Trump golpea a Francia y deja KO la tasa de Calviño

Mientras en España sus señorías discutían acaloradamente sobre un asunto tan trascendental para la vida de los ciudadanos como quién sería el inquilino de la secretaría tercera del Congreso, o sobre quién ocuparía la vicepresidencia cuarta de la Cámara Baja, el mundo se movía. Y no precisamente en la dirección que buscan la mayoría de los países europeos, la OCDE y el propio G-20, que en su última cumbre allanó el camino para que en 2020 se pudiera alcanzar una solución de largo plazo a uno de los principales desafíos de cualquier política económica: cómo lograr que la digitalización de la economía pague impuestos.

O expresado en otros términos, cómo conseguir que el sistema fiscal no caiga exclusivamente sobre las espaldas de lo que podría denominarse ‘economía analógica’, y que hoy soporta el peso de la carga fiscal. Como se ve, un asunto ‘irrelevante’ respecto de lo que ayer se ventiló en el Congreso, tres semanas después de las últimas elecciones generales y casi un año después de que se disolviera la penúltima legislatura (la última nunca llegó a funcionar).

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Como se sabe, la Administración Trump hizo público este lunes un documento de 93 páginas (titulado ‘Report on France’s Digital Service Tax’) en el que sostiene, al abrigo de la llamada Sección 301, una legislación de 1974, que París discrimina a las empresas de servicios digitales estadounidenses por imponer un impuesto en función de la facturación en su territorio.

Según los redactores del informe, esto faculta a EEUU a denunciar a Francia ante la OMC (Organización Mundial de Comercio) e, incluso, a “la imposición de derechos, tasas u otras restricciones a los bienes o servicios importados [de Francia]”. La amenaza, si se consuma, sería equivalente a la imposición de aranceles (tributos al comercio) a 63 categorías de productos por valor de unos 2.400 millones de dólares, unos 2.200 millones de euros.

Tapar agujeros

Trump, de esta manera, lanza al mundo una señal inequívoca: está dispuesto a reventar cualquier acuerdo en la OCDE (que reúne a las economías avanzadas del planeta) en defensa de Google, Apple, Facebook y Amazon, que apenas pagan impuestos por su capacidad para aprovechar los agujeros del sistema fiscal, que son, precisamente, los que pretende tapar el proyecto BEPS (erosión de las bases fiscales y traslado de beneficios, por sus siglas en inglés). El club de los países ricos lleva años trabajando para diseñar normas tributarias que garanticen que los grupos multinacionales queden sujetos a un nivel de tributación mínimo. No en vano, la OCDE ha estimado que cada año se evaporan entre 100.000 millones y 240.000 millones de dólares por tipos no pagados en el impuesto de sociedades, y una parte significativa procede de los servicios digitales.

Francia, como se sabe, y sin esperar a que hubiera consenso en la OCDE sobre la definición del hecho imponible, aprobó una ley que entró en vigor el pasado 1 de enero con la que pretende recaudar este año alrededor de 500 millones de euros, aunque con el compromiso de ajustar los tipos impositivos a los que decida la OCDE si hay acuerdo. Es decir, se devolvería lo pagado de más en caso de que se decidiera una fiscalidad menor.

La cantidad es irrelevante para el Estado francés e incluso para el grupo GAFA (acrónimo de los cuatro gigantes estadounidenses), lo que sugiere que en realidad lo que se busca es abrir el camino para futuras imposiciones. Por lo tanto, en línea con el pacto presupuestario firmado a comienzos de este año entre el PSOE y Unidas Podemos, que asumía un impuesto a las compañías tecnológicas con el que se pretendía recaudar unos 1.200 millones de euros (más del doble que Francia).

Francia y España no son, precisamente, países irrelevantes en la Unión Europea, pero está por ver la reacción de Bruselas, más allá de vagas declaraciones. La recién estrenada Comisión Europea ha hecho, por el momento, mutis por el foro, y hasta Macron, que ha calificado la amenaza de Trump de “inaceptable”, ha dicho que espera que la UE responda “con fuerza”.

Reclamo electoral

Con el tiempo, se evaluará la contundencia de Bruselas (si la hay), pero por lo pronto lo único que queda claro es que Trump, como él mismo ha avanzado, mantendrá viva la llama de la guerra comercial hasta las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Obviamente, porque el presidente de EEUU sabe que el proteccionismo es el mejor reclamo electoral entre muchos de sus votantes, lo que explica que haya anunciado también aranceles a la importación de metales procedentes de Argentina y Brasil.

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La sección 301 permite a la Administración tomar represalias contra los movimientos de comercio exterior que perjudican a las empresas estadounidenses, algo que choca directamente con la OMC, que es el campo de juego en el que teóricamente deben dirimirse las controversias comerciales.

Eso quiere decir, ni más ni menos, que las probabilidades de que en la OCDE se alcance un acuerdo sobre la tributación de las grandes corporaciones tecnológicas en 2020 se han difuminado, lo cual tiene consecuencias para España. Máxime cuando funcionarios estadounidenses citados por 'Politico' indicaron que podrían investigar a "otros países europeos que estén contemplando planes fiscales digitales, colocándolos en la mira de futuras medidas arancelarias si siguen adelante".

A pasar por caja

El nuevo Gobierno español, si algún día lo hay, tendrá que decidir si se enfrenta a la Administración Trump, como ha hecho Macron, o renuncia a gravar la elusión fiscal, para lo cual, en teoría, debería recibir el respaldo del Partido Popular. No hay que olvidar que también el PP de Montoro tenía ultimada una norma (muy parecida a la del tándem Calviño-Montero) para hacer que el GAFA pasara por caja. Lo que han hecho Francia y su ministro de Economía, Bruno Le Maire, no es más que obligar a pagar a una treintena de grandes empresas (entre ellas Uber, Netflix o Meetic) hasta un 3% de su facturación.

Hoy es inimaginable que salga adelante la propuesta en la OCDE, y de aquí la trascendencia de la decisión de Washington, que desde la era Trump se ha ido alejando paulatinamente del consenso internacional, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Washington, de hecho, también ha advertido de que otros países que han introducido impuestos a los servicios digitales, incluidos Italia, Austria y Turquía, podrían enfrentarse a sanciones similares.

La ministra Calviño, por lo tanto, si sigue en el cargo, tendrá complicado subirse al carro francés. Entre otras cosas, por la inoperancia de la UE para defender a sus socios. Y lo que no es menor relevante, por el hecho de que sobre España y otros países europeos todavía pesa la amenaza de EEUU de imponer aranceles por las ayudas públicas a Airbus. Dos frentes algo más que difíciles de lidiar.