El coste de una obsesión

El pasado lunes, la Dirección General de la Competencia europea emitió una valoración preliminar positiva de la excepción ibérica del mercado eléctrico europeo. En su comunicación, deja claro que su opinión no prejuzga la posición final de la Comisión, solicita información adicional sobre la convivencia de los impuestos sobre los 'beneficios caídos del cielo' con este nuevo sistema de intervención en el mercado, pide garantías de que la subvención al gas no saque del mercado ni a renovables ni nuclear y, por último, requiere que se garantice que, salvo el precio artificial del gas, el funcionamiento del mercado no se altera.

Este anuncio de la Dirección General de Competencia europea se ha emitido pocos días después de recibir para su análisis el borrador de la nueva normativa propuesta por España y Portugal. Tras el acuerdo sobre el marco general alcanzado con la Comisión Europea, fue necesaria la negociación de los detalles con las autoridades portuguesas. La semana pasada se envió por fin a Bruselas la propuesta conjunta de ambos países.

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Lo más relevante del marco general acordado con Bruselas es que la intervención en el mercado eléctrico se autoriza durante un año y que el precio de referencia del gas para generar electricidad será, por término medio a lo largo del año, de 50 euros por MWh. Otra cuestión relevante es que Bruselas se ha atenido a su criterio clásico: considera la subvención al gas una ayuda de Estado, permitida en el marco de la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Si un país miembro quiere subvencionar la producción de un bien, puede hacerlo, pero con todas las consecuencias. No puede impedir los flujos de comercio internacional resultantes de su intervención en el mercado. Si en la península Ibérica se subvenciona el precio del gas para producir electricidad y en Francia no, la electricidad será más barata en España y, por tanto, exportaremos a Francia, pero lo haremos gracias a la subvención al gas. Estaremos subvencionando a los consumidores franceses. Para evitar esta distorsión, la propuesta ibérica era celebrar dos subastas. La primera con un precio sin subvención y cuyo resultado sería el relevante para las transacciones internacionales y la segunda con el precio del gas subvencionado, solo válida para el mercado interno. Esta propuesta ha sido desechada por la Comisión.

Como casi cualquier otro análisis numérico en manos de un político, el famoso 2,8% de interconexión, que según Pedro Sánchez nos configura como una isla energética, tiene truco. Está calculado comparando la capacidad de conexión de España con Francia respecto a la potencia instalada en España y Portugal. La conexión con Marruecos se saca del cómputo. Con la misma metodología, considerando España y Portugal como un todo y sin tener en cuenta Marruecos, si en lugar de la potencia instalada —la capacidad de producción— comparamos la capacidad de la interconexión con Francia con la demanda eléctrica media —lo realmente producido—, nos encontraremos con que el 2,8% se transforma en un 12%.

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Esta digresión tiene por objeto poder calcular el coste de subvencionar el gas para producir electricidad en España en el marco de lo acordado con Europa. En 2021, se consumieron en España 90.354 GWh de gas para generar energía eléctrica. Supuesto un precio de mercado de 100 euros por MWh y, por tanto, una subvención de 50, el coste en números redondos de subvencionar el gas para la generación de electricidad sería de 4.500 millones de euros. Si suponemos que los flujos de electricidad se invierten debido al menor precio en España y en lugar de importar 5 TWh de Francia, pasamos a exportar 20 TWh —un 8% de nuestra demanda, sin agotar la capacidad total— y esa producción eléctrica adicional la producimos con gas, deberíamos añadir al importe anterior 2.250 millones de euros, de los que algo menos de la mitad, a través de la denominada 'renta de congestión', revertiría al sistema eléctrico español. En resumen, aunque todos los números pueden variar por menor consumo derivado de la crisis, porque llueva más, sople más el viento o haya más paradas de las centrales nucleares, la subvención al gas nos costaría unos 5.700 millones de euros, de los que unos 1.200 irían directamente a subvencionar a los consumidores franceses.

Con la intervención del precio del gas, el Gobierno espera reducir el precio de la electricidad en unos 90 euros por MWh. Si repartimos los 5.700 millones entre los 250 TWh de la demanda eléctrica, obtenemos un recargo de 23 euros, con lo que la rebaja neta se situaría en 67 euros. La forma más sensata de repercutir los 23 euros es a través de los peajes y cargos del sistema, de forma que lo paguen todos los consumidores con la discriminación que el regulador —la CNMC— considere y, dado que es un importe variable, que depende sobre todo del precio del gas en el mercado internacional, su cálculo se adecúe con la periodicidad oportuna.

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Aunque ya entramos en el terreno de las suposiciones, esta solución no gusta al Gobierno español, que acaba de bajar los peajes y cargos del sistema al adelantar la revisión de la retribución de las renovables. Quiere que en lugar de un cargo del sistema sea un cargo a pagar por las comercializadoras eléctricas, como si este cargo no fuera a ser repercutido a los clientes. El problema es que Portugal, cuyo precio regulado se calcula sobre el mercado a plazo y no sobre el mercado diario como en España, quiere excluir, a efectos de calcular el recargo derivado de la subvención al gas, las coberturas financieras y los contratos bilaterales. Las empresas eléctricas españolas son de la misma opinión. Si sobre transacciones, sean financieras o físicas, ya cerradas se impone un recargo, la única solución es la ruptura de los contratos que entren en pérdidas. Es la misma piedra que obligó a corregir el decreto ley que gravaba los 'beneficios caídos del cielo'. Si los contratos se mantienen a pesar del recargo, los consumidores —empresas y particulares— del mercado libre subvencionarían a los del mercado regulado. Los que compran a precio fijo acordado con su comercializadora eléctrica pagarían un importe adicional que iría a parar a los que compran a precio variable en el mercado. Por otro lado, si se excluyen los MWh sujetos a cobertura financiera o bilateralizados del pago del recargo, el efecto beneficioso de la intervención del gas se diluye. Si se mantiene el dividendo y se reduce el divisor, aumenta el cociente. Si los 5.700 millones se dividen entre menos MWh, la subvención neta se reduce.

La respuesta definitiva a todas estas idas y venidas la tendremos cuando la nueva normativa, más pronto que tarde si no surgen nuevas dificultades, sea aprobada por el Consejo de Ministros. Hay quien sostiene, con razón, que los problemas complicados requieren soluciones complicadas. El caso que nos ocupa no es un buen ejemplo. Es un problema complicado artificialmente. Si el problema es el precio del gas, subvenciona el precio del gas y financia con recursos públicos el coste de la intervención, incluidos nuevos impuestos a las empresas eléctricas si se considera pertinente. Es lo que ha hecho Italia. La obsesión con el mercado eléctrico del Gobierno español es lo que nos adentra en un fárrago apenas comprensible de cambios regulatorios, subvenciones cruzadas, recargos artificiales y precios intervenidos. Lo mejor para atraer inversiones. Es el coste de una obsesión.