Ni amnistía ni presos políticos

España es el país en el que existe un catedrático de Derecho Constitucional para cada ataque a la Constitución española. En cada episodio, aparecen solícitos para defender y amparar las embestidas. La paradoja es colosal, es como si hubiera teólogos en el Vaticano proclamando a diario que Dios no existe. Incluyámoslo entre las peculiaridades antiespañolas que arrastramos desde hace siglos, que ya Quevedo escribió en 1609 un ensayo, o un dolor, que tituló España defendida de los tiempos de ahora de las calumnias de los noveleros y sediciosos, y, con el mismo título, se podría haber adaptado, hasta la actualidad, a otros muchos momentos. Porque los calumniadores, los noveleros y los sediciosos siguen ahí; siguen aquí, embarrando toda verdad.

Con el episodio penoso e insoportable, por cansado, del independentismo de Cataluña, hemos tenido que oír, desde los primeros días, algunas barbaridades notables. Aquí mismo, en El Confidencial, fuimos testigos de cómo un catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, defendía que quien dio un golpe de Estado en Cataluña fue el Tribunal Constitucional. Impresionante. Pero lo dijo así, literal, y la entrevista era necesaria para poder frotarnos los ojos ante lo que se mantenía; ante lo que afirmaba un reputado catedrático autor de un manual de referencia en las universidades, Curso de Derecho Constitucional. Para frotarnos los ojos y, también, para comprobar, años después, que todo lo que vaticinaba estaba equivocado. Este catedrático sostenía, al igual que los independentistas, que el Parlamento Europeo, primero, y la Justicia Europea, después, iban a respaldar los supuestos derechos quebrantados. Que no habría sentencia del Tribunal Supremo y que todos ellos quedarían en libertad. Pero hubo sentencia, fueron condenados y solo quedaron en libertad cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó su indulto. Y los tribunales europeos han acabado dándole la razón a España, con lo que los que se fugaron para no ser juzgados acabarán detenidos y ante un tribunal español.

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Lo más exasperante del panorama político que nos ha dejado las elecciones generales del 23 de julio es que han vuelto los Pérez Royo de la vida. Otra vez tenemos a catedráticos de Derecho Constitucional defendiendo todo aquello que puede quebrar el orden constitucional. El disparate ahora nos devuelve la amnistía como solución para resolver “el conflicto catalán”, como lo llaman de forma eufemística. Con todo un exvicepresidente del Tribunal Constitucional a la cabeza, José Antonio Xiol, que ha abierto el debate con una afirmación rotunda en Catalunya Ràdio, del grupo público de la Generalitat.

Dice este magistrado: “La amnistía cabe perfectamente en la Constitución, aplicarla o no es una cuestión de voluntad política”. Por supuesto que no es así, como han venido sosteniendo desde hace tiempo decenas de expertos constitucionalistas, pero vayamos por partes. El debate mismo ya se sustenta en una perversidad: la idea subrepticia de que es España la que está en deuda con los independentistas catalanes, la que incumplió las leyes en la revuelta sediciosa del 2017, y la que tiene, por tanto, que pedir disculpas por lo sucedido. Delirios, estupideces y provocaciones. Sin más.

Dice este magistrado: "La amnistía cabe perfectamente en la Constitución, aplicarla o no es una cuestión de voluntad política"

A partir de ahí, también la propia palabra amnistía, que se utiliza con pasmosa ignorancia, conlleva un significado preciso, como saben bien los independentistas. En España, en esta España democrática, no puede haber amnistía por la sencilla razón de que aquí no existen presos políticos. La amnistía que se aprobó tras la muerte del dictador, y que defendió en el Congreso el histórico sindicalista Marcelino Camacho, fue la que liberó a todos los presos políticos del franquismo. Conviene recordar ese discurso histórico: “Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso”, dijo Marcelino Camacho.

Que no vengan a insultarnos ahora con la palabra amnistía para defender a quienes han querido acabar con la democracia que le debemos a gente como aquellos comunistas de la Transición. Que no vengan a insultarnos, ni a los demócratas ni a todas las instituciones de este Estado de derecho. Quizá por esa razón, y no por otra, la Constitución no menciona la palabra amnistía, porque en la democracia española no caben los presos políticos y, por tanto, no es necesario contemplar un proceso de amnistía. En todo caso, lo que sí podrían exigir quienes defienden a los que cometieron delitos en Cataluña en defensa de la independencia es un indulto general. Eso sí se menciona en la Constitución, y lo prohíbe expresamente. Se dice así en el apartado noveno del artículo 62, referido a las funciones del Rey como jefe de Estado: “Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”.

Opinión

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El Gobierno puede indultar, como ha hecho, a independentistas catalanes que han sido condenados, pero lo que no puede hacer, bajo ningún concepto, es proponer en el Congreso de los Diputados un indulto general, como le están sugiriendo los catedráticos de Derecho Constitucional que defienden barbaridades inconstitucionales. Además, ¿de cuántos posibles delincuentes estamos hablando? Esa es otra… Lo que sabemos es por Jordi Turull, uno de los condenados e indultado. Según dijo el año pasado, “en Cataluña hay más de 4.200 represaliados pendientes de un juicio u otro”. Pero, claro, después, en varios medios han estado haciendo cuentas y resulta que la cifra está completamente adulterada. Han tenido el descaro de incluir entre los represaliados a personajes como Laura Borras, protagonista de un episodio perverso y sucio que le sirvió para demostrar la solidez de su cara dura, compacta como el hormigón. De modo que, en cada frase que oigamos de la amnistía, conviene cortar el debate a tiempo. Ni amnistía ni presos políticos. Punto final.