El Rey entra de nuevo en la dañada escena institucional

"Reflexionar con calma antes de adoptar ninguna determinación, no cansarse nunca de obrar el bien, y tratar cada asunto según convenga", Confucio.

El próximo día 17 de agosto se constituirán las Cortes Generales conforme a los resultados que mañana dicten las urnas. Y una vez el Congreso de los Diputados elija a su presidente y a la Mesa de la Cámara, el jefe del Estado, el Rey, dispondrá del interlocutor constitucional para comenzar la ronda de consultas con los portavoces de los grupos parlamentarios con la finalidad de proponer, siempre a través de la presidencia del Congreso, al candidato a la investidura, tal y como ordena el artículo 99 de la Constitución. Los debates de investidura están regulados por el reglamento del Congreso y corresponde a su presidente fijar sus fechas de celebración.

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Hasta que no llegue ese momento, el Rey no volverá a entrar en la escena institucional que es la más dañada de los últimos años porque el quinquenio político entre 2018-2023 ha destrozado la red orgánica de la democracia española. Ya lo hizo —su aparición institucional— al firmar, como actos debidos, los reales decretos de convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo (3 de abril), refrendado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y de las elecciones generales (29 de mayo), refrendado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La agenda del Rey ha sido desde abril, como lo es siempre, de impecable neutralidad, cumpliendo sus deberes representativos, pero sin rozar ni un ápice cuestiones que perteneciesen al ámbito del debate político. Las intervenciones de Don Felipe han sido pesadas y medidas por su Casa de manera milimétrica para conservar y acrecentar el gran patrimonio institucional común que es la Corona.

Para Felipe VI, desde su proclamación ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014, el ejercicio de su función constitucional no ha sido sencilla. En nueve años de reinado, el Rey ha afrontado las rondas de consultas en la XI, XII, XIII y XIV legislaturas, cuatro, cuando su padre, el rey Juan Carlos I, entre 1979 y 2014, gestionó diez. Ahora encara la quinta. Hasta las elecciones de 2015 —con la eclosión del multipartidismo— el jefe del Estado solo precisó de una ronda para proponer candidato a la presidencia del Gobierno, que fue elegido en primera o segunda votación, pero sin fracasos y sin repeticiones electorales. Don Felipe ha tenido que manejarse en el multipartidismo, lo que ha conllevado propuestas fallidas (de Pedro Sánchez y de Mariano Rajoy), propuestas rehusadas (por Mariano Rajoy) y reiteración de comicios: los de 2015 se repitieron en 2016 y en 2019 hubo otras dos convocatorias. Las de mañana son las quintas elecciones legislativas de su reinado en menos de una década. Las primeras en un mes de julio y las primeras inmediatas —menos de dos meses entre ambas— después de unas locales y autonómicas.

El Rey ha afrontado las rondas de consultas en la XI, XII, XIII y XIV legislaturas, cuatro, cuando el rey Juan Carlos I entre 1979 y 2014 gestionó diez

El rey, que no ejerce el voto en los comicios, como la reina, y los demás miembros de la familia real (la princesa de Asturias y su hermana, la infanta Sofía, tampoco lo harán cuando cumplan la edad que les da derecho a hacerlo), escucha en sus consultas a los representantes de los grupos parlamentarios, pregunta lo imprescindible y expresa abstractamente su criterio institucional sin salirse de los estrechos márgenes de autonomía que le asigna el uso constitucional. Además, con la templanza que le caracteriza, soporta los supuestos desaires de fuerzas políticas que no acuden a la Zarzuela para no reconocer con ese gesto su magistratura ni legitimar la Constitución (ERC, Bildu). Es el gran referente institucional —y prácticamente único— de nuestro sistema político-constitucional.

No faltan expertos constitucionalistas y politólogos que, sin embargo, aconsejan que la monarquía parlamentaria española siga los criterios de otras en las que el monarca se distancia de estas conversaciones y las deja en manos de titulares institucionales que le plantean luego al Rey una propuesta definitiva. Este, como algún otro asunto, merece una consideración, pero tampoco debería representar una urgencia porque Felipe VI ha mostrado ya una especial capacidad para situarse siempre en el terreno que le corresponde y se ha ganado el respeto de los dirigentes políticos y la estima de la sociedad española.

Opinión

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En esta convulsión política en la que el deterioro de la reputación de tantos dirigentes y de tantas instituciones políticas y sociales es corrosiva, la percepción ciudadana del Rey es cada día mayor y mejor. La Corona es prácticamente la única institución que mantiene el comportamiento que la Constitución le asigna. En particular, Felipe VI la ha recuperado de su punto de inflexión (los hechos que llevaron a la abdicación en 2014 de su padre, Juan Carlos I) y la ha consolidado de manera indiscutible. Ya ha vuelto a calar, después de un paréntesis temporal accidentado y penoso, la certeza de que la monarquía parlamentaria asegura la continuidad apartidista en el vértice del Estado, que ampara los valores constitucionales, que los defiende y representa y de que su titular está ejecutando una a una las promesas del "nuevo tiempo" que garantizó en el discurso de su proclamación hace poco más de nueve años. Felipe de Borbón y Grecia era el Rey necesario.

Será en esta XV legislatura cuando la princesa de Asturias —el 31 de octubre— jure la Constitución y la lealtad al Rey y la Corona adquiera así una perspectiva nítida de futuro como factor permanente, transversal y representativo de la nación y del Estado. Eso que nos queda como cierto en estas horas de reflexión y benefactora conclusión de esta olvidable campaña electoral.