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Ignacio Varela

Una Cierta Mirada

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España, democracia de segunda división

Pedro Sánchez añadirá a sus logros políticos el hecho de ser el primer presidente que consiguió hacer de la española una democracia de segunda división

Foto: Vista del hemiciclo vacío desde la mesa de la presidenta del Congreso. (EFE/Javier Lizón)
Vista del hemiciclo vacío desde la mesa de la presidenta del Congreso. (EFE/Javier Lizón)
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Pese a su nombre, 'The Economist' es, en mi opinión y en la de muchos, la mejor publicación política de Europa. Si existe un método válido para medir la calidad de una democracia —o si un régimen es o no democrático—, el que más se aproxima a la objetividad y el rigor analítico es el que la revista británica viene usando desde hace 15 años. Por ello, su Democratic Index anual, que evalúa a 167 Estados, se ha convertido en un patrón universal, una referencia generalmente aceptada que todo el mundo da por buena. Figurar más o menos arriba en esa lista es, pues, decisivo en la reputación política de un país.

Usando un ejército de analistas, toneladas de información y hasta 60 indicadores de calidad democrática, 'The Economist' mide el sistema político de cada país con puntuaciones de cero a 10. De ahí sale una puntuación media anual que, en 2021, va del 9,75 de Noruega al 0,32 de Afganistán (que este año se ha ganado merecidamente el honor —más bien el horror— de arrebatar el farolillo rojo a Corea del Norte).

Ello le permite clasificar a los países en cuatro categorías: Las democracias completas (traducción quizá más ajustada de 'full democracies' que la manida expresión 'democracias plenas') son las que obtienen una puntuación igual o superior a ocho. Ellas forman la primera división mundial de la democracia. Entre seis y ocho puntos están las consideradas democracias defectuosas. Las no democracias se dividen a su vez en dos grupos: los llamados 'regímenes híbridos' (dictablandas o democracias degeneradas) y las dictaduras propiamente dichas. En ese pelotón de la vergüenza figuran todos los países favoritos de Iglesias y Zapatero. Por supuesto, Rusia y China; pero también la Nicaragua de Ortega, la Venezuela de Maduro, la Cuba castrista de Díaz-Canel, el México de López Obrador o el benemérito régimen ultraislamista de Irán. Lo mejor de cada casa.

Foto: Manifestante en Hong Kong. (Getty/Chris McGrath)

Así define 'The Economist' una democracia plena o completa: “Un país con elecciones libres y limpias, en el que se respetan todas las libertades políticas y personales, se aceptan los resultados electorales y las transiciones de un Gobierno a otro son pacíficas, el Estado funciona, los medios de comunicación son independientes y plurales, hay un sistema efectivo de controles y de equilibrio entre los poderes, se respeta la ley, la Justicia es independiente y las sentencias judiciales se cumplen”. Requisitos muy exigentes para obtener sobresaliente en todos ellos; por eso solo 21 países han entrado en 2021 en tan selecto grupo.

Relean con atención la definición anterior, especialmente sus últimas líneas: las que se refieren a los controles y el equilibrio entre los poderes, el respeto de la ley, la independencia de la Justicia y el cumplimiento de las sentencias. En ellas encontrarán la explicación de que, por primera vez desde que el 'ranking' existe, España haya salido en 2021 de la lista de las mejores democracias del mundo y se la haya degradado a la segunda división, donde habitan las democracias defectuosas. Qué cosas, tener el Gobierno más progresista que vieron los tiempos para eso.

Está claro que los analistas de 'The Economist' saben lo que está pasando en España. Porque si algo define el modelo sanchista de ejercicio del poder es precisamente el deterioro sistemático, contumaz, programado y consciente de los mecanismos de control, el equilibrio y la separación de poderes, el cumplimiento de la ley y la independencia de la Justicia. A lo que debería añadirse el abuso legislativo reiterado. Desde que Sánchez llegó a la Moncloa, el Gobierno asegura haberse visto ante 114 “casos de extraordinaria y urgente necesidad”, que es lo que la Constitución exige para recurrir al instrumento del decreto-ley: una vez cada 12 días hemos tenido en España una situación de emergencia legislativa. La excepción convertida en norma. En la España de Sánchez, el Parlamento no hace las leyes: las hace el Gobierno y el Congreso solo puede decir sí o no, con frecuencia bajo chantaje.

"El deterioro guarda relación principalmente con una puntuación más débil para la independencia judicial", dice el informe

No es exacto que España haya descendido a segunda únicamente por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, siendo esta una causa importante del batacazo. El muy documentado informe de 'The Economist' (85 páginas) se detiene en nuestro país por ser el único de Europa que desciende de categoría, y dice:

“El deterioro guarda relación principalmente con una puntuación más débil para la independencia judicial, debido a la división política sobre el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial, el órgano que supervisa el sistema judicial y debe garantizar su independencia (…) cuanto más se prolonga esa situación, mayor es el riesgo de que el Consejo se debilite y se haga vulnerable a la politización”. Y añade: “En general, la escena política española se ha visto crecientemente agitada en los últimos años con la fragmentación parlamentaria, una letanía de casos de corrupción política y el creciente nacionalismo catalán lanzando desafíos a la gobernanza”.

Foto: Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social. (CES)

No cuenta todo lo que aquí sucede: podrían añadirse unos cuantos desastres más, todos ellos nacidos de la polarización política como principio estratégico. Pero todo lo que cuenta, sucede. Por eso Pedro Sánchez añadirá a sus logros políticos, que tanto asombran al papanatismo mediático, el hecho de ser el primer presidente que consiguió hacer de la española una democracia de segunda división. Denle un par de legislaturas más y veremos dónde acabamos.

Hay en la lista siete países cuyo índice de calidad democrática supera el nueve sobre 10: Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Islandia, Dinamarca e Irlanda. Podríamos añadir a Taiwán, que obtiene un 8,99. Son la aristocracia mundial de la democracia. Casualidades de la vida: seis de ellos están gobernados por mujeres, y Noruega lo estuvo hasta octubre del 21. Siete de ocho, señores.

Tampoco es casualidad, sino lucidez aterradora, que este año 'The Economist' presente su informe sobre el estado de la democracia en el mundo con este titular: “El desafío de China”. Sabe —lo sabemos todos— de dónde viene la amenaza.

Pese a su nombre, 'The Economist' es, en mi opinión y en la de muchos, la mejor publicación política de Europa. Si existe un método válido para medir la calidad de una democracia —o si un régimen es o no democrático—, el que más se aproxima a la objetividad y el rigor analítico es el que la revista británica viene usando desde hace 15 años. Por ello, su Democratic Index anual, que evalúa a 167 Estados, se ha convertido en un patrón universal, una referencia generalmente aceptada que todo el mundo da por buena. Figurar más o menos arriba en esa lista es, pues, decisivo en la reputación política de un país.

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