Crimen de Almonte: la nulidad del caso

Las dudas y los odios han llegado arrastrándose como serpientes a la segunda semana del juicio por el doble crimen de Almonte. Las dudas estaban ahí, desde el principio; son los ‘agujeros negros’ de la fase de instrucción que debilitan la acusación contra la única persona a la que se señala por el brutal asesinato de un padre y de su hija. También estaban los odios, pero en el juicio se han afilado porque una vista oral, un caso así, es como el duelo compartido de dos enemigos irreconciliables en el que los familiares de ambos se sientan en la misma sala a llorar sus penas junto al causante de todas sus desgracias. Y se cruzan miradas y desprecios, como anticipos de una venganza deseada.

Los odios han crecido por el enfrentamiento, peligrosamente exponencial, de dos familias, de dos bandos, de un mismo pueblo, que a medida que avanza el juicio se adentran en el tormentoso mundo de una confrontación amorosa que no existía previamente; un trasunto de drama lorquiano sobrevenido, de pasiones y de celos, entre los que confían en la inocencia del único acusado, Francisco Javier Medina, y los que mantienen su culpabilidad. El triángulo amoroso que existía antes del asesinato se ve convertido, de repente, en un trágico episodio de crimen pasional.

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Por esa razón, solo por esa razón, por la peligrosa escalada del rencor entre vecinos de Almonte, es tan preocupante la deriva de inseguridad y de testimonios forzados que se observa en muchas de las sesiones del juicio. Las chapuzas en el transcurso de la investigación de un crimen pueden convertirse en una sustancia explosiva cuando irrumpen en la vista oral.

Lo ocurrido en la última sesión dejó perplejos a todos los que se han personado en la causa: uno de los miembros del jurado confesó que tiene una discapacidad psíquica incompatible con su pertenencia a un órgano así. ¿Supone eso que la elección del jurado debe invalidarse y, por tanto, declararse nulo el juicio? Esa es la duda que comenzó a planear ayer sobre la vista oral y, con seguridad, no se despejará ya hasta que acabe de resolverse el último de los recursos posibles que se interpongan en su día, primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y posteriormente ante el Tribunal Supremo.

¿Cómo es posible que, siendo una discapacidad diagnosticada por la Administración andaluza, nadie haya cruzado los datos cuando se seleccionó?

La notificación de la discapacidad psíquica la presentó, en concreto, uno de los miembros del jurado que actúa de suplente. De acuerdo a la Ley del Jurado, el primer día de la vista oral, previo examen de la treintena de personas que había sido seleccionada y resueltas las impugnaciones, el jurado quedó compuesto por 11 personas, nueve miembros titulares y dos suplentes. A los pocos días del juicio, uno de los titulares tuvo que renunciar por enfermedad, con lo que lo sustituyó uno de los miembros suplentes. Y ha sido el segundo suplente, el que quedaba, quien ayer presentó a la magistrada que preside el tribunal un escrito de alegaciones con un único punto en el enunciado: discapacidad.

En ese escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, se pone de manifiesto que esta persona está diagnosticada por la propia Junta de Andalucía, por la Consejería de Salud y Bienestar Social, con “un grado de discapacidad del 35% de carácter psíquico”. El escrito presentado solicita formalmente que se anule la inclusión del mismo como miembro del jurado “por la discapacidad psíquica que padece y que puede viciar su voluntad en relación a una opinión válida” sobre los hechos enjuiciados. ¿Cómo es posible que, siendo una discapacidad diagnosticada por la propia Administración andaluza, que tiene también las competencias de Justicia, nadie haya cruzado los datos cuando se seleccionó al jurado? Para los críticos con la institución del jurado, porque no lo consideran ni propio del sistema penal español ni eficazmente implantado, esta controversia no pasará desapercibida.

Es seguro que alguna de las partes lo utilizará como elemento fundamental de sus recursos, en el caso de que las sentencias le sean adversas

Sucede, además, que la Ley del Jurado, en su artículo 8.5, detalla que entre “los requisitos para ser jurado” están “no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de jurado”, que es precisamente lo que alega esta persona: que tras una decena de sesiones del juicio no se encuentra capacitada para valorar lo que está ocurriendo en la sala. No se le puede sustituir porque los suplentes, al igual que los titulares, deben estar presentes en todas las sesiones, con lo que no puede entrar nadie más en su lugar. Pero tampoco se le puede excluir del jurado porque, en ese caso, ya no habría ningún suplente, y la ley exige que haya dos personas.

Con lo cual, a la nulidad de este juicio, por ese motivo, se puede llegar por múltiples caminos: si en las dos semanas que quedan aún de juicio algún otro miembro del jurado debe darse de baja, tendría que sustituirlo la persona que ha alegado la discapacidad psíquica. Pero si no es así, y el jurado titular logra completar todas las jornadas, es seguro que alguna de las partes personadas, ya sean las dos acusaciones o la defensa, lo utilizará como elemento fundamental de sus recursos, en el caso de que las sentencias le sean adversas. De momento, a petición de la Fiscalía, todos ellos han aceptado que el juicio por el doble crimen de Almonte prosiga con apariencia de normalidad.

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El sábado 27 de abril de 2013, Almonte se preparaba para la Romería del Rocío, las jornadas festivas que allí conocen como ‘sabatina’ y que van marcando los días que la Virgen agota sus días en la localidad, algo que se produce cada siete años, antes de regresar a su ermita en la Aldea. Ese día asesinaron brutalmente, de 151 puñaladas, a Miguel Ángel y a su hija María. Al único acusado lo detuvieron 14 meses después y, desde ese mismo día, existen grandes lagunas en lo que a los investigadores les gusta denominar el ‘relato’ de los acontecimientos: las dudas sobre la procedencia y relevancia del ADN encontrado (la defensa ya ha adelantado que pedirá la nulidad de todas las muestras de ADN por no haberse respetado la cadena de custodia de las muestras aportadas), la inexistencia de una investigación profusa de otros restos hallados en el lugar del crimen o el cronograma imposible que establecen los investigadores para explicar lo ocurrido. A todo eso, se suma ahora la aparición de dudas sobre la validez de la composición del jurado. En la segunda semana del juicio solo puede afirmarse eso, que de las serpientes que avanzan por la sala, las dos crecen por igual, los odios y las dudas.