El asalto saudí a Telefónica en una UE que no sabe qué quiere ni qué le conviene

Los saudíes se han comprado el 9,9% de Telefónica porque la compañía está barata y venía siendo una perita en dulce desde hace tiempo para cualquiera que tuviese el bolsillo lleno.

Así es el mercado. Vales lo que dicta el precio de tus acciones. Y la compañía española figura en un lugar destacado en el amplio listado de ofertas con descuento de las operadoras de telecomunicaciones europeas.

Todas las regulaciones tienen doble cara. Y Europa ha trabajado tanto en favor de la competencia que en cierto modo ha alentado la jibarización de las compañías del continente.

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La primera línea de defensa, la capitalización bursátil, era tremendamente fácil de rebasar en Telefónica. Así que no hay sorpresa posible en que haya aparecido alguien con el apetito suficiente como para doblar en títulos de propiedad de un día para otro a los hasta ahora accionistas de referencia.

Sí la hay, en cambio, en el hecho de que aquí nadie se haya enterado de nada hasta el mismo día en que se ha anunciado la operación. Dos cosas que anotar sobre el pasmo que ha causado el anuncio, siempre dando por buena la versión de que en Telefónica estaban en Babia. La primera, han fallado las antenas. Una operación de tal calibre no se hace en un mediodía, seis meses según han reconocido los propios saudíes, y hay suficiente gente al corriente para que de un modo u otro acabes intuyendo y después sabiendo que algo está sucediendo. La segunda, los saudíes tienen un concepto muy particular de las aproximaciones amistosas, consiste en avisarte de que van a visitarte cuando ya se han metido en tu cama y cubierto con tus sábanas.

El Gobierno, en Babia igualmente, ha hecho lo que hace cualquiera cuando no tiene ni idea de algo y le ponen un micro delante: improvisar con un argumentario realizado a toda prisa. No es grave. Es de suponer que lo importante no es lo que diga o deje de decir ahora ni en los próximos días, sino una vez haya analizado con calma la operación y respondido a las preguntas relevantes que el movimiento accionarial pone encima de la mesa. También deberá valorar el coste de oportunidad que supondría oponerse a los saudíes para la propia compañía y tener en cuenta los múltiples intereses cruzados entre España y Arabia Saudí.

Lo cierto es que el prejuicio, o quizás el buen juicio, se activa de inmediato cuando los países del golfo Pérsico, en especial Arabia Saudí, salen de compras por nuestro mundo.

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Ya sea por cuestiones relacionadas con los derechos humanos, para los más sensibles y concienciados, o por el impacto que pueda tener a largo plazo dejar en manos de países encamados con los chinos y los rusos sectores considerados estratégicos como las telecomunicaciones, lo cierto es que estas inversiones generan de entrada un alto grado de reserva entre las instituciones y el pequeñísimo número de ciudadanos interesados por estas cuestiones. Es normal que así sea, puesto que las únicas consideraciones que realmente merecen una atención particular al analizar movimientos accionariales como el que nos ocupa son las políticas. Porque, desde el punto de vista empresarial, un inversor con la cartera llena, voluntad de permanencia en una compañía y confianza en el proyecto corporativo vigente quizá sea lo mejor que pueda pasarle a una corporación.

Y ahí, en la lectura política y en sus repercusiones, es donde Europa anda habitualmente más bien corta de reflejos. La Cadena SER explicaba ayer, citando fuentes de la Comisión y del Parlamento Europeo, el contenido de un informe comunitario sobre las implicaciones que pueden derivarse de que países como China o Arabia Saudí acaben siendo propietarias de infraestructuras críticas como las telecomunicaciones. El resumen ejecutivo del documento, según la misma emisora, apunta a una conclusión nada halagüeña: la UE desconfía de que ciertas adquisiciones respondan solo a intereses comerciales —es decir, son inversiones también políticas— y con el dinero invertido se crean canales de influencia sobre los responsables políticos europeos para los que la UE no está preparada y no sabe cómo afrontar.

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Con informes o sin ellos, con escudo antiopas o sin él, los Estados europeos no son actores lo suficientemente importantes —aunque unos lo sean más que otros— a título individual para hacer de su capa un sayo y actuar por libre y con eficacia en asuntos de este calibre. Es la UE la que debe decidir cómo enfoca el futuro de sus sectores estratégicos y la que, una vez sepa dónde quiere ir y cómo, proporcione la cobertura jurídica para que sucedan en el continente única y exclusivamente las cosas que sí queremos que pasen. Solo que Europa, como en tantas otras cuestiones, puede que quizá no sepa aún lo que quiere y tampoco lo que le conviene.