Teléfono rojo de Madrid a Valencia para pedir consejo sobre cómo tramitar subvenciones

Una cosa es el circo político y otra gestionar la burocracia administrativa de la relación diaria con los ciudadanos. En pleno contexto de cruce periódico de reproches entre el presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, y su homóloga en la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, por la política fiscal y los efectos de la capitalidad, se produjo hace varios días un ejercicio de colaboración entre administraciones del ámbito municipal. El área de promoción comercial del Ayuntamiento de Madrid se puso en contacto con la Concejalía de Comercio del de Valencia para solicitar consejo sobre cómo agilizar la tramitación de ayudas a la digitalización de comercios en la capital de España.

En su comunicación, el equipo de funcionarios del consistorio que dirige el popular José Luis Martínez-Almeida se hizo eco de los plazos con que sus compañeros valencianos habían logrado desatascar las subvenciones, con entregas en apenas 10 días desde la presentación de la documentación, y se ofrecían para intercambiar opiniones sobre los trámites que se siguen en Valencia para confrontarlos con los madrileños.

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Según se explica desde el área que dirige la teniente de alcalde responsable de Desarrollo Económico y Empleo, la socialista Pilar Bernabé, la razón de esa celeridad está en el decreto que la Generalitat valenciana publicó para lanzar el llamado Plan Resistir, dirigido a que los municipios pudieran compensar a los sectores más afectados por las restricciones de la movilidad por la pandemia del covid, como la restauración y el ocio, los negocios tradicionales relacionados con las fiestas, el taxi, la cultura, las ceremonias y celebraciones.

En virtud de ese decreto, el Ayuntamiento de Valencia invirtió el proceso de la tramitación de las ayudas que le correspondieron, algo más de 28 millones: pagando primero y comprobando la documentación después para que los beneficiarios dispusieran del dinero lo más rápido posible. Se exigía como paso previo una declaración responsable y un formulario de datos básicos que permitía hacer un análisis rápido sin tener que estudiar todo el expediente. La supervisión y control se hacían 'a posteriori' y se reclamaba el reingreso en caso de incumplimiento.

Con este nuevo sistema, se evitaba que las ayudas se retrasaran porque unos pocos no pudieran acreditar los requisitos exigidos. De los 10.802 solicitantes, recibieron las ayudas 10.488, es decir, el 97%, con una media de 12 días desde la presentación de la solicitud. Ya se ha puesto en marcha una nueva convocatoria de 4,4 millones. La intención del consistorio valenciano es mantener el diseño de concesión de subvenciones para nuevos programas, según explican las mismas fuentes.