Falsa concordia en una falsa España

La mentira sostenida y el autoengaño se hunden en depresiones ocasionales que trastornan la placidez y la euforia del embustero. En esas ocasiones, como acaba de ocurrir ahora, los protagonistas de la farsa se topan con la realidad: Pedro Sánchez no ganó las elecciones generales en julio pasado, la mayoría parlamentaria que apoya al PSOE no es una mayoría progresista, la ley de amnistía no es la garantía para solucionar un conflicto político de siglos por la invasión de Cataluña en 1714 y España no es un Estado preconstitucional, en el que no existe el Estado de derecho. Cuando el trolero se enfrenta a esa realidad, abruptamente, se le queda el semblante torcido, el ceño fruncido que exhibía ayer el presidente Sánchez al abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados, derrotado por aquel a quien quiso encarcelar y ahora quiere fotografiar. No es que así no se pueda gobernar, como dijo hace poco su vicepresidenta Yolanda Díaz; es que así no se debería gobernar. Un político serio tendría que entenderlo así. Aunque se pueda, no se debe. Al menos por respeto a la dignidad de las siglas que representa, el PSOE, un partido centenario que ha sido fundamental para este periodo democrático, de progreso y libertades, una excepción en la historia reciente de España.

Es probable, como decíamos, que el autoengaño, incluso inconscientemente, se quiera perpetuar como una verdad latente en la mente de quien lo fabrica. Por la necesidad que tiene el autoengañado de creerse su propia invención. La primera de todas las trolas que se echaron a rodar, la misma noche del 23-J, fue la de que el PSOE había ganado las elecciones. "España ha hablado meridianamente claro. Tenemos más votos, más escaños y más porcentaje que hace cuatro años. El bloque de retroceso ha fracasado", como dijo Pedro Sánchez la misma noche de las elecciones. Era el discurso de un presidente de Gobierno y líder del PSOE que, en realidad, lo que arrastraba era tres ciclos electorales completos sin ganar, ni en los ayuntamientos, ni en las comunidades autónomas, ni en las elecciones generales. Le cantaban "presidente, presidente" y, enaltecido, decidió que ni siquiera debía llamar por teléfono esa noche al candidato que sí las había ganado. La falsedad de ese triunfo electoral se sustentaba en otra filfa: la existencia de una mayoría progresista en el Congreso de los Diputados.

Los portavoces del PSOE lo repiten siempre, "tenemos una mayoría progresista", salvo cuando la banda de diputados del fugado amenaza, y ejecuta, su determinación de "hacer mear sangre" a los socialistas en cada votación parlamentaria. Causa hasta ternura el patetismo de verlos ahora lamentando la falta de credibilidad de Junts, o intentando zaherirlos con la acusación de que han votado en el Congreso junto con la derecha y con la extrema derecha. Como si el currículo de europarlamentario de Carles Puigdemont no estuviera plagado de acuerdos y votaciones conjuntas con la ultraderecha italiana, francesa, alemana…

No, no existe una mayoría de progreso en el Congreso de los Diputados sino una mayoría parlamentaria de conveniencias políticas y de intereses espurios. El del presidente Pedro Sánchez de mantenerse cuatro años más al frente del Gobierno, pisoteando todas sus promesas anteriores, y el de los independentistas vascos y catalanes, exaltados por esta oportunidad única para deteriorar, como termitas, la estabilidad y el prestigio institucional de España. No habrá ninguna otra democracia en el mundo en la que quienes gobiernan el país sean quienes pongan en duda la credibilidad del Estado de derecho, unos con el insulto y otros con el silencio, unos por acción y otros por omisión dolosa. La campaña de acoso a jueces y magistrados, con injurias constantes desde los escaños del Congreso de los Diputados, es un espectáculo tan indignante como triste, al que asiste la presidenta del Congreso, Francina Armengol, con la misma predisposición, anímica y política, de los ujieres que cambian los vasos de agua del atril.

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La tercera autoridad del Estado no se da por afectada por la lluvia de insultos. "Jueces prevaricadores", que se sacan "los delitos del bolsillo", porque "están dispuestos a todo", repitieron una y otra vez desde la tribuna. Quienes atacan de esa forma despiadada a dos jueces —a los jueces—, por haber prorrogado sus investigaciones contra el independentismo delincuente, ocultan deliberadamente que se trata de prórrogas habituales en el proceso judicial, solicitadas por las partes que están personadas en el caso, como el Ministerio Fiscal, y decididas por el juez de instrucción, si es que considera que se precisan más pruebas policiales.

Las prórrogas de esos procesos judiciales se producen cada seis meses. Tal es la absurda locura en la que sustentan todas sus patrañas, que, si pensamos que la anterior prórroga se produjo a mediados del año pasado, concluiremos que, en aquella ocasión, ni siquiera el PSOE defendía la amnistía. Ni siquiera el pacifismo de quienes están siendo investigados por terrorismo. Era cuando el presidente Sánchez decía que el fugado y su banda representan a "un partido que ha jugado con fuego al coquetear con Vladímir Putin", por el interés del sátrapa ruso de desestabilizar España y Europa. España, aunque sigan repitiendo lo contrario, es una democracia plena, sí, y el Estado de derecho funciona, aunque le incomode al Gobierno en sus planes de supervivencia. Acusan a los jueces de prevaricadores y se trata de justo lo contrario: tanto el magistrado García-Castellón, de la Audiencia Nacional, como el juez Joaquín Aguirre, del Juzgado de Instrucción de Barcelona, hubieran prevaricado si deciden dejar en suspenso las investigaciones a la espera de que las Cortes Generales aprueben una amnistía que puede afectar a sus investigados. Han cumplido con su obligación, no más. Y lo que debemos esperar, en adelante, es que sigan haciéndolo, que mantengan ese rigor cuando, al cabo de unas semanas, otra vez se pongan de acuerdo quienes hoy escenifican la ruptura y vuelvan a la mentira de una mayoría progresista, una falsa concordia y una falsa España preconstitucional.