El independentismo y el 'espionaje'

El supuesto 'espionaje' a independentistas, que se dice decidido desde el aparato del Estado, ha agitado las siempre borrascosas aguas del independentismo. Para empezar, se habla de espionaje, y no de escuchas legales o ilegales, pues con la palabra 'espionaje' se introduce de modo subliminal la idea de actividad del Estado 'contra otro' supuesto Estado. El descubrimiento de los hechos, al parecer, se produce gracias a las informaciones de un joven investigador catalán que trabajó en una entidad vinculada a la Universidad de Toronto, llamada Citizen Lab, que habría desarrollado una amplia búsqueda del mal uso de dos programas israelíes, Pegasus y Candiru, usados para el ciberespionaje, y que, en teoría, solo pueden adquirir Estados para usarlos en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, pero que habrían sido empleados para espiar a ciudadanos, en España y en otros muchos países. Y, concretamente, a más de 60 personajes 'independentistas', o eso se dice.

Se han difundido informaciones que ponen en duda la solvencia de Citizen Lab y de sus métodos de detección, pero en orden a los temas que quiero tocar en estas líneas dejaré de lado la cuestión de la credibilidad, al margen de que en el mundo independentista los hechos se dan por probados sin cuestionamiento posible, pues en ello va un agravio que políticamente es un tesoro, un maná del cielo para recuperar el amado discurso victimista, justo cuando se registraba una significativa caída del atractivo del independentismo.

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Prescindiendo, pues, de la verosimilitud de las denuncias, hay dimensiones que merecen un pequeño análisis. Una es, evidentemente, el periodo de tiempo de los hechos (2017-2020), coincidiendo con años de máxima tensión en los temas ligados al independentismo. Otra es el sospechosamente elevado número de personas 'espiadas', entre las cuales, al parecer, se cuentan muchas que, bajo cualquier punto de vista, carecen del menor interés y que, repentinamente, lo que dicen o hacen se ve elevado a la condición de posible “preocupación del Estado”, pasando así de la irrelevante grisura a la importancia social y política.

He mencionado al Estado, y es obligado hacerlo, puesto que, de ser cierto lo que se dice, se trataría de una intervención de las comunicaciones que, de haberse realizado sin la debida cobertura legal, constituiría un delito contra el derecho fundamental a la intimidad y privacidad de las comunicaciones. Se ha dicho y repetido que, luego de la experiencia de los sucesos de octubre de 2017, el Estado tiene sobradas razones para no perder de vista los movimientos de quienes anuncian una y otra vez que lo 'volverán a hacer' y que, en algún caso, como el del inefable Puigdemont, hasta crean un 'gobierno' propio de una supuesta república independiente. Vista así la cuestión, resulta, cuando menos, sorprendente que se considere “ofensivo” el hipotético seguimiento por parte del Estado a quienes quieren acabar con él. Pero, aun admitiendo la existencia, en alguna medida, de una 'razón suficiente', en un Estado de derecho un sistema de escuchas solo puede ser utilizado con autorización judicial expresa y referida específicamente a la persona afectada, pues destruye la vida privada, que es una 'conditio sine qua non' para la vida en democracia.

Así las cosas, el Gobierno o algunos de sus miembros niegan la utilización del citado programa Pegasus para espiar a independentistas, pero simultáneamente afirman que si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hubiese decidido interceptar las comunicaciones de una persona, lo habría hecho con autorización judicial, de acuerdo con lo dispuesto en la L.O. 2/2002 de 6 de mayo de 2002, que dispone el control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, y la Ley 11/2002, de 6 de mayo, que regula el Centro Nacional de Inteligencia, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial (art.342 bis). El sistema establecido por ese conjunto de normas se concreta en una regla clara: si el CNI estima que para el cumplimiento de sus funciones —proporcionar información, estudios y análisis al Gobierno y a su presidente que permitan prevenir y evitar peligros, amenazas o agresiones contra la independencia y la integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones— necesita poner en marcha un sistema de escuchas a determinadas personas, se habrá de dirigir a un magistrado del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda o Tercera, para solicitar su autorización, exponiendo los motivos y el tiempo que precisa.

El problema, según dicen algunos, es que la decisión del magistrado queda automáticamente calificada como secreto, pero, a poco que se medite sobre la cuestión, se percibe claramente que no podría ser de otro modo sin malograr el objetivo pretendido, pues es fácil entender que una interceptación de conversaciones requiere del secreto si pretende alcanzar algún resultado. Cuestión diferente es que la decisión judicial autorizando la escucha se transforme en secreto oficial, pues ahí se tropieza con otro problema diferente: la siempre postergada revisión profunda de la Ley de Secretos Oficiales de 5 de abril de 1968, reformada por la ley de 7 de octubre de 1978, que, pese a todo, permite los 'secretos eternos'. Por supuesto que tampoco cabe el extremo opuesto, que sería prohibir que haya materias reservadas o secretos de Estado, pues eso es necesario, ya sea por razones de defensa y protección, u otras como pueden ser las exigencias de la lucha antiterrorista.

Opinión

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Pero volvamos al tema de las supuestas escuchas. Por una parte, algunos partidos presentes en la Cámara exigen una comisión que aclare lo sucedido. En teoría, el Congreso y el Senado, según dispone el art.10-2 de la Ley de Secretos Oficiales, pueden acceder a toda clase de informaciones en la forma que determinen los respectivos reglamentos y, en su caso, en sesiones secretas. Pero está fuera de duda que sin un consenso mayoritario eso no sería posible, y, según ha trascendido, ni el PSOE ni el PP estaban por la labor de admitir una comisión que exija explicaciones sobre lo que haya podido hacer el CNI, aunque el PSOE parece reconsiderar su postura —todo sea por no caerse del caballo aunque el caballo vaya a su aire—, ni tampoco lo que hubiera podido autorizar el magistrado del Tribunal Supremo, a quien, por supuesto, no se puede convocar para que dé cuenta de una decisión que legalmente ha de ser reservada.

Algunos líderes independentistas, siempre obsesionados con conseguir una atención internacional que por lo común no logran, han anunciado que interpondrán querellas en diferentes Estados. No vamos a entrar en reflexiones jurídicas sobre esa idea de la 'querella contra el Estado', que es del todo extravagante, aunque imagino que sus promotores confían en que al menos funcione en Bélgica, que nunca les falla. Pero es dudoso, examinado el derecho europeo, tanto eso como una acción contra el Gobierno español.

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A su vez, los afectados anuncian acciones judiciales, civiles o penales, contra quien resulte responsable de la decisión de 'espiarles', cuestión que se resuelve 'a priori' dando por sentado que ha sido el Gobierno (algún líder se refiere a los "ministros del PSOE", dejando al margen a los de UP, que en este tema se muestran, una vez más, alineados con los independentistas) y que el Gobierno lo ha hecho con o sin autorización judicial. Este último extremo sería de capital importancia, claro está, pero, al margen de las dificultades que entraña saber de la existencia de esa autorización, hay un óbice previo: la prueba de los hechos, que no puede colmarse con lo que afirme una organización como Citizen Lab.

Veremos el rumbo que toma el asunto, que hoy por hoy se encuentra encallado en un punto incómodo para el Gobierno, que tanto niega los hechos como hace protestas de su exquisito respeto por la legalidad de las escuchas, pero muy provechoso para los 'indepes' y su estrategia de eternos agraviados.