¿Por qué los sindicatos y Yolanda Díaz obstaculizan la llegada de inmigrantes?

El tejido empresarial español reclama desde hace muchos meses la llegada de mano de obra extranjera a España. Tienen problemas, dicen, para cubrir cientos de miles de puestos de trabajo en sectores clave que, además, deberían estar bien engrasados para cuando empiece a fluir el maná de los fondos europeos. Parece que un sector mayoritario del gobierno está de acuerdo con el diagnóstico. Y, particularmente, el ministro José Luis Escrivá, que es quien sostiene la competencia de "migraciones" en su cartera.

Una de las formas más eficaces y ordenadas para conseguir que lleguen trabajadores extranjeros es a través del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, un listado que aparece cada tres meses en el BOE y del que ya nos hemos ocupado alguna vez en esta columna. Se trata de establecer categorías laborales y territoriales que permitan contratar por la vía rápida, acortando plazos y evitando trámites tortuosos que a menudo entorpecen los procesos hasta hacerlos inviables.

El listado no apareció la semana siguiente, ni la siguiente, ni la siguiente. Es la primera vez que no se renueva trimestralmente desde 2013

Su actualización parecía encaminada. El pasado 26 de julio, en unas modificaciones del Reglamento de Extranjería publicadas en el BOE, se subrayaba lo necesario que es "hacer frente de forma ágil a los crecientes desajustes del mercado de trabajo español asociados a la escasez de mano de obra desde el ámbito migratorio". Unos meses después de aquello, a finales de octubre, se filtró al diario El País el borrador del nuevo listado. Se iba a abrir paso, anunciaba la información de María Martín, a la llegada de "miles de carpinteros, electricistas y albañiles", entre otras muchas categorías.

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A principios de octubre, en un evento con abogados de extranjería celebrado en la Casa de Cantabria de Madrid, el propio secretario de Estado de Migraciones, Santiago Yerga, sugería en los corrillos que la cosa se haría efectiva en cuestión de semana o semana y pico. Desde entonces, los interesados han consultado el BOE cada mañana en busca de la famosa lista. Pero pasan los días y no aparece. De hecho, es la primera vez que no se publica al trimestre desde 2013, lo cual además de una anomalía, es una irregularidad administrativa. El motivo para que esto ocurra es que no hay consenso en el consejo de ministros. Y, admitámoslo, es una pelea en la que nadie tiene interés ahora mismo. Suficientes pulsos mantienen los socios de la coalición de gobierno como para ponerse a discutir por los trabajadores extranjeros. Una vez más, lo importante para el país queda eclipsado por lo urgente para la política.

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Sucede que Yolanda Díaz y los sindicatos son quienes se oponen abiertamente a la flexibilización de la normativa y a la llegada de trabajadores extranjeros. Su argumentación, aunque incluye matices técnicos, políticos e incluso emocionales, es bastante sencilla de entender. Dicen que con una tasa de paro del 12,67 por ciento y cerca de tres millones de desempleados, no es el momento de ponerse a buscar albañiles, camareros y transportistas fuera de España.

Puede parecer contradictorio desde el punto de vista ideológico, pero es la posición que han tenido tradicionalmente las organizaciones de trabajadores en temas migratorios durante muchas décadas y en muchos países. En Estados Unidos, Barack Obama celebró como un éxito el respaldo de los sindicatos en su intento fallido de arreglar el disparate migratorio. Nunca vio necesidad, sin embargo, de negociar el apoyo de la patronal. Porque a esos siempre los tuvo a favor.

Desde Comisiones Obreras trasladan que el problema es que el gobierno no se ha sentado a hablar con ellos del tema y ponen en duda que en España haya un desajuste de mano de obra de las dimensiones que se plantean. Admiten que quizá existen problemas a la hora de encontrar trabajadores en algunos territorios y en algunas profesiones concretas. "Pero queremos sentarnos en una mesa y hablarlo, mientras que el gobierno pretende imponer sus condiciones sin diálogo social". Más en general, creen que el problema de la falta de trabajadores son los salarios en sectores como la construcción o la hostelería. "Ofrecen las mismas condiciones de mierda de siempre y, cuando nadie las acepta, quieren traerse gente de fuera. Usan la inmigración como mano de obra subsidiaria en lugar de hacer el ajuste productivo que necesita el país".

Puede parecer contradictorio desde el punto de vista ideológico, pero es la posición que han tenido tradicionalmente los sindicatos

Pero los detalles de la negociación, el desencuentro con los sindicatos, la bronca entre Díaz y Escrivá, etcétera, son solo la espuma de un asunto bien importante que fluye por debajo. Una debate al que se están enfrentando en casi todos los países desarrollados y que merece la pena abordar por aquí cuanto antes. Nuestras economías, con las tasas de natalidad actuales, van a necesitar cada vez más mano de obra extranjera. Y hay dos vías para conseguir que eso suceda: la informal, mediante la llegada desordenada de inmigrantes irregulares que luego buscan acomodo como pueden y tienen más posibilidades de acabar en situaciones de marginalidad; y la organizada, mediante cuotas y cupos negociados, asociados a las necesidades productivas y a los puestos de trabajo disponibles.

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Con una mirada a corto plazo, la posición de los sindicatos ante el problema está más que justificada. La experiencia pospandemia en sitios como Holanda o EEUU, o el Brexit, han venido a confirmar que un frenazo en el flujo de inmigrantes disminuye rápidamente la cantidad de trabajadores disponibles y, como consecuencia, contribuye a reducir el desempleo y elevar los salarios. Otra cosa son los efectos a medio y largo plazo. Un país que no puede cubrir sus necesidades esenciales, que está cada vez más envejecido y estancado, acaba condenado a la decadencia. Para proyectar el futuro que nos espera siguiendo ese camino no piensen en Noruega. Piensen en Orense, que se convirtió en 2018 en la primera provincia de España con más pensionistas que cotizantes a la Seguridad Social. Y ahora allí ya no quieren ir tampoco los inmigrantes.