El cerrojazo de Albares y la nueva política de comunicación que se abre camino

Hace algunas semanas, los corresponsales diplomáticos entregaron una carta al director de comunicación del ministerio de Exteriores expresando sus quejas ante el cerrojazo informativo impuesto por José Manuel Albares. Los más veteranos aseguran que nunca habían visto algo parecido. Se han eliminado los briefings informativos antes y después de los viajes al extranjero, no hay apenas ruedas de prensa ni posibilidad de hacer preguntas y, lo que es más grave, diplomáticos y funcionarios sufren presiones y amenazas cada vez que atienden a un periodista.

Algunos han sido llamados al orden incluso por charlar informalmente con reporteros en los pasillos tras un acto público. Y se ha llegado al extremo de intentar aislar físicamente a diplomáticos y altos cargos durante encuentros institucionales como la Conferencia de Embajadores. La comunicación se limita ya a remitir a notas de prensa con detalles generales y a distribuir breves cortes de vídeo en los que es el ministro quien explica la política exterior española. A mediados de esta semana, el propio director de comunicación abandonó el ministerio, alegando "motivos personales" e insistiendo en que era una decisión tomada hace ya algún tiempo.

Aunque en cada cartera se actúa de manera distinta y hay notables diferencias, el caso de Exteriores es seguramente el que mejor ilustra lo que está sucediendo con la política informativa del Gobierno. Comparecencias sin preguntas, acceso a las fuentes cada vez más controlado y restrictivo, una interlocución áspera y poco transparente y una relación con los medios basada en la supuesta afinidad ideológica, eufemismo para referirse al servilismo y la imposición de un relato sobre los hechos.

El control de la información y el abandono de las reglas que han regido durante décadas la relación entre autoridades y prensa en las democracias occidentales no es algo que esté practicando el Gobierno de Sánchez en solitario, sino una tendencia que se agrava año tras año. En España y en muchos otros países. Las organizaciones que se dedican a auditar la libertad de prensa lo vienen advirtiendo y se especula con dos explicaciones fundamentales. La primera, la posibilidad de hacer llegar el mensaje sin intermediarios, a través de Internet, redes sociales y canales en los que los políticos pueden alcanzar grandes audiencias sin enfrentarse a preguntas incómodas ni ser confrontados sobre temas de los que no quieren hablar. "Una comunicación más fresca y directa" es una de las expresiones que se suelen utilizar para justificar lo que en realidad es: una interlocución menos crítica y más partidista.

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El segundo motivo, relacionado con el anterior, tiene que ver con la polarización. Al crearse realidades paralelas donde se narran hechos contrapuestos, los partidos políticos están tentados de interactuar solo dentro de su propia burbuja e ignorar todo lo demás, vetando y negándole legitimidad a los medios que adoptan un enfoque crítico. La famosa fachosfera es parte de eso. Solo en determinados momentos cruciales modifican coyunturalmente el rumbo y deciden salir de su universo para convencer a los indecisos. Ocurrió justo antes de las elecciones de julio, cuando el propio Pedro Sánchez salió en tromba por los "medios hostiles" para defender sus posiciones.

Como sucede con tantos otros cambios, la tendencia empezó a cuajar en Estados Unidos antes que en España. Se puede incluso datar el momento, durante el segundo mandato de Barack Obama. Entre 2013 y 2017, las restricciones a la información y la persecución de las fuentes fue un tema de conversación habitual en la burbuja periodística de Washington. Se publicaron algunos informes y muchos reportajes. El asunto solo traspasó las fronteras de manera anecdótica porque el carisma que el presidente demócrata proyectaba al exterior y la sofisticación narrativa de su equipo lograron ocultar los aspectos negativos de su mandato.

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Las filtraciones del 'caso Snowden' sirvieron para acelerar un proceso que ya estaba en marcha. La Administración Obama ejerció una presión sobre las fuentes que, según un informe del Columbia Journalist Report de 2013, fue "la más agresiva desde la época de Richard Nixon". El autor del citado documento, el exeditor del Washington Post, Leonard Downie, acusó a su gobierno de ejercer "el control más enfermizo" que había visto en toda su carrera. Se utilizó una ley de 1917, el Espionage Act, para que el Departamento de Justicia persiguiese a las fuentes que revelasen información sensible.

Para ello se intervinieron de manera rutinaria correos electrónicos, teléfonos y otras comunicaciones, tanto de funcionarios como de periodistas. En uno de los casos más sonados, se controlaron las líneas telefónicas de la agencia Associated Press buscando información sobre una presunta amenaza terrorista. Algo parecido le pasó al periodista James Rosen, de la cadena Fox News, a quien intervinieron las comunicaciones para descubrir con quién estaba hablando. "La Administración Obama ha ido mucho más allá de la protección de secretos gubernamentales y ha amenazado las libertades fundamentales de la prensa para conseguir noticias", concluía en aquellos años el diario The New York Times.

En la práctica, la presión logró cortar la comunicación de cientos de periodistas con sus fuentes, especialmente en los organismos federales —pero no solo—, bajo la amenaza constante de medidas disciplinarias. De manera paralela, se amplió y sofisticó la práctica de ofrecer respuestas cocinadas y oficiales a todas las preguntas elevadas a las administraciones a través de canales de prensa cada vez más herméticos y encorsetados. Las cosas, lógicamente, empeoraron con la llegada de Donald Trump.

Las turbulencias en el país que convirtió la libertad de prensa en parte de su identidad, promoviéndola y llegando a imponerla en otras latitudes, han incentivado transformaciones similares por todo el mundo, incluidos muchos gobiernos democráticos. Las voces críticas han sido condenadas al ostracismo y perseguidas con contundencia en naciones de la Unión Europea como Hungría o Polonia, acabando con la independencia de diarios, radios y televisiones.

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También se ha buscado destruir la confianza y el rol de la prensa como institución clave para el sistema, atacando incluso la labor de las agencias estatales. En México, Andrés Manuel López Obrador ha tratado por todos los medios de estrangular a Notimex hasta lograr su desaparición definitiva. En Argentina, Javier Milei ha sido incluso más agresivo, ordenando el cierre de Telam, que llevaba funcionando desde 1945, por considerarla una "máquina propagandística del kirchnerismo". Y son solo algunos ejemplos de tantos. Lógicamente, la tendencia es mucho más acusada en países que estaban empezando a crear un ecosistema mediático liberal (hay ejemplos sangrantes, por ejemplo, en Turquía, Serbia o Tailandia).

La amenaza para los medios tradicionales es evidente y nada hace pensar que vaya a revertirse, más bien al contrario. La habitual torpeza de los periodistas a la hora de defender nuestro papel en la estabilidad del sistema, junto con los innumerables errores cometidos por los propios medios, a la banalización, el partidismo y la espectacularización frívola de la profesión, nos colocan en una situación comprometida. Ahora que se alerta a diario sobre la erosión de las instituciones, no está de más recordar que el periodismo forma parte del ecosistema de cualquier democracia liberal.