Por qué la alcaldesa de Valencia tiene que estar muy atenta al pacto entre PSOE y PNV

Que el PNV camina con los pies en el suelo más que Junts per Catalunya es algo que ya ni cotiza. Solo hay que bucear en el contenido de los acuerdos suscritos con el PSOE por ambas formaciones de centro-derecha nacionalista (directamente indepe en el caso de JxC) para caer en la cuenta de que, más allá de la muy concreta ley de amnistía, frente a la fantasía de mesas de diálogo, propuestas de referéndum y demás parafernalia propagandística de los de Carles Puigdemont, los jeltzales negociaron un documento bastante más prosaico a la vez que aterrizado en la cosa competencial, que incorporaba desde el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social a la intervención en la tasa de reposición de empleados públicos que tantos quebraderos de cabeza provoca en los gestores territoriales, ya sea de ayuntamientos o de autonomías.

Puestos a comerciar con una investidura, los peneuvistas comandados por Andoni Ortuzar han colado en el documento suscrito por el líder del PSOE y ahora ya presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta la cesión gratuita al Ayuntamiento de Hondarribia de los terrenos que albergan las zonas deportivas de más uso en el municipio guipuzcoano, que la Dirección General de Costas tiene pendiente desde hace más de una década. Aquí se ubican el Hondartza Kiroldegia (polideportivo), un campo de fútbol y las llamadas torres Iterlimen, unos bloques de viviendas construidas en los sesenta del siglo pasado en régimen de concesión demanial para 99 años, sobre los que el consistorio quiere poder actuar y realizar inversiones sin tener que pasar el dichoso trámite de Costas, que ahora tiene la sartén por el mango a través de concesiones ministeriales.

El pacto PSOE-PNV no baja al detalle legislativo sobre cómo desplegar la culminación del "expediente de innecesariedad y desafección de los terrenos". Pero a poco que uno se pone a indagar en la Ley de Costas todo conduce a los artículos 18 y 19, que permiten desafectar y ceder de forma gratuita a entidades locales o comunidades autónomas terrenos deslindados como dominio público, condicionándose la cesión a que se destinen "a finalidades de uso o servicio público de la competencia de esas administraciones". Para un ayuntamiento como el del Hondarribia no debería haber impedimento legal para esa operación, toda vez que la ley de bases de régimen local reconoce las competencias municipales en materia de promoción y gestión de viviendas y las actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre y turismo.

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Visto así, podría parecer que pese a abordar una problemática similar (el extendido conflicto entre el Estado y muchas ciudades españolas costeras por la gestión de espacios urbanos ubicados en la frontera del dominio marítimo-terrestre), la solución legal no sería extensible a la Marina Real de Valencia. Pero esto no tiene porqué ser necesariamente así.

El recinto que alberga la Marina de Empresas de Juan Roig o los proyectos de fomento de la innovación del Biohub, Zeus o Innsomnia, y que tiene pendiente de solución a edificios con muchas posibilidades como el de los Docks o los viejos tinglados, vive en un limbo jurídico administrativo después de que la Abogacía del Estado de la demarcación de Valencia haya concluido, previa consulta nada inocente de la Autoridad Portuaria, que en virtud del artìculo 44 de la Ley de Puertos todos los espacios cedidos a la ciudad vía el consorcio tripartito que organizó la America's Cup son susceptibles de revertir al puerto una vez condonado el crédito del ICO que iba pagándose como se podía con los cánones que se cobraban a los distintos concesionarios. Ya no hay interés general o utilidad pública, dicen los letrados estatales, contra el criterio de sus colegas municipales, en una universidad como Edem o una aceleradora de jóvenes emprendedores como Lanzadera, por poner solo los ejemplos de los proyectos del dueño de Mercadona.

O lo que es lo mismo: según la Abogacía, todo lo ganado por la ciudad y la ventana de soberanía municipal en la toma de decisiones que abrió su cesión hace ya más de tres lustros gracias a la regata van camino de esfumarse sin que nadie haya sido capaz todavía de encontrar una vía para romper el eterno secuestro administrativo. Tal es el bloqueo, que Juan Roig ha tenido que sacar fuera de la Marina su proyecto de ampliación de Lanzadera y Angels para poder sortear las barreras legales.

Opinión

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La nueva alcaldesa de valencia, María José Catalá, busca una solución a través de la creación de un nuevo ente gestor en el que, por la posición de la nomenclatura estatal, será imposible no evitar la presencia y constante amenaza de veto del deep state portuario. Pero la primera edil no debería dejar de observar el desarrollo de la solución de Hondarribia. Es verdad que allí no aplica la Ley de Puertos, sino la de Costas. Pero esta misma ley establece que son susceptibles de cederse de forma gratuita a municipios y autonomías los terrenos deslindados como dominio público "que por cualquier causa han perdido sus características naturales de playa, acantilado o zona marítimo-terrestre".

Los espacios portuarios entran legalmente en el dominio público marítimo-terrestre precisamente porque son eso, espacios portuarios (artículo 4 de la ley de Costas). ¿Pero acaso no han perdido las características para tener tal consideración aquellos terrenos que, pese a haber sido ya desafectados, hace años que dejaron de ser necesarios para su actividad comercial? ¿Por qué no buscar la fórmula para una cesión al Ayuntamiento de Valencia, alegando además que la ley valenciana de Régimen Local otorga a las entidades locales competencias en materia de actividad económica, de forma directa o a través de terceros (artículo 196)?

La pirueta legal es lo suficientemente compleja como para que salga un José Marí Olano de la vida (controvertido concejal de grandes marrones de Catalá) a poner el pie a cualquier idea creativa que enmiende a sus colegas de la Abogacía del Estado, tan cancerbera siempre cuando se trata de los intereses patrimoniales del Puerto, como si los ayuntamientos no fuesen también Estado. Pero si Junts y ERC han arrancado una ley de amnistía que alcanza hasta a los CDR investigados por terrorismo, ¿qué impide exigir que se tensione lo necesario la legislación para que Valencia pueda por fin tomar decisiones de forma independiente sobre uno de sus espacios más emblemáticos? Y si no, que cambien la Ley de Puertos. Todo es ponerse al que sería el primer gran pacto PSOE-PP de la legislatura. No lo verán nuestros ojos.