La Junta Electoral, ante las urnas: ni pucherazo ni amaño en Correos

Desde la convocatoria electoral del 23-J circulan noticias inquietantes, que preocupan a los menos informados y que se utilizan torticeramente por los partidos. Por ejemplo, en esta semana una supuesta impugnación ante la JEC de la coalición Sumar —pronosticada por ElDebate— que no se ha producido; el mismo presidente avanzaba que habrá una denuncia de “pucherazo” contra su partido, al estilo Bolsonaro-Trump curando la herida antes del golpe; también se lanzaba la idea de que sean voluntarios los que compongan las mesas (sin ponderar las dificultades de ese sistema). Es decir, desinformación, bulo o silencio intencionado que se extrapolan por los sesgos, el miedo o la polarización social, además de por la mala gestión gubernamental de las crisis.

Han ocurrido sin duda hechos aislados graves en las elecciones municipales que nos alertaron (casos Melilla o Mojácar, casos que ya están en manos de los jueces para la averiguación de los delitos cometidos), pero que fueron resueltos con prontitud y rigor por la autoridad electoral. Se anularon de inmediato “sacas” perdidas en algunos buzones, o se exigió el DNI al ir a Correos para evitar esa compraventa ilícita.

TE PUEDE INTERESAR

La JEC acuerda exigir el DNI para el voto por correo y librar de la mesa por vacaciones pagadas

Iván Gil

Esa autoridad electoral, ¿quién es? ¿Qué hace? Esta autoridad viene regulada por la Ley Electoral de 1985 (Loreg) —compuesta por la Junta Electoral Central (JEC), las Juntas electorales provinciales y autonómicas y las Juntas de Zona, importantísimas si nos toca ser miembro de mesa—. En concreto, los miembros de la JEC, nombrados para cada legislatura, son jueces de carrera y catedráticos de Universidad y no son ni trabajan para el Gobierno. A estas juntas se añaden otras garantías del Estado de Derecho, vigilado por el poder judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en período electoral.

Ya metidos de lleno en la campaña del 23-J, una reválida que puede costarle cara al presidente Sánchez, la JEC ha salido recientemente al paso de muchas de esas inquietudes: por ejemplo, sobre el uso del DNI en el voto por correo, sobre las excusas para no formar parte de mesas, o sobre la fecha en que llegará la documentación a los que votamos por correo ampliándolo hasta el 20 de julio. Como muestra un dato: no son pocos los acuerdos de la JEC de este pasado miércoles 14 de junio, que pueden verse aquí.

Corren muchos memes sobre menos mal que se pide el DNI incitando a la desconfianza. Culpa de los medios, de los periodistas (mea culpa) pero también de todos los ciudadanos que, más allá de las risas, necesitan cultura democrática y un poco de reflexión. El titular de prensa sobre la necesidad del DNI debería haber sido “también se pedirá el DNI una tercera vez en el voto por correo”, porque ya se venía pidiendo dos veces –al solicitar el certificado en Correos, uno y al recibir la documentación en casa, dos—. Quien quiere enredar es porque no lo ha hecho nunca o porque no pregunta en las sobremesas del café. En fin, la lista de bulos es larga y quizá tengan ustedes en su WhatsApp casos más enjundiosos.

El sistema electoral español no es reciente, la Ley actual es heredera de la de 1907 aprobada durante el mandato de Antonio Maura que ha estado vigente incluso en el franquismo, aunque claro, no se utilizó; y, si bien es cierto que la Loreg necesita más de una reforma en algunas cuestiones, se trata de una garantía institucional clave en nuestra democracia, que desempeña un valor básico junto a otras como la libertad de prensa, la existencia libre de partidos políticos y, por supuesto, la separación de poderes.

TE PUEDE INTERESAR

La JEC mira a Interior para que active medidas que alivien el calor en los colegios electorales

Beatriz Parera Alejandro Requeijo

Y debemos decir que el poder ejecutivo interviene poco, poco en el proceso electoral. El Ministerio del interior organiza el centro de recogida de datos de las mesas, que vigila la JEC.

Qué hemos aprendido de la campaña del 28-M

Entramos en campaña de elecciones generales cuando apenas habíamos concluido las anteriores del 28-M. Durante ese proceso, el marco del Observatorio Complutense de la Desinformación, hemos estado en la que analizamos con apoyo de trabajo de un verificador, los principales desafíos desinformativos, narrativas hostiles y las garantías de las distintas autoridades.

