Pérez de los Cobos, en el espejo de Ponsatí (el ensañamiento y la impunidad)

Estos son los primeros hechos a considerar:

Clara Ponsatí (Barcelona, 1957) fue consejera de Educación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, bajo la presidencia de Carles Puigdemont, entre el 14 de julio y el 28 de octubre de 2017. Ella fue la que dio las órdenes precisas para que las escuelas públicas se convirtiesen en colegios electorales del referéndum ilegal del 1 de octubre de ese año. Veintisiete días después, y sin estar entonces requerida por la Justicia, huyó a Bruselas de la misma forma que el presidente de la Generalitat, Lluís Puig y Toni Comín.

Fue procesada por un delito de sedición, pero no fue juzgada porque en España la Administración de la Justicia es plenamente garantista y no admite, como en otros países democráticos, el enjuiciamiento en ausencia física del imputado o procesado.

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El Gobierno de Pedro Sánchez —a través de los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos— presentó una proposición de ley el 11 de noviembre del pasado año por la que se suprimía el delito de sedición, se tipificaban —en una falsa alternativa al ilícito derogado— los desórdenes públicos agravados y se introducía un tipo leve de malversación. La reforma del Código Penal se aprobó y entró en vigor el 12 de enero pasado.

Clara Ponsatí, eurodiputada desde febrero de 2020, quedó libre de cualquier responsabilidad por los hechos sediciosos de octubre de 2017 por el efecto retroactivo de la reforma penal. El instructor de la causa, Pablo Llarena, dictó un auto, también en enero, le aplicó los beneficios de la retroactividad penal y le imputó solo un delito de desobediencia sancionado con multa e inhabilitación.

El pasado martes, Clara Ponsatí fue detenida en Barcelona y puesta en libertad, siendo citada para comparecer ante el instructor el día 24 de abril próximo. No se adoptaron por el juez de guardia, ni por el instructor, ninguna medida cautelar, de modo que la europarlamentaria viajó inmediatamente después a Bruselas. Su inmunidad está pendiente de sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que, al parecer, confirmará que ella y los otros europarlamentarios —Puigdemont y Comín— no son inmunes.

Esta es la concisa historia de la impunidad de Clara Ponsatí y de los condenados por sedición que, primero, se beneficiaron de un indulto parcial y fueron excarcelados, y luego quedaron exentos de responsabilidad criminal por los hechos sediciosos. Gracias a una reforma ad hoc impulsada por el Gobierno, Ponsatí está y estará libre como un pájaro pese a sus indudables responsabilidades en el golpe de octubre de 2017.

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Pedro Sánchez asumió como un “compromiso personal” primero los indultos y después la supresión de la sedición. Como ha reconocido ERC, ambas decisiones fueron pactadas con el Gobierno a cambio del apoyo parlamentario de los 13 diputados republicanos, a los que se han sumado los cinco de Bildu, formando así la llamada mayoría de la investidura, que ha permitido al presidente del Gobierno seguir siéndolo. Como se ha escrito con exactitud, ha pasado que el Ejecutivo negoció con los delincuentes su impunidad.

Estos son los segundos hechos a considerar:

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos (Gandía, 1963) fue en octubre de 2017 el responsable de coordinar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado —incluida la policía autónoma catalana— y formó parte de la Junta de Seguridad de Cataluña. Previamente, había colaborado en el Ministerio del Interior con el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba y en mayo de 2018 —ya después del golpe en Cataluña— fue nombrado jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y cesado en 2020 por supuesta pérdida de confianza, al no entregar a la directora general del instituto armado ni al ministro del Interior un informe elaborado por su comandancia en funciones de policía judicial, esto es, bajo la dependencia de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que impuso a los funcionarios policiales el deber de reserva.

El coronel Pérez de los Cobos recurrió en tres instancias: en la primera, se anuló su cese; en la segunda, la Audiencia Nacional lo ratificó, y, en casación, la Sala Tercera del Tribunal Supremo revocó —el martes pasado— la de segunda instancia y anuló el cese del coronel. La sentencia no se conoce en su integridad, solo la parte dispositiva. El mismo martes, el Consejo de Ministros nombró a Mercedes González —secretaria general del PSOE de la ciudad de Madrid— nueva directora general de la Guardia Civil, ya que la anterior —María Gámez, la que destituyó por orden del ministro del Interior a Pérez de los Cobos— tuvo que dimitir al imputarse a su marido presuntos delitos de corrupción.

La dimitida señora Gámez ha bloqueado desde 2020 hasta ahora la promoción al generalato de la Guardia Civil de Diego Pérez de los Cobos, al que relegó a un puesto de inferior categoría con merma de su retribución. El Ministerio del Interior adujo el mismo martes que reiteraba que “las razones de fondo que decidieron el cese persisten y se han visto confirmadas y consolidadas con los elementos conocidos con posterioridad”. Ayer en el Congreso, Fernando Grande-Marlaska arrojó dudas insidiosas sobre la probidad del coronel en el manejo de los fondos reservados cuando estuvo destinado en su ministerio.

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Esta es, breve y concisamente relatada, la historia de un ensañamiento que llega a unos niveles de bajeza moral y de falta de escrúpulos insospechados, incluso en un personaje como el actual ministro del Interior y, por supuesto, del presidente del Gobierno. Los casos de impunidad de Clara Ponsatí y de ensañamiento con Diego Pérez de los Cobos son la cara y la cruz de una realidad sectaria: toda la benevolencia hacia la golpista se transforma en inquina alevosa contra un mando de la Guardia Civil que, tanto en octubre de 2017 en Cataluña como en la jefatura de la Comandancia de Madrid, ha cumplido la ley.

Toda la benevolencia hacia la golpista se transforma en inquina alevosa contra un mando de la Guardia Civil que ha cumplido la ley

Son insoportables las actitudes y decisiones arbitrarias del Gobierno y, más aún, de indignidad de Fernando Grande-Marlaska que, además de comportarse rastreramente con el coronel Pérez de los Cobos, trata de difamarle gravemente. Este asunto no va de ideologías, ni de izquierda, ni de derecha. Esto va de ética cívica, de recta moralidad laica, de valores democráticos. El ministro del Interior, en cualquier Estado de derecho, habría dimitido o habría sido cesado; en cualquier Estado de derecho, Pérez de los Cobos habría sido inmediatamente rehabilitado; en cualquier Estado de derecho, el mismo Parlamento y la sociedad civil hubiesen tratado de impedir la reforma del Código Penal para beneficiar a los aliados del Gobierno.

Ocurre que cuando el propio Gobierno pierde así la decencia (“dignidad en los actos y en las palabras”) no hay posibilidad de recuperarla. Sin embargo, es aleccionador que, confrontando la impunidad regalada por el Gobierno a Ponsatí y el ensañamiento empleado con Pérez de los Cobos, resulte muy sencillo que cualquier ciudadano llegue a la lógica conclusión de que este Gobierno es democráticamente tóxico. Lo echarán las urnas.