Carles, 'yo sí (o no) te creo'

Es el momento de plantear una moción de censura a Pedro Sánchez. Solo puede hacerlo el Partido Popular porque poner en marcha este procedimiento de exigencia de la responsabilidad política al presidente del Gobierno requiere del respaldo de una décima parte de los 350 diputados del Congreso. Vox solo dispone de 31 y Junts de 7. La moción es constructiva, es decir, incluye, de prosperar, una nueva investidura. Es el último recurso de defensa de la Constitución de 1978. Todos los demás están neutralizados, desactivados, inertes. Sánchez ha decidido gobernar sin el Parlamento, sin Presupuestos Generales del Estado y sin atender a los más elementales usos de las democracias liberales. Le apoyan medios de comunicación como RTVE, El País, la SER o La Vanguardia (el Grupo Godó), una variable de la situación que en modo alguno hay que echar en saco roto, por lo que supone ahora y por el precedente que sientan para el futuro (capítulo sexto de La huella de Sánchez, páginas,167-200).

Junts y Carles Puigdemont quieren transmitir determinación en su ruptura con Sánchez. La decisión de enmendar a la totalidad los proyectos y proposiciones de ley, y negar la convalidación a los decretos leyes aprobados por el Gobierno es un paso adicional y más comprometido que la declaración anterior de cierre de las negociaciones con el PSOE en Suiza con Zapatero y con la mediación de un diplomático salvadoreño (el relator) que ha hecho mutis por el foro. La portavoz de Junts en el Congreso ha afirmado con énfasis que Sánchez no puede gobernar porque ya no tiene mayoría en el Congreso. Nogueras sabe que no es así: la minoría parlamentaria no le importa a Sánchez porque el presidente del Gobierno y su partido ya han subvertido la legalidad constitucional.

Como Sánchez en ningún caso presentará una cuestión de confianza y solo convocará elecciones cuando le pete, el único (y último) mecanismo para restaurar la vigencia de la Constitución consiste en la presentación de una moción de censura que sea respaldada por la mayoría del Congreso. En la Moncloa no creen, en absoluto, que Junts apoye al PP en esa hipotética moción contra Sánchez, y en la calle Génova, tampoco creen que Junts respalde la investidura de Núñez Feijoo. Las bases de la derecha y de buena parte de las nacionalistas catalana y vasca desean que se acabe ya con el sanchismo, pero sus dirigentes carecen de capacidad de interlocución.

A Puigdemont solo es posible creerle si la decisión de romper con Sánchez adquiere un grado irreversible de certeza y esa solo la proporciona su determinación a respaldar una moción de censura (incluso con un planteamiento instrumental, esto es, con un candidato 'técnico' que convocase de inmediato elecciones legislativas). El Partido Popular cree, como el PSOE, que Junts no asumirá ese riesgo, que lo es también para Feijóo, porque podría afectar seriamente a su coherencia ideológica y programática. Con esas contradicciones paralizantes del mecanismo de la moción de censura juega Sánchez para mantenerse en el poder.

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Pero la coreografía ha ido cambiando en las últimas semanas. Además de la decisión de Junts de enmendar a la totalidad los proyectos normativos gubernamentales, se ha abierto el procedimiento penal para investigar las finanzas del PSOE (otra línea roja que parece haberse convertido en verde), el juicio oral al fiscal general del Estado está devastando la institución y salpicando al Gobierno por la temeridad de mantener a García Ortiz en el cargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado la deslegitimación de la justicia española desestimando las demandas de Junqueras, Turull y Jordi Sánchez, los datos que acreditan la precariedad, la fragmentación social y la desigualdad en España impactan negativamente en la gestión ‘progresista’ del Gobierno, que sin apoyo parlamentario no podría habilitar las normas necesarias para recibir el remanente de los fondos europeos ni trasponer hasta 27 directivas europeas lo que granjearía a España expedientes de infracción.

¿No hay solución? Si se llega a la conclusión de que no la hubiera, el paradigma constitucional español caducaría y lo haría sin haber intentado encender el interruptor de la censura a Sánchez basada en las razones que él esgrimió en junio de 2018 contra Rajoy y en otras muchas más. El Partido Popular debe ir migrando del cálculo pragmático al del ejercicio de los principios y presentar una moción de censura. Es ya la única manera de relegitimarse como la única oposición posible y la de contrastar si las decisiones de Junts y Puigdemont son puramente tácticas o de fondo. Esa es la gran cuestión. Según la mensajería de Waterloo, la interlocución con Feijoo sería posible, pero la iniciativa correspondería al PP. Según la mensajería de Génova, el diálogo tendría que ser solicitado por la formación catalana.

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Así están los términos de la cuestión. Si no se desata el nudo gordiano de la moción de censura, entramos en un período de putrefacción del ordenamiento jurídico-constitucional que terminaría en una gangrena que requeriría de amputación. Malo para todos. A Puigdemont corresponde la decisión que le haga creíble ('Carles, yo sí te creo'), porque, de momento, no lo es.