Solo la ilegalidad puede hacer presidente a Sánchez

La tergiversación del lenguaje es una herramienta eficaz para quien, desde el relativismo moral, emprende la tarea de convencer de una cosa hoy y de su contraria mañana. Pero ni Sánchez ni los socialistas son muy virtuosos en el recurso clásico de los sofistas. Realmente, sus cambios de opinión no requieren de explicaciones bien argumentadas porque en el fondo del asunto no está la calidad de las decisiones, de las opiniones, sino que su eficacia se basa en ganar cuantitativamente al contrario. Hay un PSOE que no es que haya cambiado, como tampoco Sánchez, su opinión respecto a Bildu, los indultos o la malversación, lo que ocurre es que le da lo mismo una cosa que la otra.

Viene a ser parecido a lo que ocurre con Maradona, que era igualmente idolatrado ya metiera los goles con el pie o con la mano, porque lo que su público quería eran victorias. Así, una buena parte de la izquierda española no mira el desarrollo del juego en el campo, sino que mira directamente al marcador durante todo el partido, porque lo único importante es ganarlo.

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El recurso a la "desjudicialización de la política", con el que ahora se pretenden blanquear los delitos de Puigdemont, es la apelación a una causa aparentemente noble para ocultar una injusticia. Del mismo modo, se podría decir que hay que "desjudicializar las relaciones humanas", y, así, se podría dejar impune a quien ha cometido un robo, una agresión o una violación. También sería bueno "desjudicializar las relaciones comerciales", para lo que se podría eximir de culpa al que incurre en una quiebra fraudulenta, en administración desleal o en un alzamiento de bienes. La cosa es que la comisión de esos delitos son alteraciones de las relaciones humanas y las comerciales, del mismo modo que la malversación lo es de las políticas, como han hecho Puigdemont y sus cómplices.

No es "desjudicializar la política" sino exonerar del delito. Y alguien pretende hacerlo con una Ley a la que quieren llamar de amnistía y que realmente sería una ley de impunidad criminal.

En 1660, Carlos II de Inglaterra publicó la Declaración de Breda por la que ofrecía la amnistía a quienes se sumaron a Cromwell para derrocar la monarquía, para otorgar esa gracia, exigió que lo aceptaran a él como rey legítimo. En España, durante la transición, se acordó la amnistía para presos cuyos delitos habían sido juzgados por leyes muy distintas a las que se estaban aprobando en los profundos cambios legislativos del nuevo sistema democrático. En el primer caso, el asunto se resolvía cuando los culpables reconocían su culpa, en el segundo, fue el sistema el que reconoció su parte de responsabilidad y aceptaba que había cometido errores. El resultado, en ambos casos, fue mediocre.

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En el asunto que nos ocupa, las pretensiones de Puigdemont no pasan por el reconocimiento del régimen constitucional, ni tampoco están previstas reformas penales que permitan la malversación de caudales públicos. Por tanto, las aspiraciones de Puigdemont son, llanamente, las de requerir impunidad para sus delitos a cambio de su apoyo parlamentario al aspirante a la presidencia del Gobierno que acepte el chantaje.

Prestigiosos juristas se han pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la pretensión de Puigdemont. Dos expertos muy citados desde la izquierda como el catedrático Alberto López Basaguren y el exmagistrado Juan Luis Ibarra, han afirmado que "la hipotética aprobación de una ley de amnistía provocaría una importante sacudida en nuestro sistema constitucional, echando por tierra una interpretación históricamente arraigada, con consecuencias difíciles de calibrar".

Antes que ellos, ya lo habían dicho también Sánchez y sus ministros, que, aunque no tienen el mismo prestigio como juristas, repetían lo mismo que decían los letrados de las Cortes.

La justicia no se hace para fastidiar, sino para reponer la legalidad y garantizar la equidad

Claro, otorgar impunidad a Puigdemont, llámenlo como quieran, desprotege judicialmente a los españoles ante un dirigente que ha empleado su cargo para malversar el dinero que le habían confiado. Quien pagaría este peaje no sería el PSOE sino los españoles. La justicia no se hace para fastidiar, sino para reponer la legalidad y garantizar la equidad, Puigdemont aspira a que no se cumpla ni lo uno ni lo otro.

A partir de ahí, Sánchez debiera de rebajar la soberbia con la que interpretó los resultados electorales y asumir que no puede llegar a ser presidente del Gobierno sin vulnerar el marco jurídico constitucional. Es decir, o los de Puigdemont cambian las condiciones o no puede reeditar el mandato presidencial.

Las urnas han conformado un Congreso de Diputados muy complejo si se interpreta desde una perspectiva de bloques, pero mucho más comprensible si se entiende que hay una mayoría de ciudadanos que quiere respetar las normas de juego y no quiere que su equipo meta los goles con la mano ni que se proporcione agua con somníferos al adversario, como hacía el astro argentino.

Si se leen así los resultados, la legislatura, difícil en lo económico y con importantes retos en áreas sociales y laborales, puede ser muy distinta a la que hemos vivido y se pueden lograr importantes avances con mayorías muy sólidas que acuerden los pactos de Estado que España se merece y que no pasan por la concesión de impunidad a quienes han puesto en riesgo nuestra democracia y ahora pretenden sabotearla mediante un nuevo chantaje inconstitucional.