Adiós al 'procés': bienvenidos al infierno fiscal de Cataluña

"El único partido que ha mantenido una política coherente en esta cuestión es el PP, que en las comunidades donde gobierna, lideradas por Madrid, ha bonificado los impuestos de patrimonio y sucesiones y ha reducido la diferencia en el tipo de gravamen entre rentas de trabajo y rentas del capital. De hecho, en Madrid, Malena [personaje cuya principal fuente de ingresos son las rentas de capital y se beneficia de la fiscalidad de empresas familiares] pagaría más impuestos que Mauricio [un profesional que se nutre de las rentas de trabajo]. Unos 2.000 euros al año aproximadamente. ¿Hay alguien que pueda explicarme por qué el hecho de que, en Cataluña, Mauricio pague en impuestos, año tras año, 44.000 euros más que Malena nos hace más progresistas?", se preguntaba Jordi Galí en un artículo en Ara.

Galí impartió clases en la Universidad de Columbia y también en la Pompeu Fabra, obtuvo su doctorado en el MIT bajo la dirección de Olivier Blanchard y perteneció en su etapa de estudiante a la camarilla de Mas-Colell cuando este residía en los Estados Unidos y tener una beca de La Caixa y ser nacionalista sumaba puntos. "Si no cambia el régimen fiscal, pronto los únicos trabajadores cualificados con rentas altas que queden en Cataluña serán individuos que por circunstancias personales no tengan movilidad, crápulas sin ahorros para expropiar o directamente burros", concluía el economista.

Que Cataluña es un infierno fiscal no escapa a nadie. Que Madrid luce para algunos trazas de paraíso fiscal es otro hecho. Que Cataluña debería situarse a caballo entre el infierno y el paraíso, es decir, en una especie de purgatorio impositivo, para que su economía sea más competitiva es algo más que un desiderátum. Es una necesidad.

Esa es la diferencia cualitativa entre la Cataluña de 2025 y esa otra Cataluña que se camufló entre 2012 y 2022 con disfraces independentistas para ocultar prácticas corruptas y su mala gestión del día a día. Una vez que ha quedado al descubierto el trampantojo del procés y la República fake, y una vez que un constitucionalista como Salvador Illa ha llegado al poder, la burguesía catalana, economistas de ringorrango y clases profesionales, casi de forma natural, han bajado hasta el trastero para guardar las esteladas y, de la noche a la mañana, han empezado a tropezarse con un sinfín de males a los que no prestaban atención y que han lastrado un territorio clave para la economía nacional.

Opinión

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En el año 2023, Cataluña apenas aportaba el 18,81% al PIB de España, el dato más bajo desde 2012. El procés, el 1-O y la fuga de empresas tuvieron algo que ver con la tendencia declinante de este guarismo. El PIB per cápita de Cataluña creció un 18,7% del 2017 al 2023, el peor dato de todas las comunidades autónomas. El PIB per cápita de España subió un 23% en este mismo periodo, casi 4,5 puntos más que Cataluña.

Bajo la famosa teoría del decrecimiento, de la que fue adalid la hoy desaparecida Ada Colau, Cataluña se ha convertido en un infierno fiscal para empresas, inversores y ciudadanos, una comunidad donde se ha insultado hasta el escarnio al empresario, se han demonizado los beneficios, que son la inversión y el empleo del mañana, se han introducido rigideces laborales propias de los años ochenta, no de la era digital, y se ha regulado el comercio y la economía hasta el paroxismo.

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Como muestra, un botón: la ley que obliga a los promotores de Barcelona a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda social. No hace falta ser ningún oráculo de Delfos para saber lo que ha ocurrido desde que se aprobó la medida. Los promotores han puesto pies en polvorosa y las grúas han desaparecido del skyline de la capital. A nadie le gusta poner en marcha negocios para perder dinero.

Según datos recogidos por El Periódico, desde que se aprobó lo del 30% en diciembre de 2018 hasta agosto de 2024, solo habían salido 144 viviendas sociales acogidas a este régimen, de las que únicamente se han ejecutado 22. El fiasco es absoluto. Las fuerzas políticas son conscientes de que se equivocaron y quieren revertir la situación.

El problema en Cataluña es que no hay viviendas disponibles y sí mucha demanda, lo que encarece los precios y expulsa a los colectivos más vulnerables. En esta coyuntura, los propietarios tienen sartén por el mango y prefieren siempre a expatriados que trabajan en multinacionales que madres solteras con hijos. La vivienda en Cataluña ha dejado de ser un problema para convertirse en un drama. Hay escasez de suelo finalista, falta de mano de obra cualificada, demasiada burocracia, costes excesivos e incertidumbre regulatoria.

Salvador Illa, un hombre tranquilo, es hijo político de Sánchez, pero tiene agenda propia

Salvador Illa es un hombre tranquilo, que, para desquicio de los hiperventilados, no se altera en el Parlament. Es hijo político de Sánchez, pero tiene agenda propia, porque sabe que con las siglas del PSC no le valen, sino que tiene que ampliar el campo de juego para captar votos que van desde los liberales a la antigua Convergència, como ocurrió en las últimas elecciones. En Barcelona y aledaños se comió directamente a Junts.

Es este perfil moderado, tendente al pragmatismo, el que le lleva a aparcar cualquier pulsión identitaria y apostar por los problemas reales de Cataluña y, en especial, por atraer inversiones y dinamizar la economía tras una década perdida por el procés. "Madrid se ve como una sociedad muy dinámica, muy viva, que en los últimos veinte años ha tenido un crecimiento económico muy impresionante. Es un ejemplo a seguir. Esto lo ha hecho muy bien", dijo recientemente el president en encuentro con empresarios en Madrid. Su mantra es que Madrid no debería tener miedo de Cataluña. Que a Cataluña le vaya bien las cosas, dice, implica que nos vaya bien a todos los españoles.

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Para ello, ha anunciado un plan de inversión de 18.500 millones hasta 2030 en infraestructuras, modernización productiva, conocimiento e innovación, igualdad de oportunidades y buen gobierno. La música suena bien. La letra es otra cosa.

Sin Presupuestos y con ERC y Junts apretándole con las espuelas, la capacidad de maniobra de Illa resulta bastante reducida. ¿Bajar impuestos, como reclamaba Jordi Galí? Rien de rien. ¿Abordar una nueva financiación? Poco probable. Como dice nuestro colaborador Josep Martí, este 2025 no será tanto un ejercicio de resultados como de transición, de normalización institucional, lo que, mirando hacia atrás, no es poca cosa.