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¿Le confiarías tus secretos a este Gobierno?
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Javier Caraballo

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¿Le confiarías tus secretos a este Gobierno?

Relajemos la inquietud, sí; pensemos eso y que, al final, habrá un acuerdo de Estado entre el PSOE y el PP. Porque todas las demás hipótesis son terminales

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/EPA/Georgi Licovski)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/EPA/Georgi Licovski)
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Medio siglo después, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha propuesto resolver una de las asignaturas pendientes de la democracia española, la modernización de la ley de secretos oficiales del Estado, y la sola mención del propósito ya nos genera una inquietud severa. ¿Por qué ahora? De la inquietante especulación que puede surgir en cualquiera de nosotros sobre el verdadero interés de este Gobierno por regular los secretos oficiales, justo en este momento plagado de problemas, se deriva la congoja sobre el resultado final. Uno puede esperar que estos debates se planteen en periodos de estabilidad institucional, con gobiernos fuertes, y en coyunturas internacionales estabilizadas, pero ¿realmente es este el momento de aprobar en España una normativa que se viene demorando, por distintas circunstancias, más de medio siglo?

Siguiendo el clásico argumento de la confianza, de la compra de una moto usada, ¿quién de los presentes le confiaría sus secretos a este Gobierno? Si nos detenemos un momento, y pensamos que el objetivo es el de aprobar la nueva ley de secretos oficiales antes de que se acabe la presente legislatura, la primera sospecha surge de este interés repentino en abordar esta reforma que, como queda dicho, lleva más de 50 años dando tumbos, pasando de mano en mano en los consejos de ministros. ¿De dónde puede proceder tanto interés en aprobar esa reforma en esta legislatura? Veamos.

Foto: Pedro Sánchez y Félix Bolaños, en el Congreso. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Lo que nadie cuestionará es que, después de medio siglo, la democracia española necesita esa reforma de la ley de secretos oficiales y que lo extraordinario es que, hasta ahora, no se haya abordado por parte de ningún Gobierno. La normativa que tenemos vigente se aprobó en el franquismo, en 1968, muchos años antes de que se muriese el dictador, y solo se le hicieron unos retoques en el mismo año en que se aprobó la Constitución, en 1978, para adaptarla mínimamente a algunas de las exigencias de la OTAN y de la Unión Europea, que era el camino de modernización que ya había emprendido España. Con esa modificación se ha tirado hasta la actualidad, sin que ninguno de los actores principales de la política española, el PSOE y el Partido Popular, se haya decidido a reformarla plenamente. Solo el Partido Nacionalista Vasco (PNV) planteó una reforma hace seis años, gobernando aún el PP, pero no llegó a ninguna parte.

Por eso, lo primero que extraña de esta reforma que plantea el Gobierno es que no cuente con el respaldo de ninguno de esos dos partidos. El Partido Popular asegura que ni siquiera ha sido informado, algo que debería de trascender de cualquier rivalidad o confrontación política por tratarse de la materia que se trata. Sencillamente, no es normal que algo que afecta a la desclasificación y control de los secretos oficiales del Estado no esté pactado por los dos partidos políticos que representan a la amplísima mayoría de la sociedad española y que se han alternado en el poder en democracia.

Foto: Jaume Asens (Unidas Podemos). (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Pero es que tampoco el PNV parece haber sido informado de la nueva norma que se pretende aprobar, según lo expresado por sus portavoces, con lo cual se acrecienta más la inquietud que nace con este ímpetu del Gobierno de Pedro Sánchez. Ni lo ha pactado con el principal grupo de la oposición, ni tampoco con uno de sus aliados parlamentarios más fieles desde aquella moción de censura con la que Pedro Sánchez desalojó de la Moncloa a Mariano Rajoy. A no ser, claro, que, como viene sucediendo, la estrategia del Partido Socialista avance un paso más en sus apoyos parlamentarios de Bildu y de Esquerra Republicana, con la idea de perfilar en el futuro en el País Vasco y en Cataluña unos gobiernos de mayorías parlamentarias similares a la que existe en el Congreso de los Diputados.

En eso, en el acercamiento a Bildu, podemos recordar lo ocurrido, por ejemplo, con la Ley de Memoria Democrática. De hecho, en sus primeras reacciones, los representantes de Bildu ya han aclarado que la propuesta que ha hecho pública el Gobierno no es suficiente para ellos porque “no toca los principales elementos de una ley franquista que mantendrá en secreto todo aquello que atacó los derechos y libertades de miles de vascos y vascas”. Y ese discurso se parece demasiado al que ya pronunció en el Congreso de los Diputados la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, cuando aseguró que, con la Ley de Memoria Democrática, se había abierto en España “un camino para poner en jaque el relato de la Transición”. Si a todo ello le sumamos que la custodia y la decisión de esos documentos pasaría de los servicios secretos, el CNI, al Ministerio de la Presidencia…

Foto: El escritor Javier Cercas. (EFE/Javier Cebollada)

En la lógica de dos y dos son cuatro, cualquiera podría pensar que no se trata más que de un nuevo paso en la estrategia de supervivencia parlamentaria del líder socialista, Pedro Sánchez, pensando incluso más allá de las próximas elecciones, para consolidar una coalición de gobierno con los independentistas catalanes y vascos. Para contrarrestar ese temor, incluso pánico democrático, descansemos con la idea de que, al final, lo propuesto por el Gobierno consiste en la garantía de que los documentos secretos que afecten a la seguridad del Estado permanecerán ocultos para la opinión publica por un periodo de 50 años, prorrogables durante una década más. Y que esa regulación parece estar en sintonía con lo que ya impera en otros organismos internacionales, como la Unión Europea y la OTAN, para poder facilitar el intercambio de documentos, como se exige.

Hasta ahora, los documentos que se consideran secretos se pueden mantener como tales por tiempo indefinido y eso es, sencillamente, lo que se quiere modificar. Relajemos la inquietud, sí; pensemos eso y que, al final, habrá un acuerdo de Estado entre el PSOE y el PP. Porque todas las demás hipótesis son terminales. Antoine de Rivarol, que era conde, escritor y periodista, amigo de Voltaire, dejó dicho algo tan simple como que “la razón se compone de verdades que hay que decir y verdades que hay que callar”. Esa es también la razón de Estado.

Medio siglo después, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha propuesto resolver una de las asignaturas pendientes de la democracia española, la modernización de la ley de secretos oficiales del Estado, y la sola mención del propósito ya nos genera una inquietud severa. ¿Por qué ahora? De la inquietante especulación que puede surgir en cualquiera de nosotros sobre el verdadero interés de este Gobierno por regular los secretos oficiales, justo en este momento plagado de problemas, se deriva la congoja sobre el resultado final. Uno puede esperar que estos debates se planteen en periodos de estabilidad institucional, con gobiernos fuertes, y en coyunturas internacionales estabilizadas, pero ¿realmente es este el momento de aprobar en España una normativa que se viene demorando, por distintas circunstancias, más de medio siglo?

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