Doñana, primer gran error de Moreno Bonilla

Juanma Moreno ya ha demostrado dos cosas en menos de un año, que es capaz de ganar abrumadoramente unas elecciones y que abrumadoramente también sabe equivocarse. Las dos cosas por mayoría absoluta, porque igual tienen relación la una y la otra. El caso es que ha convertido una buena intención en una enorme pifia política de la que no parece probable que salga bien parado. La gestión de los propósitos ha sido nefasta, en todos los sentidos, y ahí es donde podemos ponernos a pensar cómo es posible que un mismo dirigente abrace la inteligencia y la torpeza cuando se trata de gestionar los asuntos públicos y su propia imagen. Se trata de Doñana, de lo que acaba de ocurrir esta semana cuando el Partido Popular ha sacado adelante junto a los diputados de Vox la toma en consideración de una proposición de ley para regularizar la amplia zona de regadíos, en torno a 800 hectáreas, que ya existe al norte del Parque Nacional de Doñana.

Cuando uno tiene mayoría absoluta, en lo primero que se notan los defectos es en la sensación de que se tiene licencia para actuar sin reparar en advertencias ni consecuencias. Y la intención de legalizar los regadíos junto a Doñana, en la peor sequía de lo que llevamos de siglo, y en contra del criterio de todo el mundo, salvo el de los agricultores beneficiados, es una muestra inequívoca de ese talante arrollador. ¿Es necesario regularizar y acabar con las explotaciones agrícolas ilegales en el entorno de Doñana? Sí, y esa es la buena intención de la que se hablaba antes, pero la absurda gestión política de ese propósito, como veremos, ha convertido la iniciativa en una decisión nefasta. Además de inexplicable. Veamos.

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Unos días antes de la reunión, el director de la Estación Biológica de Doñana, un instituto público perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), presentó un informe desolador sobre la realidad de Doñana, esa joya de la naturaleza de la que se presume en toda Europa, que es Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Pues bien, decía tres cosas, fundamentalmente. Primera: "El 59 por ciento de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han inundado al menos desde 2013". Segunda: "Estos cambios están significativamente relacionados con la temperatura y la precipitación de cada año, pero también con la extensión de áreas cultivadas, la superficie construida en Matalascañas, la distancia a las estaciones de bombeo de la urbanización y el funcionamiento del campo de golf". Y tercera: "La proliferación descontrolada de cultivos de regadío sin las correspondientes autorizaciones ha sido causada por un claro fallo de gobernanza por parte de las administraciones competentes. Hay una clara falta de voluntad política a la hora de solucionar el problema. Esta inacción ejecutiva es la que nos ha llevado al insostenible punto crítico en el que se encuentra Doñana".

¿Cuántos de estos problemas, que ya existen, que han provocado que Doñana ya esté en una situación crítica, son achacables al Gobierno de Juanma Moreno? Ninguno, evidentemente, porque el Partido Popular comenzó a gobernar en Andalucía en enero de 2019, primero en coalición y ahora con mayoría absoluta. Por eso resulta tan incomprensible, incluso absurdo, que el presidente andaluz haya decidido cargar sobre sus espaldas toda la responsabilidad de lo que ya sucede, blanqueando, de paso, "la inacción y la falta de voluntad política" de los sucesivos gobiernos socialistas que ha habido en esta comunidad durante 40 años. A cualquier ciudadano que se le pregunte hoy de quién es la responsabilidad de que Doñana pueda quedarse sin agua, dirá sin pestañear que el culpable es Juanma Moreno. Ese es el resultado de la pésima gestión política, la que le permite al PSOE haber acuñado ya un eslogan de campaña electoral que será de los más efectivos: "Doñana no se toca".

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Será inútil ya que alguien pretenda recordar que en noviembre de 2018 se aprobó por el trámite de urgencia en las Cortes Generales un trasvase de agua desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras para satisfacer las demandas de los agricultores, clausurar todos los pozos ilegales y, sobre todo, para nutrir uno de los principales acuíferos del parque de Doñana. Tres años tardó la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en convocar la Comisión de Gestión Técnica para estudiar el trasvase. En octubre del año pasado, cuatro años después, anunció "la licitación del pliego de bases para la redacción del estudio de alternativas para la transferencia de recursos encaminado a identificar y analizar las distintas alternativas que puedan ser estratégicas para la ejecución del trasvase". (Se recomienda una relectura de ese párrafo para deleite de los vicios de la burocracia). En la actualidad, nadie sabe cuándo se podrá disponer de ese trasvase. "Años", dicen con ese genérico de eternidad. Menos mal que era un "asunto urgente".

El porqué decidió el presidente de la Junta de Andalucía asumir el coste político de querer legalizar 800 hectáreas de riego en la corona norte de Doñana, en estas condiciones y con esta sequía, formará parte de los enigmas de la política. Alguien debió aconsejarle, o él mismo lo consideró oportuno, que lo mejor, además, era que la ley no la presentara su Gobierno, sino el partido, y que él mismo no estuviera presente en el debate. Es decir, lo contrario de lo que se debe hacer si se quiere pasar inadvertido, como nos enseñan los dramas lorquianos. La ausencia es la presencia más estruendosa.

Lo que queda ahora es la tramitación de esa ley es una tortura política que ya no se enmienda ni con la renuncia. Con la noticia en periódicos de medio mundo, como The Washington Post, la Comisión Europea ha vuelto a reiterar que esa ley es una "violación flagrante" de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenó a España por no haber hecho lo necesario para proteger Doñana (otro incumplimiento con el que carga incomprensiblemente Moreno Bonilla y que tampoco es suyo) y el Parlamento Europeo ya está organizando una visita a las lagunas secas de Doñana. Suele decir Miguel Delibes, que es presidente del Consejo de Participación de Doñana y durante años lo fue de la Estación Biológica, que esta ley del PP "supone hacer juegos políticos que se parecen al toreo de salón", porque se aprueban regadíos con aguas de un trasvase que no existe, se crean derechos y expectativas y, entretanto, Doñana se sigue secando. Pues eso, toreo de salón con cornada asegurada.