El Rey y Pedro Sánchez, una relación institucional crítica

Al fin, diez académicos acreditados han escrito a veinte manos un ensayo plenamente clarificador sobre la situación de deterioro institucional de nuestra democracia. Manuel Aragón, Francesc de Carreras, Juan Díez Nicolás, Tomás-Ramón Fernández, José Luis García Delgado, Emilio Lamo de Espinosa, Araceli Mangas, Francisco Sosa Wagner y Gabriel Tortella firman un texto conjunto bajo el título España. Democracia menguante. Se trata de una obra breve —270 páginas— editada por el Colegio Libre de Eméritos y que parte de un diagnóstico tan certero como fulminante: "España sufre un serio problema de legitimidad política. No de legitimidad de la democracia, pero sí de radical insatisfacción con su funcionamiento" (página 22), añadiendo que "no es la democracia, sino su deteriorado funcionamiento, lo que se rechaza" (página 25).

Nada de lo que estos intelectuales han escrito es de menor importancia o marginal. Han ido al meollo de los problemas de nuestro sistema, sin obviar ninguno relevante. Pero, quizás por primera vez, han planteado la relación entre el jefe del Estado, nuestro Rey, Felipe VI, y el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en unos términos críticos que clamaban un análisis como el que aparece en esta "democracia menguante". Y así, consideran que "lo destacable es que, en la situación actual, se ha difuminado la división de poderes tradicional en las democracias, de manera que el líder del partido controla al aparato, controla el Poder Legislativo y, en cierta medida, también al Judicial. Podría afirmarse que la democracia española ha dejado de ser una monarquía parlamentaria con división de poderes para convertirse en una especie de parlamentarismo presidencialista, intentando incluso suplantar o reducir el papel del Rey como jefe del Estado, pero sin los frenos y contrapesos que son propios de una república de régimen presidencial" (páginas 43 y 44).

"Las actuaciones de determinados responsables políticos que no están en consonancia con su deber constitucional de respeto y lealtad al Rey"

Los catedráticos no se quedan ahí y subrayan que "algunos de los elementos generadores de esta crisis de la forma de gobierno vienen de más atrás, como el de la conversión de nuestro parlamentarismo de presidente de Gobierno en una práctica de parlamentarismo presidencialista mediante la cual el Gobierno como órgano deja de tener relevancia propia, absorbido por la persona de su presidente que, al mismo tiempo, se presenta (o aparenta presentarse) más como presidente de la nación que como mero presidente del poder ejecutivo, simulando una especie de jefatura del Estado que no le corresponde a él, sino al Rey" (página 53). De esta descripción —difícil de rebatir— deducen los autores que "pudiera ser conveniente que, si en algún momento se acometiera una reforma constitucional se aprovechase para cambiar el nombre de presidente del Gobierno por el de primer ministro que es el apropiado en las monarquías parlamentarias […]así terminaría la incorrecta referencia —en el plano interno e internacional— al presidente español, para ser sustituida por la más correcta de primer ministro" (página 69).

Los redactores de este diagnóstico tan certero detectan un peligro para la monarquía española: "Las actuaciones de determinados responsables políticos que no están en consonancia con su deber constitucional de respeto y lealtad al Rey, ni con el correcto entendimiento y aplicación de las prescripciones constitucionales, pese a que tales deberes son consustanciales al desempeño de los cargos públicos que ostentan y, así, además, lo expresaron solemnemente en la toma de posesión de los mismos […] aquí no estamos en presencia del ejercicio de la libertad ideológica o de la crítica jurídica, sino de una reprochable conducta de deslealtad constitucional" (página 73). Son terminantes los académicos que han elaborado este diagnóstico en que la "continuidad de la monarquía parlamentaria […]" puede calificarse como una condición "existencial de nuestro sistema constitucional" (página 81).

Sánchez ha ido invadiendo a los otros poderes del Estado por los mecanismos que se describen en este ensayo

Es evidente que la relación institucional entre el Rey y el presidente del Gobierno es una cuestión crítica para nuestra democracia. Pedro Sánchez ha ido invadiendo a los otros poderes del Estado por los mecanismos que se describen en este ensayo, pero también ha ido reduciendo el radio de acción de la jefatura del Estado. No ha reprobado los plantones a Felipe VI en Cataluña; no ha disciplinado en el respeto a la Corona a los ministros que contradicen su compromiso con la Constitución a la que prometieron fidelidad y que denuestan de la monarquía parlamentaria llegando a no reconocerla como legítima —no acuden a las rondas de consultas del artículo 99 de la CE—, ni ha observado el cuidado preciso en la gestualidad protocolaria que el Rey merece por su condición— desde retrasos con espera del monarca hasta negativas a refrendar desplazamientos de Don Felipe, pasando por inadecuados comportamientos que parecen subordinar al Rey en actos públicos.

Sería interesante un análisis, también crítico, de la agenda del Rey y de si, como establece la Constitución, está directa y sistemáticamente informado, mediante despachos frecuentes y presenciales con el presidente del Gobierno, de los "asuntos de Estado" (artículo 62. G de la CE). En algunos círculos políticos ha surgido la pregunta: ¿estaba el Rey al tanto de la carta —es el más alto representante del Estado español en las relaciones internacionales según el artículo 56 de la CE— del presidente del Gobierno a Mohamed VI sobre el cambio de posición de España respecto del Sáhara occidental? Una pregunta, de momento, sin respuesta, porque uno de los rasgos de Felipe VI es la discreción propia también de los colaboradores en su Casa.

Denuncian con serenidad, accesibilidad y buen tino. Más vale que atendamos el aviso que su ensayo supone

En el régimen presidencialista al que ha mutado —o está en ello— nuestro sistema institucional, es posible el atropello a la Constitución, tanto a su letra como a su espíritu. Las Cartas Magnas pueden mantenerse sin acudir a procesos constituyentes para derogarlas porque existen técnicas de vaciamiento de sus contenidos que disecan la norma fundamental e imponen un poder de rasgos autocráticos. Esto es lo que está sucediendo en España, como estos diez autores —una suerte de aristócratas de distintas ramas académicas, desde el derecho constitucional a la economía aplicada, desde el derecho internacional al administrativo— lo denuncian con serenidad, accesibilidad y buen tino. Más vale que atendamos el aviso que su ensayo supone.