Sánchez y la distopía

“62.400 repeticiones hacen una verdad”.

( Un mundo feliz, Aldous Huxley, 1932)

La nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha tenido, y tendrá en diferido, un coste indudablemente destituyente y, por lo tanto, descabellado:

1) La amnistía implica una inevitable involución en el Estado de derecho porque, sin otra motivación real que la transaccional con los grupos independentistas para captar su voto en el Congreso, quedan infringidos los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley. No solo. Se deslegitima la actuación del poder judicial y se desautoriza al jefe del Estado. La exposición de motivos de la proposición de ley orgánica presentada por el grupo socialista y el discurso de Sánchez no responden a la realidad de las circunstancias que la motivan y, por consiguiente, son relatos mendaces que encubren una clara desviación de poder. No hay precedentes, además, de que los redactores de una norma que recoge la más radical expresión del derecho de gracia sean sus propios beneficiarios y que no renuncien a reiterar la comisión de los delitos que les son perdonados.

2) Los acuerdos del PSOE con Junts, ERC y el PNV —el que haya podido suscribir con EH Bildu no consta— desbaratan el pacto territorial que recoge el artículo segundo de la Constitución, porque plantean la negociación de un referéndum consultivo de autodeterminación y el reconocimiento nacional del País Vasco y Cataluña. El modelo autonómico se supera en esos pactos para ir materializando, por vía de hecho, otro de naturaleza confederal. Todo ello en contra de la doctrina expresa del Tribunal Constitucional. Los prólogos de esos acuerdos componen, además, una interpretación jurídica y política subversiva de la reciente historia de España.

3) Las concesiones financieras al independentismo catalán y vasco son exorbitantes (condonación de deuda del Estado, cesión completa de la fiscalidad a la Generalitat, ampliación del concierto económico del País Vasco con transferencia de la gestión de la Seguridad Social y, entre otras más, la introducción de una cláusula foral de salvaguardia competencial en todas las leyes ordinarias y orgánicas que aprueben las Cortes Generales), atentan contra el principio de solidaridad interterritorial y agudizan las desigualdades entre comunidades, de modo tal que las de mayor renta per cápita, gobernadas por partidos secesionistas y nacionalistas, siguen incrementándola en detrimento de los ciudadanos de las demás comunidades autónomas.

4) La dignidad del Estado ha quedado comprometida al negociarse la investidura del presidente del Gobierno en una capital extranjera (Bruselas), con un prófugo de la Justicia sin cargo orgánico en su propio partido (Puigdemont), imponiéndose al sistema institucional español nada menos que una verificación internacional (¿en Ginebra?) sobre el proceso negociador en el que participará el partido gubernamental. Por si fuera poco, se está considerando la prestación por el Estado de servicios de seguridad en territorio belga —o en cualquier otro al que Puigdemont se desplace— a una persona a la que se le imputan en España los delitos de malversación agravada y desobediencia, después de haberse despenalizado el de sedición que igualmente se le atribuía presuntamente.

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El presidente del Gobierno y varios de sus ministros y cargos orgánicos del PSOE negaron antes del 23 de julio pasado la posibilidad, tanto jurídica como política, de que la amnistía y de que esos pactos pudieran consumarse. La realidad, de nuevo, les desmiente, de tal forma que sus perfiles institucionales son ya propios de una parodia, es decir, se imitan a ellos mismos de forma burlesca y se comportan despectivamente frente a los ciudadanos ante los que no mantienen ni la certidumbre de sus compromisos ni el significado literal de sus palabras. La verborrea moralista de sus argumentarios, sin embargo, no es capaz de salvar la contradicción de cogobernar el Estado con los que quieren destruirlo y, que, además, lo reconocen paladinamente tanto dentro como fuera del Congreso de los Diputados.

Peor aún es el ropaje léxico de esta cabalgada destituyente: se excluye de la comunidad democrática a 11 millones de ciudadanos españoles a cuyos representantes se les cubre de oprobios y se les connota, nada menos, de “profetas del odio”. Al tiempo, se acoge con complacencia a los representantes de formaciones condenados en firme por delitos graves contra la soberanía del Estado, conniventes con episodios de vandalismo callejero extremo, malversadores probados y que, como en el caso de dirigentes de EH Bildu, se niegan a condenar la violencia terrorista de ETA. Asumir ese lastre tal y como lo hace el secretario general del PSOE solo puede atribuirse a la bulimia de poder que padece.

Pedro Sánchez, en su fallido discurso, lejos de suavizar las peores aristas de las concesiones para obtener su investidura, las afiló haciendo buena la opinión según la cual el conflicto es ya entre españoles. Y de ese modo, el socialista introduce el país en un escenario distópico, es decir, y como escribe Sergio Hernández Ranera en el prólogo de la novela inicial de ese género ( Nosotros, de Evgueni Zamiatin), el que conforma una “sociedad indeseable en sí misma”. Lo es aquella que, como hoy la española, siguiendo el discurso del presidente, ha renovado sus banderías irreconciliables a través de políticas y decisiones de confrontación, en la que los valores constitucionales se desactivan y en la que las palabras se pervierten con significaciones alternativas y oportunistas.

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Pedro Sánchez, solo y por sí mismo, no podría ser el causante de esta distópica situación. Como ha ocurrido en otros episodios de la historia que ahora nos resultan incomprensibles, el secretario general del PSOE ha contado y cuenta con un cortejo sin excesivo talento para la adulación del líder, pero con un especial instinto de servilismo hacia él porque al respaldarlo, jalearlo y acompañarlo en esta travesía tan arriesgada cree asegurarse un estatuto económico, reputacional y de empoderamiento que no obtendría en la abierta competencia profesional. Y es que las distopías son el resultado de la peor combinación entre el autoritarismo y el gregarismo. Las enormidades oratorias —las de Abascal— que parecen oponerse al actor principal de esta representación suponen en realidad un colaboracionismo eficaz con la destrucción institucional.

Muchas generaciones que, sucesivamente y en los peores tiempos, han trabajado para que no sucediese lo que ahora está ocurriendo se declaran en un estado de ánimo similar al manifestado el pasado 28 de agosto por el historiador Juan Pablo Fusi Aizpurúa (San Sebastián, 1945) en El Diario Vasco: “Siento todo lo que ocurre hoy como la derrota de mi generación”. Y no solo de la suya. También de otras posteriores.