Los ministros (in) dependientes y el efecto Ícaro

¿Qué sentido tiene que personalidades no afiliadas al partido del Gobierno sean nombradas ministros? Hasta el momento, la ciencia política consideraba empíricamente que los titulares de carteras sin una adscripción directa al partido gobernante aportaban, en primer lugar, una mayor transversalidad de las políticas del Ejecutivo y, en segundo, unos conocimientos que les dotaban de perfiles más técnicos que ideológicos.

Se pensó que, cuando Pedro Sánchez formó sus equipos ministeriales, en 2018, 2020 y 2021, perseguía ambos propósitos al designar a un buen grupo de ministros sin carné socialista, pero con acreditada cualificación técnica. El caso más claro fue el de Nadia Calviño, que llegó a ostentar con el conservador luxemburgués del Partido Social Popular Cristiano, Jean-Claude Juncker, la Dirección General de Presupuestos de la Unión Europea cuando aquel desempeñó la presidencia de la Comisión (2014-2019).

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Pasaba, y lo era, por ser una especialista ortodoxa de la cultura bruselense que había colaborado en las estrategias de la escuela liberal de la UE. Ahora, sin embargo, como vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, se ha convertido en el ariete de las políticas menos amigables con los sectores sociales que vieron en ella un factor compensatorio a los ministros más radicalizados de Unidas Podemos. Es la que está ejecutando los gravámenes a un sector de la banca y de las empresas gasísticas, eléctricas y petroleras. La confianza del empresariado en su capacidad de equilibrar las políticas de Sánchez ha disminuido.

El caso de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es bastante parecido, pero con una circunstancia singular: entre 2014 y 2020 fue presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, nombrado por el Gobierno que entre 2011 y 2018 presidió Mariano Rajoy. Antes, Escrivá había ocupado puestos de responsabilidad en el Banco Central Europeo y en el Internacional de Pagos. Ahora se ha abonado a la heterodoxia y es el más firme defensor, por ejemplo, de mantener la indexación legal de las pensiones en plena espiral inflacionista, una expansión del gasto público que se comunicará al incremento salarial de los empleados y funcionarios públicos y derivará expectativas inasumibles en la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos. Igual que Calviño, Escrivá es otro puntal de las políticas de Sánchez.

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Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior desde junio de 2018. Antes desempeñaba la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y entre 2013 y 2018 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular en el Senado. Como en los casos de sus colegas Calviño y Escrivá, se ha revelado como un contrafuerte del presidente del Gobierno en un área de gestión delicada y en la que el Ejecutivo no ha cumplido con aspectos esenciales de lo que prometió, ni en el tratamiento de la inmigración (recuerden, Melilla), ni en la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni en la determinación que se esperaba en relación con las víctimas del terrorismo, ni, en fin, en los compromisos legislativos tan importantes como la modificación de la llamada ley mordaza.

Quienes conocían al magistrado, cuando ejercía de tal, no identifican al ministro de un Gobierno que hace tratos con Bildu. Su relación es pésima con Margarita Robles, ministra de Defensa, también independiente por magistrada, aunque afecta desde los años noventa, primero, al PSOE de Felipe González y, luego, al de Pedro Sánchez. El presidente, si prospera el proyecto de ley de secretos oficiales, retirará del CNI, bajo la dependencia de Robles, la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada y se la entregará a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Para Margarita Robles es un decrecimiento de sus competencias. Justicia poética tras la 'sustitución' de Paz Esteban.

Ministros socialistas —el ejemplo más acabado es el de Luis Planas, responsable de Agricultura— se muestran bastante más sosegados política e ideológicamente que los llamados independientes, que achican el espacio del Ejecutivo por su radicalización, incluida la responsable de Defensa, a tenor de sus comportamientos con la exdirectora del CNI.

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Son víctimas todos ellos del llamado 'efecto Ícaro'. Este, hijo del mitológico Dédalo, arquitecto que inventó unas alas de plumas insertadas en cera para que huyera de Creta volando, pero con la advertencia de que no se elevase demasiado porque el calor del sol podría fundírselas. Se acercó al astro, cayó a tierra y murió. Calviño, Escrivá, Grande-Marlaska, Robles, irreconocibles ahora respecto de lo que antes fueron, padecen el efecto Ícaro: demasiado cerca de Sánchez como para no absorber, casi por ósmosis, su calórica toxicidad populista, sus palabras inveraces, sus alianzas con los radicales y perder así su brújula personal. 'Ícaros' políticos. Han fallado en este Gobierno, entre otras cosas, los ministros con inicial capacidad de reequilibrio, de transversalidad y a los que se atribuían habilidades técnicas que no siempre han demostrado.

Magistrados y economistas con trayectorias previas ampliamente respetadas han estrechado su crédito más allá de los círculos de estricta obediencia a Sánchez y van a salir del Gobierno mermados. Porque son ya los ministros independientes más dependientes de la suerte futura del presidente. Según Sánchez, los mantendrá en su equipo hasta el fin de la legislatura. Pudiera ser, a la vista de la mala experiencia de la crisis de julio de 2021. Pero ¿no serán algunas de la ministras como Isabel Rodríguez (Política Territorial y portavoz del Gobierno), Pilar Alegría (Educación), Diana Morant (Ciencia e Innovación) y Raquel Sánchez (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) candidatas en mayo a las autonómicas y municipales? Porque si no estuvieran en el Consejo de Ministros para una promoción electoral, ¿eran las más adecuadas para asumir las responsabilidades de sus respectivos ministerios?