A falta del Rey, todo bajo control

La segunda fuga de Puigdemont y la investidura de Illa son episodios dolosamente conectados porque responden a una lógica trabajada. A la misma a la que responden los pactos de investidura de Pedro Sánchez e idéntica a la que explica la amnistía y, a la postre, similar desde la que se entiende el acuerdo entre el PSC y ERC sobre la llamada 'financiación singular de Cataluña'.

Esta lógica consiste en poner en marcha un proceso de destrucción controlada de la Constitución de 1978 y el objetivo es mutar el Estado autonómico actual en una suerte de confederación en la que los españoles serían los parias, los vascos y navarros una categoría superior y los catalanes, por número y capacidad económica, la última ratio electoral. Darán y quitarán el poder.

Tantas cuantas veces se apela a 'errores', 'abusos', 'ambiciones’ y 'humillaciones' como explicación de lo que sucede, sus autores intelectuales —que no siempre coinciden con los ejecutores— callan y asienten (y sonríen). Los silencios de la Moncloa antes y después del pasado 8-A, antes y después de la firma del acuerdo de investidura de Illa, el largo tiempo de taimada evasión en la confirmación de que habría ley de amnistía, no son expresiones de una perplejidad sino de una connivencia.

Sánchez es ese tipo de personaje —cisne negro— que aparece en el devenir de un sistema político que idea destruirlo desde dentro para continuar en el poder. Y en ese propósito, no tiene límites, porque la lógica que se impone es no tenerlos, sorprender a los más ingenuos con un salto de pértiga ante cualquier obstáculo, sea legal, cívico, ético o moral. Su comportamiento es coherente con todo lo que sucede y con las adhesiones que reúne, entre ellas las mediáticas y, por supuesto, las de sus socios cuya vocación destructiva del Estado es la razón de su existencia política. Todo el rencor, frustración y rechazo a lo que supuso la transición de 1978 se apiña con Sánchez para exigir medio siglo después la 'ruptura' de esa democracia resumido en la canónica y oficial 'memoria' selectiva y sectaria. Se trata de no superar el hándicap de nuestra propia historia e imponerse mediante el enfrentamiento (el muro), rasgo idiosincrático de la convivencia entre los españoles que se azuza en vez de amortiguarse.

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Sánchez ha logrado, ideando o ejecutando un plan para ese propósito: el control íntegro de los resortes del poder. La ocupación del Tribunal Constitucional es una de las operaciones claves. La neutralización del Congreso y del Senado la consigue mediante la evidente técnica de congelar su labor: si no se aprueban proyectos de ley y no salen adelante proposiciones, no se presentan ante las Cortes Generales y, si aprieta la necesidad, se recurre al decreto ley que luego se convalida mediante precio con alguno de los socios más renuentes.

El Gobierno renunció a presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2024 y tampoco tiene trazas de que pueda registrar los del 2025. Se sustrae así al Congreso el principal debate que le encomienda la Constitución y se sustituye el vacío con habilitaciones de créditos. Como el Senado es más díscolo, se le retira, mediante una enmienda 'intrusa', la facultad de aprobar el techo de gasto. Los mecanismos de equilibrio de poderes van, paso a paso, neutralizándose, pero siempre con apariencia de legalidad y conforme a un relato de adhesión inquebrantable a la Constitución que se destruye.

Opinión

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Los jueces y magistrados son un poco más difíciles de controlar, pero no imbatibles. Cándido Conde Pumpido se encarga de que todos los recursos de amparo contra las sentencias de relevancia política del Supremo sean estimados y revocadas las sentencias impugnadas; el TC garantiza también resoluciones favorables a las leyes más cuestionables (la de amnistía, por ejemplo), pero no solo. También avalará la excepción catalana al régimen común de financiación si se logra la reforma de la LOFCA, obviando la constitucional previa que es imprescindible. Reformulado el órgano de garantías constitucionales como una aberrante última instancia jurisdiccional, Sánchez se asegura el aval a todos sus acuerdos con exigencia de implementación normativa y elude las sentencias del Supremo.

