Conde-Pumpido pierde el pulso (y Sánchez, también)

La clave de bóveda de la arquitectura efímera del sistema de poder de Pedro Sánchez ha sido la figura del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. También lo fue con Rodríguez Zapatero, con el que desempeñó la fiscalía general del Estado entre 2004 y 2011, durante sus dos legislaturas. Es un magistrado de carrera duro, técnicamente preparado, pero —esas son sus debilidades— vanidoso y soberbio. Desde marzo de 2017, es magistrado del Constitucional, elegido por el Senado, y desde enero de 2023, su presidente.

Al frente de una mayoría de magistrados afines al Gobierno (él y seis más, de un total de doce), Conde-Pumpido ha dado cobertura constante a las iniciativas legislativas del Ejecutivo de Sánchez manejando descaradamente la interpretación constructivista de las normas, incluida la Constitución, lo que ha convertido al órgano de garantías constitucionales en una suerte de colegislador, siempre en línea con el criterio de la Moncloa. Ni una sentencia del Constitucional en asunto de alguna trascendencia ha contravenido las decisiones e iniciativas gubernamentales. Así, Conde-Pumpido ha convertido al TC en el precinto de garantía de los propósitos destituyentes de Sánchez

Conde-Pumpido contra el Supremo

Otra de las más íntimas intenciones de Conde Pumpido ha consistido en convertir el Tribunal que preside en una instancia de casación para revocar tanto cuanto ha podido las sentencias de las Salas Segunda (de lo Penal) y Tercera (de lo Contencioso) del Supremo. Por esa razón amparó la ponencia de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, para que revocase la resolución de la Audiencia de Sevilla, confirmada en casación por la Sala Segunda del Supremo, que condenaba por prevaricación y corrupción a los responsables del manejo de los fondos públicos para ERE en Andalucía. Entre los condenados, dos expresidentes socialistas de la Junta andaluza, Chaves y Griñán, y varios exconsejeros.

La sentencia del TC, que contó con los votos particulares discrepantes de los magistrados de la minoría, es la más soez intromisión de todas las conocidas en la jurisdicción ordinaria y sus fundamentos resultan de una endeblez inaudita al punto de establecer un espacio de impunidad penal sobre determinadas decisiones preliminares en los procesos legislativos.

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La ejecución de esa sentencia requería otra de la Audiencia de Sevilla que se ajustase a los criterios del Constitucional. Los cinco magistrados a los que correspondía dicha ejecución, sin embargo, han observado que la resolución del órgano de garantías constitucionales podría infringir el derecho europeo en materia de corrupción por lo que se disponen a elevar una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo, dejando en suspenso la ejecución de la sentencia del TC

De Puigdemont a García Ortiz

La decisión de estos cinco jueces no tenía precedente. Conde-Pumpido la entendió, además, como un desacato, cuando, en realidad respondía a un mecanismo jurisdiccional que pretendía dos efectos: el primero, contrastar las tesis del Constitucional con la interpretación por el TJUE del derecho europeo en materia de corrupción; el segundo, defender el ámbito propio de la jurisdicción ordinaria, es decir, la de la propia Audiencia de Sevilla y el casacional del Supremo.

Conde-Pumpido ha comprendido perfectamente el propósito de ese trámite sustantivo y quiso impedirlo. Primero reclamó ser informado por la Audiencia sevillana, para lo que carece de competencias, y después, puso en marcha el proceso para anular su decisión. No ha conseguido ni lo uno ni lo otro. Y el lunes, tras varios informes de los letrados del Tribunal en sentido inequívocamente contrario a su opinión, desistió públicamente y, lo más llamativo aún en el personaje, se dolió de las críticas al Constitucional, también de las que él denominó ‘presiones’ y se mostró ‘tocado’ por las advertencias del Supremo contenidas en dos autos sobre la posibilidad de que los magistrados del Constitucional pudieran cometer también delitos de prevaricación en el ejercicio de sus funciones.

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El pleno del órgano de garantías concluyó sin que se produjera ni una mera declaración con las conclusiones del debate, que según nota oficial "sigue abierto", sobre la procedencia de la cuestión prejudicial de la Audiencia de Sevilla. Conde Pumpido, además de fracasar, ha roto la más mínima cohesión entre los magistrados, incluso y aunque en público lo nieguen, de los adscritos al oficialismo.

El que se aflige, se afloja, y Conde-Pumpido se ha afligido mostrando su debilidad. La jurisdicción ordinaria le ha doblado el pulso, muchas de las resoluciones del Tribunal que preside van a tener expedita la vía europea para su validación o anulación, las críticas al sectarismo con el que él y otros magistrados se comportan, les escuecen y los avisos de que la inmunidad de que gozan los magistrados (artículo 22 de la Ley Orgánica que regula el TC) no es absoluta, parece que les inquietan.

El muro de Sánchez, uno de cuyos contrafuertes es Conde-Pumpido al frente del TC, se agrieta. Incluso la sentencia favorable a la constitucionalidad de la amnistía no terminará de resolver la situación de Puigdemont y Junqueras, y otros más, porque, aunque la norma quede respaldada por el TC, su aplicación es un acto jurisdiccional diferente y posterior que ha correspondido al instructor (Pablo Llarena) y a la Sala de Apelación (del Supremo) y la Sala Segunda. Además, avanza el debate jurídico sobre si el Constitucional debe esperar o no a que el TJUE resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas.

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El resbalón de Conde-Pumpido, con su declaración de debilidad del pasado lunes, añade fragilidad a la legislatura y demuestra que ni Sánchez ni sus peones, estén donde estén situados, tienen la capacidad que suponía la Moncloa en la neutralización de los mecanismos de equilibrio del Estado de Derecho. Además, si el Constitucional tratase de interferir en la causa que se sigue contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, anulando lo esencial de la instrucción (registro de la fiscalía e incautación de aparatos digitales), el Supremo tendría abierta de par en par la consulta suspensiva al TJUE sobre esa decisión. Pintan bastos y Conde-Pumpido es consciente.