Pesca de arrastre
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El Gobierno nos dará más tiempo para disfrutar de la pobreza
La prioridad del gobernante y de los sindicatos no debiera ser que se trabaje menos, sino seguir presionando para que se incrementasen los salarios, que son el verdadero talón de Aquiles de los trabajadores españoles
Cuando se aplique la reducción de la jornada laboral, la mayoría de los españoles van a tener más tiempo para disfrutar de su escaso salario. Una parte nada desdeñable de ellos dispondrá de más horas libres para sacar partido a su pobreza.
El país tira la toalla. Y lo hace paradójicamente desde el rincón izquierdo del ring. Que en un país como este, el Gobierno haya convertido la reducción de la jornada laboral en la prioridad número uno de la legislatura demuestra no solo un escaso conocimiento de la realidad empresarial sobre la que decide, sino que ejemplifica además el drástico abandono de aquellas personas con unas condiciones de trabajo más precarias. Precisamente aquellas por las que se supone que más deberían partirse la cara el Ejecutivo y los sindicatos.
España es principalmente un país de pymes. Esto es así, aunque sean las grandes corporaciones empresariales las que copan a diario la mayoría de las informaciones de índole económica. Y ayer, Cepyme, su patronal, presentó datos ciertamente preocupantes para intentar explicar por qué la reducción de la jornada laboral es una mala idea. Desde 2021, sus incrementos en costes laborales han subido en un 23,1% en las pequeñas empresas y en un 16,9% en las medianas. Añadieron que el indicador de su productividad se sitúa en casi un 2% por debajo del prepandémico y que la rentabilidad bruta por asalariado se mantiene un 2,6% también por debajo de lo que marcaba antes de la llegada del covid-19. Cepyme lleva razón cuando dice que el Gobierno legisla pensando únicamente en la gran empresa y la administración pública, capaz de digerir con más facilidad según qué atropellos normativos.
Naturalmente, no se trata de comprar todo el argumentario que presenta una patronal, por muy de la pequeña y mediana empresa que sea. A fin de cuentas, sus razones son interesadas y de parte.
Pero sí de apuntar que la prioridad del gobernante y de los sindicatos no debiera ser que se trabaje menos, sino seguir presionando para que se incrementasen los salarios, que son el verdadero talón de Aquiles de los trabajadores españoles, particularmente en aquellos sectores que son intensivos en mano de obra. El turismo y el comercio como mejores ejemplos.
El Gobierno juega con cartas marcadas. Se le olvida explicar a los curritos que la propuesta de igual salario por menos horas de trabajo equivale a una importante subida de sueldo. Con lo cual ya pueden ir olvidándose de negociar incrementos de sueldo relevantes. La respuesta que van a recibir por parte de la patronal, y será cierta, es que la subida ya se ha producido, puesto que ganan lo mismo trabajando menos. Un despropósito. No tenemos para pan y tenemos para bollos, ese sería en resumidas cuentas el resumen.
Al Gobierno debe parecerle que todo puede manejarse como la administración, donde uno puede ir añadiendo beneficio laboral sobre beneficio laboral sin que nada se resienta, a excepción del coste y la calidad del servicio que se presta a un ciudadano que todo acaba soportándolo.
Para justificar la medida sirve cualquier argumento, siempre que encaje en la dirección que marca la marea de lo correctísimo. La conciliación, el medio ambiente, la sostenibilidad, la equidad y tantos ingredientes teóricamente incuestionables como quieran añadirse.
Un mejunje de lugares comunes que sirve para un roto como para un descosido. Incluyendo la cancioncilla generacional sobre los valores de la gente más joven que, supuestamente, prefiere cobrar menos pero también dedicar menos horas al trabajo.
Pero lo cierto es que el nivel de riqueza de España en estos momentos no está para que trabajemos menos, sino para trabajar más. Eso sí, con salarios mejores. Ahí es donde debería focalizarse el esfuerzo reivindicativo. Más productividad y más salario. Lo que se propone es lo contrario: menos productividad y continuar con los salarios de pena. Los principales perjudicados del dislate van a ser todos aquellos que pululan por los escalones más bajos de la pirámide salarial.
Algunos políticos, quizás por su trayectoria profesional, vivida siempre entre los algodones de la administración o similar, piensan que cualquier medida acordada en las mesas de negociación del sector público es perfectamente clonable en el sector privado. Y no es así. Las empresas se manejan con un presupuesto real y corren el riesgo de cerrar cuando los números dejan de poder cuadrarse. Aunque, insistamos en ello, el quid de la cuestión no está en que el empresariado tenga razón, a veces la tiene y muchas otras no, sino en que la prioridad a la hora de presionarlo debiera ser el aprovechamiento de cualquier margen para insistir sobre las subidas salariales. Y no en el de garantizar a los trabajadores mayor tiempo libre para disfrutar de su miseria.
Respecto a la baja médica flexible, el nuevo jardín en el que anda metido el Gobierno, dejen reposar al enfermo hasta que esté perfectamente recuperado y pueda reincorporarse en plenas condiciones a su lugar de trabajo.
Y si lo que se pretende es atacar de una vez por todas el cáncer del absentismo por la puerta de atrás en el fraude de las bajas, que en algunos sectores productivos alcanza porcentajes realmente escandalosos, atrévanse a promulgar medidas que lo combatan, aunque sean impopulares.
Respeten al enfermo, por larga que sea su periodo de recuperación, y vayan a por el caradura. Pero ¡ay!, esto último proporciona tan poco rédito electoral que no vamos a ver ni una sola medida que apunte en esa dirección.
Cuando se aplique la reducción de la jornada laboral, la mayoría de los españoles van a tener más tiempo para disfrutar de su escaso salario. Una parte nada desdeñable de ellos dispondrá de más horas libres para sacar partido a su pobreza.
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