Las cesantías de sus señorías

De puntillas, en voz baja. Ha pasado por la actualidad de perfil, procurando no hacer ruido, aguantando sus señorías la respiración y conscientes, los setenta diputados que se sientan en el Parlamento de Canarias, de que decisiones así siembran desafección, generan malestar a pie de calle y provocan que la política quede aún más desacreditada a ojos de la opinión pública, de contribuyentes especialmente castigados estos meses por el encarecimiento de la vida. Poco les ha importado. La Cámara regional aprobó en los minutos de descuento y sin ningún voto en contra la reforma de su Reglamento (en el último pleno, cayendo el telón de la legislatura) para instaurar el derecho de los parlamentarios a continuar siendo retribuidos a pesar de que, salvo los miembros de la Diputación Permanente, la actividad cesa hasta que se constituya la Cámara que salga de las urnas el próximo veintiocho de mayo. Y así será cada vez que finalicen las legislaturas.

Siendo más o menos frecuente que la actualización del Reglamento se aborde en las últimas sesiones —justo antes de la disolución del Parlamento autonómico— esta vez sus señorías han ido más lejos de lo habitual. Con esta modificación normativa, los parlamentarios consolidan seguir cobrando con cargo al presupuesto hasta la celebración de las elecciones autonómicas sean o no miembros de la Diputación Permanente, órgano encargado estos meses y semanas de dar respuesta a las cuestiones más básicas, ya sin comisiones o sesiones plenarias. Únicamente veintiún diputados de los setenta que se sientan en el pleno se encargarán de cubrir los servicios mínimos como componentes de dicha Diputación; sin embargo, a la totalidad de los parlamentarios —diez más a partir de esta última legislatura— se les ingresará religiosamente sus nóminas por no hacer nada, pues, por más que algunas voces intenten justificar lo injustificable, lo cierto es que nada harán quienes nada tienen que hacer cuando nada pueden o deben hacer.

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No acaba aquí el paraíso terrenal del que disfrutarán mientras, en la inmensa mayoría de los casos, su día a día lo dedican a trabajar en las campañas de sus respectivas formaciones políticas. Hay más. Y peor. Quienes resulten reelegidos y continúen siendo parlamentarios seguirían recibiendo su paga mensual sin ser formalmente diputados de la siguiente legislatura, condición que solo se adquiere una vez se jura o promete el cargo en la sesión constituyente. No me lo mejores, iguálamelo —dirán, en la más estricta intimidad, algunos parlamentarios canarios—.

Como suele ocurrir cuando se tocan los sueldos —siempre a mejor, faltaría más— desaparecen las tensiones que marcan las relaciones de los distintos grupos o entre Gobierno y oposición. Las discrepancias se esfuman para dar paso a unanimidades. Pocas cosas unen más que ser premiados con una retribución completamente ajena a cualquier criterio de productividad o a la más mínima exigencia de dedicación. Ni un solo voto en contra, ni uno. Los cambios reglamentarios fueron aprobados con cuarenta y dos votos a favor y cinco solitarias abstenciones. Hubo enmiendas, ninguna prosperó.

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De la aprobación a esta parte se ha celebrado la procesión del silencio que suele coger cuerpo cuando se cuenta con el monumental enfado que estas decisiones provocan en la calle que queda al otro lado de las puertas de la Cámara, puertas que con modificaciones normativas de este calado representan el muro que separa el edén de los parlamentarios de las dificultades de mortales y terrícolas que asisten atónitos a pagas de este corte y calibre, propias de extraterrestres ajenos a este mundo.

Con todo, Canarias no es un caso único. Las cesantías de sus señorías, retribuciones que carecen de justificación alguna dada la inactividad de las Cámaras una vez disueltas, se multiplican por el mapa autonómico vestidas 8º disfrazadas de forma más o menos similar. Basta echar un vistazo a cómo se premia a los diputados en otras Comunidades Autónomas para concluir que los parlamentos han consolidado retribuciones tan toleradas como inaceptables.

Representan el muro que separa el edén de los parlamentarios de las dificultades de mortales que asisten atónitos a pagas de este calibre

Años atrás, en 2015, ocho ex diputados aragoneses solicitaron la cesantía y se les concedió el privilegio de percibir el salario base de 2.965 euros por cada año de parlamentario, con un máximo de dieciocho mensualidades —entre los premiados cobraron más de 200.000 euros de las Cortes aragonesas—. Hace apenas unas semanas, en Asturias, en el último pleno de la undécima legislatura de la Junta General se aprobó un nuevo reglamento (despidiéndose así del vigente durante los últimos veinticinco años) que abrió la puerta a indemnizar a los parlamentarios que finalizan su actividad, previa solicitud y aprobación por la Mesa de la Junta. Indemnización de transición, la bautizaron. Las Cortes valencianas debatieron hace ahora dos años lo que calificaron como finiquito, de alrededor de 50.000 euros a cada representante —por no tener paro, se dijo—, y en Andalucía también cobran en agosto sin que se les conozca tarea alguna durante esas semanas de descanso.

Las cesantías y otras fórmulas para premiar a sus señorías con retribuciones sin contraprestación conocida o reglamentada se han integrado en el paisaje como han hecho recientemente, reforzando su cobertura reglamentaria, los parlamentarios canarios. Con las partidas que reciben los diferentes grupos parlamentarios elevadas a la condición de fondos reservados (esos recursos son uno de los grandísimos misterios por resolver en la inmensa mayoría de las Comunidades), pagar a cambio de nada, con las Cámaras disueltas y sin actividad, da forma a un escándalo consentido del Estado de las Autonomías. Y siempre por la puerta de atrás, a última hora, en los minutos de descuento. De puntillas. Bajando la voz. Conscientes de que durante uno, dos o tres días tendrán respuesta en la calle, pero contando con que al cabo de las semanas la vida y sus sueldos siguen su curso sin despeinarse.