de la Torre.

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El acuerdo sobre pensiones no es una revolución, como nos quieren hacer ver desde el Gobierno, sino una forma de mantenerse en el poder, escudándose en que hoy puedo decir una cosa y mañana, la contraria, sin que me tiemblen las canillas. Al hilo del affaire Ferrovial y de esta contradicción en la que se mueve el Ejecutivo, un lector escribió preguntándome por qué nadie le había recordado a Nadia Calviño que el primero en hacer una deslocalización para saltarse de manera torticera la ley de televisiones había sido su padre, José María Calviño, con Canal 10. Acuérdense: Canal 10​ fue el primer canal de televisión privado en España. Emitía sin anuncios. Lo hacía desde Londres.

Stricto sensu, lo de Canal 10 fue peor que lo de Ferrovial. A fin de cuentas, el grupo de los Del Pino tiene el 90% del negocio en el extranjero y la meta de su traslado es puramente empresarial. A saber: sortear los riesgos políticos, cotizar a futuro en Nueva York y mejorar su valoración en bolsa. Hay razones objetivas, que uno puede compartir o no, para irse de España. Canal 10, en cambio, se aprovechaba de un vacío legal para emitir. Pero ya saben cuál es la doctrina Sánchez: estos son mis principios y si no le gustan, aquí tengo otros.