Sobre los asuntos estudiados y resueltos por la JEC (cerca de 200), poco conocidos por la ciudadanía en general, ha habido al menos 17 acuerdos relacionados con el voto o sufragio: la validez de papeletas, voto por correo, sustracción de votos (en Almería), votos depositados en buzones de correos (Melilla, dos casos), uso de mensajería privada en el extranjero, el kit del voto accesible, novedades de interés durante estas elecciones.

TE PUEDE INTERESAR

Llueve sobre mojado en Melilla: votos a cambio de empleo ya en 2008

B. Parera

Sobre encuestas hay dos casos menores, nada significativo en general porque se ha cumplido el precepto de NO publicar desde cinco días antes; tampoco ha habido denuncias o quejas por encuestas publicadas como precio de la fruta de Andorra. Sí hay un envío de encuesta por correo en Bormujo, Sevilla, con foto de la candidata; y otro de una encuesta publicada por Onda Naranja COPE, sin ficha técnica; no muy relevante, por tanto.

En cambio, si son muy numerosas (una veintena) las reclamaciones por cobertura de medios, sobre todo públicos. TV Aragón, una; TV Canarias, dos; RTV Murcia, uno; RTVE, dos; RTV Madrid, una; RTV Andalucía, dos; RTV Extremadura, una; además de varias sobre TV y radios municipales de Huelva, Barcelona. En algunos casos por excluir a formaciones políticas (como Adelante Andalucía —que era Izquierda Unida—, por ejemplo, pues ha resultado perjudicada por el cambio de siglas, y nuevas alianzas para apariciones en medios como Onda Cádiz, Huelva, Tarifa). Otras por la exclusión a partidos por no haber alcanzado un % significativo en las elecciones anteriores (caso Ciudadanos, Vox en varias televisiones o Compromís en Barcelona). Lo mismo que les ha ocurrido a partidos pequeños como el Partido Animalista o el Partido Nacionalista Canario.

Sobre el principio de neutralidad de las autoridades hay al menos una docena (12) de reclamaciones que pueden agruparse en quejas de la oposición por uso de las ruedas de prensa para difundir logros, ya sea en el Consejo de Ministros (dos a nivel nacional) o de los gobiernos autonómicos (tres en Castilla León, una en la Generalitat de Cataluña, una en Andalucía) o bien por uso de la imagen de cargos públicos en la propaganda electoral (foto de Juanma Moreno en el sobre de los envíos como presidente de la Junta, y otro que acompaña con carta de Juanma Moreno). Muchas, por tanto, contra cargos públicos del PP.

TE PUEDE INTERESAR

El resquicio por el que Pedro Sánchez cuela propaganda electoral con el sello de la Moncloa

Beatriz Parera Alejandro López de Miguel

En todos los casos de la JEC se observan con transparencia —dentro de lo que supone un procedimiento administrativo— los hechos que dan lugar a las reclamaciones, la mayoría hechas por partidos políticos, así como los fundamentos jurídicos.

A nivel provincial, en cambio, sí se echa en falta un mejor conocimiento de los hechos materiales que dan lugar a la reclamación en las Juntas provinciales, porque estas no publican las decisiones (una mejora que sugiero para la reforma de la Loreg). Por ejemplo, querríamos saber más de la decisión sobre las imágenes subidas ilegalmente a Instagram por el Candidato del PP en Asturias (porque durante la precampaña no se puede hacer publicidad); o conocer la decisión del cartel de Podemos sobre el hermano de Ayuso en la calle Goya de Madrid, si Podemos cumplió con el cambio del logo, o por último el origen de la financiación de los enigmáticos carteles sobre Sánchez y su Falcon en el metro de Madrid denunciados por el PSOE.

En conclusión, ¿qué podemos hacer?

Confiar en las instituciones, siguiéndolas y pidiéndoles información como periodistas e investigadores. Y como ciudadanos, denunciar las irregularidades (a la autoridad electoral), verificar en Newtral.es o Maldita.es, que ofrecen herramientas muy rápidas, e informarse bien de los procedimientos en las instituciones públicas (Correos, JEC, Ministerio Interior, entre otras), leer las leyes y, salvo eso, que no nos amarguen la campaña.