Sánchez ha leído bien el problema de la vivienda. Que su ley funcione es otra cosa

Reagan decía haber ganado su primer mandato con el voto de los progresistas conservadores. Cuando se le preguntaba quiénes eran esos, respondía con sorna que se trataba de los progres con hijos en los institutos preocupados por las drogas y la inseguridad ciudadana. La demoscopia parece haberle enseñado a Pedro Sánchez un ámbito sectorial en el que poner en práctica con el electorado español una broma similar: voy a ganar las elecciones con el voto de los conservadores progresistas. Y al inquirirle quiénes son esos, el presidente español puede responder: los de centro y centro derecha de las grandes ciudades con hijos en edad de emanciparse pero embarrancados en la realidad del mercado inmobiliario.

La ley de vivienda, no hay duda al respecto, nace con un marcado acento electoralista y propagandista. Sánchez lleva semanas convertido en un nuevo mesías dedicado en exclusiva al milagro de la multiplicación de los pisos y solares.

Anuncios medidos en el tiempo, uno, dos, tres, que le han permitido falcar en la agenda la crisis del mercado de alquiler y convertir la nueva normativa aprobada ayer por el Congreso en la guinda que corona el pastel de su legislatura. Ha conseguido además expulsar a Unidas Podemos de la ecuación —la vivienda era uno de sus principales banderines de enganche— para monopolizar el protagonismo en su persona. Compartiéndolo solo a nivel regional con Bildu y ERC. Que el nacionalismo conservador —PNV, PDeCAT, JxCAT— se posicionara en bloque en contra de la norma era lo más previsible. No solo por la teórica invasión de competencias, sino porque el presidente ha hecho todo cuanto ha estado en su mano por excluirles tanto del fondo como de la forma.

Si alguna ventaja tiene la ley aprobada es que será fácil que sea examinada por la realidad en que pretende influir. No habrá que esperar mucho tiempo para saber si se alcanzan los objetivos que persigue. Sus efectos serán medibles con la evolución de los datos del mercado.

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Tendremos la oportunidad de saber si, por ejemplo, tenía razón el Banco de España cuando alertaba de que la regulación del precio del alquiler podría tener beneficios a corto plazo, pero estrangulando el mercado a largo por el desincentivo que tendrían los propietarios por mantener sus pisos en la bolsa de pisos de arriendo.

En otros aspectos de la ley, la experiencia ya nos advierte de que tiene razón la oposición cuando argumenta que añadir más dificultades a los desalojos supondrá una ventaja añadida para los okupas. El fracaso de las políticas públicas de vivienda se ha disimulado en algunas zonas y durante muchos años, particularmente en Cataluña, con una cobertura moral a la ocupación que sigue en pie. Las nuevas condiciones para los desahucios, pensadas para los colectivos más vulnerables, son una perita en dulce para quienes consideran que vivir en la casa de otros por la cara es un derecho. En fin, más trabajo y más difícil en los juzgados y en la policía.

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Que sea una ley con efectos medibles debería convertirla en una norma con voluntad de provisionalidad y rectificación cuando la casuística y los datos permitan extraer conclusiones. Esto debería ser suficiente para tranquilizar a todo el mundo. Pero como este es un país en el que a las políticas públicas les basta con resistir en el papel, independientemente de la realidad, no hay motivos para ser excesivamente optimistas sobre el particular. Pero insistamos una vez más: es una ley medible, sujeta casi sin querer a la prueba del algodón en poco tiempo. ¿No es esta la era de la inteligencia de los datos? Pues eso.

Y más allá del electoralismo y de los resultados que se deriven de la nueva norma, lo cierto es que resulta difícil no plegarse a la evidencia de que algún tipo de iniciativa legislativa resultaba necesario para agitar el mercado inmobiliario y, en particular, el del alquiler.

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Los ayuntamientos y las CCAA no disponen de paraguas competencial suficiente para abordar el problema —real— por su cuenta. Que por primera vez se despliegue un marco normativo estatal, que debiera evolucionar en el tiempo a tenor de los resultados obtenidos, resultaba imprescindible. Que sea una buena ley, solo el futuro lo dirá. Pero al menos el problema ha quedado ya situado en el lugar que debe.

En paralelo a la aprobación de la ley de vivienda en el Congreso, la Justicia concedía en Barcelona a la inmobiliaria de la familia Gallardo el permiso para uso turístico de un bloque de 120 viviendas. Ayer ya se ofertaban a 600 euros la noche, coincidiendo con los conciertos de Coldplay en mayo. La autorización de la Justicia dice mucho y mal de la fiabilidad y amateurismo de la normativa impulsada por Ada Colau para frenar este tipo de apartamentos en los últimos años.

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Pero dice mucho también de la magnitud del problema real al que nos enfrentamos. Acabaremos expulsando de las ciudades —de las más tensionadas— no solo a las clases más populares, sino también al grueso de las clases medias. Vamos camino de quedarnos con calles, paseos y avenidas de cartón piedra pensados única y exclusivamente como el escenario en el que coinciden turistas, nómadas digitales del mundo entero con ganas de vivir una temporada en cada sitio y personas ricas y acaudaladas. Si ese es el tipo de ciudad que queremos, solo hace falta esperar, porque llegará solo. Esa es la tendencia.

Naturalmente, la familia Gallardo, como cualquier fondista e inversor, tiene derecho a aspirar al máximo rendimiento del capital y de las inversiones que acumula. Igual que lo tiene también a que le importe entre poco y nada el modelo de ciudad que vamos construyendo. La globalización impulsó un modelo de riqueza desgajado de la territorialidad. Los ricos hace tiempo que decidieron que no son de ningún sitio y que no está entre sus prioridades interpelarse sobre su capacidad de influir y transformar el entorno social en el que viven a través de sus decisiones. La rentabilidad es la que gobierna. Punto.

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Pero es precisamente esta voracidad sin límite del dinero, de la que, dicho sea de paso, participamos todos a poco que tengamos oportunidad, la que hace necesario que el poder público tome cartas en el asunto. Puede que la ley de vivienda sea una mala ley, pero dimitir de la cuestión de la vivienda no puede ser una opción para el gobernante. Y la solución no pasa únicamente, aunque sea el elemento más necesario, por la construcción de un parque amplio de vivienda de alquiler pública.

Se equivoca quien considere que esta es una cuestión de izquierdas y derechas. Porque, citando a uno de los autores preferidos del conservadorismo, G.K. Chesterton, el problema del capitalismo no es que haya capitalistas, sino que acabe habiendo demasiado pocos. Y eso, en el fondo, es lo que nos está pasando, y cada vez más rápido, con el mercado de la vivienda. Intentar pisar el freno no es malo. Que sirva de algo, está por ver.