Pederastas de Murcia, también en Gran Canaria

Los seis empresarios pederastas de Murcia no entrarán en prisión, pese a haber admitido que tuvieron sexo con mujeres menores de edad. Hombres que la sociedad reconocía como reputados, exitosos, poderosos, uno de ellos, incluso expresidente de la patronal COEC. Cuatro salieron libres, los otros dos, se les ha condenado por delitos de prostitución de menores a penas que no implican la entrada en prisión, multas de 600 euros e indemnizaciones a las menores de 1.000 euros. Las que podrían entrar en la cárcel son las proxenetas, quienes las reclutaban a la salida de discotecas y colegios.

Este caso ha supuesto un verdadero escándalo mediático por lo injusto de las condenas. Pero, lamentablemente, no es el único. El caso conocido como las 18 lovas es muy similar al del Murcia, pero menos conocido. Ahí las mujeres prostituidas también eran menores de edad, una de ellas, tenía 12 años. Las menores eran reclutadas por una supuesta “agencia de modelos” que las engañaba. Todas ellas, igual que en el caso de Murcia, estaban en situación de vulnerabilidad social. Corría el año 2015, pronto hará 10 años del caso y el juicio todavía no se ha celebrado, aunque el juez rechazó incorporar nuevas víctimas de 15 y 16 años, que la fiscalía considera que fueron violadas, el pasado mes de abril.

El caso saltó de las camas de los empresarios a los juzgados porque una de las menores se quedó embarazada, lo que nos dice, que los hombres no solo tenían sexo con menores de edad, sino que, además, lo hacían sin protección y solo ellas saben, qué más les hacían hacer, porque según los testimonios, las violaban si ellas no consentían. Algunas, de las menores captadas estaban tuteladas por la comunidad autónoma, lo que demuestra la grave vulnerabilidad de las muchachas. Entre los empresarios involucrados, se encuentran nombres muy poderosos, como Eustasio López, presidente del grupo hotelero Lopesan, además, del presunto cabecilla, Agustín Alemán Barreto y el resto de acusados: Eugenio Hernández León, Antonio Dascenzo, Emilio Cabrera Caballero y Domingo Hernández Tarajano.

En ambos casos, Murcia y Gran Canaria, la Justicia debe enfrentarse a un caso que tiene que ver con la estructura patriarcal en estado puro. Hombres poderosos que violaron, abusaron, tuvieron sexo sin protección, con chicas menores de edad en situación de extrema vulnerabilidad. En ambos casos, una red de proxenetas buscaba a las mujeres pobres, sin recursos, vulnerables para engañarlas y ponerlas al servicio de hombres poderosos que buscaban tener sexo con niñas. En el caso de Murcia, les aconsejaban a las menores que dijeran que tenían menos edad, para ser del gusto del pedófilo.

Finalmente, estos casos fueron judicializados con dilaciones imposibles y manteniendo la misma relación de profunda desigualdad entre hombres y mujeres. Ellos cuentan con el dinero y los recursos suficientes para que las causas se eternicen en los juzgados; mientras ellas, deben recurrir a la defensa pública que está absolutamente desbordada y a fiscales, que en algunas ocasiones prefieren un acuerdo de conformidad: ellos admiten los hechos y a ellas se les da la limosna de un pago simbólico por todo lo sufrido. Ellas, cansadas del caso, de la revictimización, sin fuerzas para seguir luchando, presionadas por sus entornos y por la esperanza de dar carpetazo, es normal que sucumban.

La Justicia no puede ser machista, aporofóbica, ni racista. Y cuando la relación de fuerzas entre las víctimas y los verdugos se puede comprar, como en el caso de Murcia, la justicia es de todo menos justa. Que acostarse con una menor en España tenga una multa de 300 euros, una indemnización para la víctima de 1.000 y una pena de privación de libertad que evite la entrada en prisión representa la evidencia más palmaria de que el sistema no funciona. Si el violador no tuviera los recursos de estos señores empresarios ¿cree usted que se libraría de la cárcel? Si además fuera una persona racializada ¿la presión pública sería diferente?

El caso de las 18 lovas, como se llamaba la agencia que captaba a las menores, todavía no se ha juzgado, hay seis acusados por cargos de agresión sexual, trato degradante y prostitución de menores. La Justicia no ha respondido a las menores prostituidas de Murcia, pero esperemos, que al menos, la conmoción que nos ha provocado la impunidad a pedófilos que otorga el dinero en la península sirva para que las menores prostituidas en Canarias tengan una sentencia que realmente haga justicia.