Okupas y desvergüenza política

Ojo a la desvergonzada carambola que se está perpetrando en la política española con el déficit de viviendas sociales y la desorbitada carestía del mercado inmobiliario. Para camuflar el incumplimiento histórico del derecho constitucional de todos los ciudadanos a una vivienda digna, se tolera y se fomenta la ocupación de viviendas y se vulnera el derecho a la propiedad que consagran tanto la Constitución española como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ese contrasentido absurdo es el que está dispuesto a asumir el presidente Sánchez para complacer a sus socios parlamentarios más extremos y sacar adelante su última gran ley de esta legislatura, la ley de vivienda.

Los socios son los habituales, desde Esquerra a Bildu pasando, obviamente, por Podemos, y la medida encaja perfectamente con el ideario de esos partidos, pero nada tiene que ver con la esencia del Partido Socialista ni con los ideales socialdemócratas que proclama. En todo caso, por encima de la deriva ideológica que se le pueda achacar al actual líder socialista, lo esencial no es eso, sino la constatación que podemos hacer del incumplimiento sostenido de un mandato constitucional y cómo se pretende parchear ahora tirando por la calle de en medio, trasladando la responsabilidad, y hasta la culpabilidad, a los propietarios de viviendas. Otra vez será la clase media la que cargue con las consecuencias, no los grandes fondos inmobiliarios. Aquel que disponga de un piso o dos para alquilar será el más perjudicado, por la inseguridad que le genera la ley que se quiere aprobar y los escasos medios de que dispone para defenderse. Los otros, los grandes propietarios, también se verán perjudicados, claro, pero tienen muchos más medios.

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La larga trayectoria de incumplimiento proviene, como hemos insistido en otras ocasiones, del artículo 47 de la Constitución, en el que se dicen dos cosas. La primera, que todos los ciudadanos tienen derecho “a una vivienda digna y adecuada”. Y la segunda, que es fundamental, que son las administraciones públicas las que tienen la obligación de promover “las condiciones necesarias” y “las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Ni ayuntamientos, ni comunidades autónomas, ni los distintos gobiernos de España se han preocupado en este medio siglo de aprobar leyes y normas para garantizar el acceso a la vivienda. No solo eso, sino que si analizamos todos estos años, lo que encontraremos es que la especulación siempre ha estado ligada a la corrupción política: el urbanismo ha sido el epicentro de todas las corruptelas en España.

La consecuencia es la que se repite en todas las estadísticas: somos uno de los países europeos con menor tasa de vivienda social. Aquí no se llega al 3% del total, mientras que, por ejemplo, en países como Austria, Holanda o Dinamarca las viviendas sociales están entre el 20 y el 30%. En Francia o en el Reino Unido se acercan al 20% del total del parque inmobiliario. El propio Pedro Sánchez ha reconocido estos días que el porcentaje de vivienda social que existe en España es “ridículo, bochornoso y sonrojante”, pero, desde luego, no parece que nada vaya a cambiar con las propuestas que está haciendo su Gobierno, planteadas al final de la legislatura sin más sustento que una promesa electoral. Las viviendas las anuncia en sus mítines a millares, como si fueran premios de lotería, 20.000, 30.000, 50.000, pero se acabará la legislatura y no veremos ninguna.

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Todo lo contrario ocurrirá con las reformas legislativas de la ley de vivienda, porque las consecuencias ya han comenzado a notarse a partir solo de su presentación. En dos aspectos fundamentales, el precio de los alquileres y las mafias de la ocupación de viviendas. Con el mero anuncio de la ley por parte de Esquerra y de Bildu, el sector ya ha comenzado a replantearse las inversiones previstas. El propósito de que la subida del precio del alquiler sea siempre inferior al IPC o la prohibición de cargar al inquilino ningún gasto adicional a la renta, ni siquiera si está incluido en las cláusulas del contrato entre las dos partes, ya han empezado a generar una cadena de consecuencias. “El anuncio tiene la fuerza suficiente para herir de muerte el actual modelo de alquiler de los fondos inmobiliarios”, como se decía en este periódico hace unos días. Que lo siguiente sea la constatación de que los precios del alquiler comienzan a subir en las grandes ciudades y que se reduzcan los pisos disponibles en el mercado, será cuestión de tiempo. Porque sabemos, además, que eso es precisamente lo que ha ocurrido en otros países cuando se han adoptado medidas similares, Y aquí mismo, en España, es lo que ha pasado en Cataluña cuando se aprobaron reformas en la misma dirección. Exactamente lo mismo que ocurre con las ocupaciones, porque el solo anuncio de dificultar aún más el desalojo de los pisos ocupados ilegalmente es un claro incentivo para las mafias de las okupaciones.

De nuevo en Cataluña, sobre todo en Barcelona, las medidas que ahora se quieren extender a toda España lo que han provocado es un incremento notable de las ocupaciones. El Colegio de Administradores de Fincas de Cataluña, que conoce de cerca la realidad, asegura que esas mafias están cobrando entre 3.000 y 6.000 euros por los pisos ocupados, dependiendo del barrio que se quiera. Sostiene el portavoz del PSOE, Patxi López, que el 99% de las ocupaciones se produce en viviendas vacías, de grandes propietarios, como si eso fuera una justificación de la ilegalidad. No repara en que, con independencia del número y de la identidad de los propietarios, lo que no puede hacer un gobernante en un Estado de derecho es enviar mensajes a la ciudadanía en los que se quita importancia a que alguien se pueda hacer con un piso de una patada en la puerta. La alarma social que se genera tiene mucha más importancia que el hecho en sí mismo. Avanzar en derechos para los okupas de las viviendas en detrimento de los derechos de los propietarios, como se decía antes, es un enorme despropósito legislativo y el peor final que podía imaginarse para uno de los mayores incumplimientos constitucionales de esta democracia.