Ausente el Estado y la nación común en el País Vasco, Cataluña y Navarra la confederación está ya en marcha. Disponen los gobiernos de esos territorios de financiación, de competencias exclusivas, de infraestructuras, de policía integral, de políticas lingüísticas desbordadas contra el castellano, de competencias en el exterior y de impunidad absoluta en la construcción de su particular soberanía. Personajes como Salvador Illa, adjetivado de 'sensato', 'sobrio' y 'conciliador', llamado a administrar un programa de gobierno de ruptura secesionista, se comportan con la docilidad del débil o del taimado. Mientras tanto, se hace pasar por 'nuevo ciclo', 'nueva época', la legislatura catalana controlada por los veinte votos de ERC.

En el País Vasco, a la espera de que el PNV se despeñe en las urnas —lo que sucederá si el tono nacionalista lo protagoniza un burócrata como Pradales—, Sánchez cultiva a Bildu que ya dispone de la hegemonía nacionalista desde el 9-J. El regalo del Ayuntamiento de Pamplona a los de Otegi fue una señal inequívoca. Los abertzales radicales son hoy el más fiel socio de Sánchez porque saben mejor que nadie que su labor es dinamitera del Estado al que han combatido desde hace más de medio siglo.

En este plan, la colonización de las instituciones es proverbial: desde la embajada de España ante las Naciones Unidas a la fiscalía general del Estado —otra pieza maestra del plan pasando por las presidencias de organismos de la Administración General del Estado: el CIS, la Agencia EFE…y muy pronto, el gobernador del Banco de España. Se sustancia el vuelco, igualmente, en el diseño de una política exterior que quiebra la continuidad. Es el caso de nuestras relaciones con Israel y Argentina y del sometimiento a Marruecos. Por supuesto, siempre al margen del Congreso. El embate contra la prensa crítica, por fin, no requiere de ulteriores comentarios. Es obvio.

La fiscalía alcanza en estos y otros asuntos su más ínfimo nivel, aherrojada por el fiscal general del Estado

Los síntomas de nepotismo, en beneficio de su mujer o de su hermano (sin olvidar a Ábalos), se resuelven con la privatización del Gobierno en defensa de ambos y la utilización del partido en una brutal embestida mediática. Para elaborar la coartada que podría necesitar, el presidente manipula a la Abogacía del Estado —regida por un funcionario dócil bajo el dictado de Bolaños— que se querella contra el juez instructor del caso Gómez. Luego, su mujer hace lo propio añadiendo a una supuesta prevaricación del togado el delito de revelación de secretos. La fiscalía alcanza en estos y otros asuntos su más ínfimo nivel, aherrojada por el fiscal general del Estado, a las puertas de una investigación en el Supremo.

Falta la Corona. Queda por controlar el Rey. Se intentará, aunque ahora se niegue como se negó todo lo que después Sánchez hizo, orgulloso del aquietamiento social y político ante sus falsedades. Bastará que el Congreso apruebe una Ley de la Corona que desarrolle el Título II para completar el plan. En esa ley —que con casi unanimidad los juristas consideran inconstitucional — se retirará la inviolabilidad al jefe del Estado y se le aforará en la Sala Primera y Segunda del Supremo para que, eventualmente, sea enjuiciado por sus responsabilidades contraídas fuera del ámbito institucional. Por supuesto, se interpondrían recursos de inconstitucionalidad, regresarán las lamentaciones jeremíacas, pero de nuevo el TC, con criterios creativos, daría por buena la norma. Sin inviolabilidad del Rey no hay monarquía, como ha reiterado el catedrático y exmagistrado del Constitucional Manuel Aragón Reyes. Cualquier desarrollo del Título II (salvo el previsto en él) será una agresión a la monarquía parlamentaria que solo requiere de la supresión de la prevalencia del varón en la sucesión y la regulación orgánica de las abdicaciones, renuncias y dudas en el orden sucesorio.

Después, vendría la convocatoria del referéndum, en Cataluña, tantas veces rechazado por el PSOE, unas negaciones rutinarias que afirman lo que rechazan, (el denominado 'acuerdo de claridad' está contemplado en el pacto PSC-ERC), y el plan habría alcanzado sus últimos objetivos. Es de esperar que en este trayecto Sánchez tropiece con la voluntad democrática de la sociedad española que asiste con hartazgo y aparente indiferencia a la ruina de la Constitución de 1978. Pero de momento, y salvo a Felipe VI, lo tiene todo bajo control. Incluso a Puigdemont, por supuesto.