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Presupuestos con arsénico electoral
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Ignacio Varela

Una Cierta Mirada

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Presupuestos con arsénico electoral

En la actual coyuntura económica y política, el peor escenario posible para el Gobierno sería la derrota del presupuesto

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
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Siempre que un Gobierno minoritario consigue sacar adelante unos presupuestos, puede considerarse un éxito. Más aún cuando se trata de un Gobierno de coalición que previamente tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo, y ese paso imprescindible solo le garantiza 155 votos; los demás se los tiene que ganar uno a uno negociando con la cohorte de grupos nacionalistas que le vienen dando soporte parlamentario desde el principio de la legislatura —siempre a cambio de facturas desorbitadas en lo político y en lo económico—. Sánchez lo ha conseguido en dos ocasiones y también lo conseguirá ahora. Pero en esta ocasión, más que de un éxito, se trata de un mal menor. O si se prefiere, de un dulce con una dosis de arsénico.

Es evidente que, en la actual coyuntura económica y política, el peor escenario posible para el Gobierno sería la derrota del presupuesto. Ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz, por motivos distintos, se lo pueden permitir. El acuerdo entre ellos era una hipótesis de necesidad, pese a la teatralización del suspense negociador hasta el último segundo. En resumidas cuentas, la transacción ha consistido en dejar aparcado —por tanto, irresuelto— todo aquello en lo que las diferencias son insalvables. Lo que en realidad han hecho es pactar lo pactable del programa del Gobierno para el último año de la legislatura.

Quienes más y mejor saben explicarán la pertinencia económica de un instrumento presupuestario furiosamente expansivo del gasto en plena galopada inflacionaria, con una deuda abrumadora y los bancos centrales poniendo en marcha medidas claramente constrictivas. La política económica que se deriva de él es tan adecuada para contener la inflación —primera demanda social, por encima de cualquier otra— como usar gasolina para apagar un incendio. La lógica que lo sustenta procede mucho más del calendario electoral de 2023 que de una expectativa económica fundada.

A estas alturas, está ya claro que en los próximos meses Pedro Sánchez está dispuesto a gastarse lo que tiene y lo que no tiene, hasta dejar la caja vacía, con tal de intentar salvar el poder. Después de mí, el diluvio, parece pensar, sin reparar en que el diluvio comenzó hace rato y nos pilló a la intemperie y vestidos de playa. No es realista esperar que actúe como hormiga quien nació con vocación y hechuras de cigarra.

No es asunto menor la antinomia entre la agenda que marca la realidad y el instrumento político del que disponemos para conducirla. No solo por la genética de un Gobierno que solo sabe mantenerse en la bicicleta pedaleando sobre el gasto clientelar; también y sobre todo por la clausura pertinaz de todas las vías de concertación política en el reino del bibloquismo. Lo peor de la irracional batalla fiscal en que se han embarcado los gobiernos central y autonómicos y sus partidos respectivos es la incertidumbre que produce en la sociedad. En esta espiral de demagogia, ninguna empresa o familia puede prever cuánto tendrá que pagar en impuestos el año que viene.

Con todo, no es ese el arsénico al que me refiero. Ya que todo viene dictado por la lógica electoral, veámoslo desde ese punto de vista. Tras salir del Consejo de Ministros, hay que pasar el fielato de la negociación con los aliados nacionalistas. Con tres peculiaridades sobre los años anteriores: primero, se sabe que Sánchez carece de margen para arriesgarse a que le tumben este presupuesto: su voluntad es cautiva del calendario. Segundo, todos ellos están también en puertas de unas elecciones en las que tienen que exhibir músculo negociador para justificar su casorio con el poder central. Tercero, albergan la fundada sospecha de que esta será la última ocasión que tendrán de exprimir el chollo del sanchismo en el poder.

Esas circunstancias crean un poderoso incentivo para elevar al máximo el listón de las exigencias. No hay forma peor de entrar en una negociación con quienes han demostrado codicia infinita que carecer visiblemente de línea de retirada, sobre todo si ellos mismos están también apretados por la urgencia electoral.

Es altamente probable que ERC se vea pronto en el trance de gobernar en solitario tras reventar el bloque independentista, en buena parte a causa de sus tratos concupiscentes en Madrid. Para hacérselo perdonar, tendrá que ofrecer muestras contundentes de la rentabilidad de esa relación cómplice, que sus adversarios califican de claudicante. Algo parecido cabe decir del PNV y Bildu, embarcados en una competición por la hegemonía electoral en el País Vasco por el doble juego de Sánchez, que ha dado carta de naturaleza a los de Otegi como interlocutores respetables y hasta privilegiados.

Foto: Rufián, Sánchez y Díaz en el Congreso. (EFE/Mariscal)

No tengo duda de que, finalmente, habrá pacto y el presupuesto se aprobará con una mayoría muy parecida a la de los años anteriores. Pero en esta ocasión será mucho más alta la factura en forma de prebendas diferenciales para los territorios donde operan los nacionalismos.

¿Dónde está el problema? Obviamente, en el resto de España. Por ceñirnos a las elecciones autonómicas: el 28 de mayo, el PSOE pondrá en juego la presidencia de nueve comunidades autónomas (más Cantabria, donde participa en el Gobierno). El PP solo se juega dos, Madrid y Murcia, en las que no corre riesgo alguno. Sánchez tiene mucho que perder ese día y Feijóo mucho que ganar.

Foto: Santos Cerdán, junto a Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en julio.(EFE/Mariscal)

Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, La Rioja, Asturias, Navarra, Baleares, Canarias. Varios de esos gobiernos actualmente en manos del PSOE están en situación de máximo peligro y otros en peligro moderado, pero ninguno puede considerarse completamente asegurado (desde luego, no como el PP tiene Madrid y Murcia). En la mayoría de ellos existe una extrema sensibilidad social al agravio comparativo por el sistemático trato de favor que reciben los territorios donde los nacionalistas chantajean al Gobierno.

A estas alturas, todos esos presidentes saben que su única baza es jugar esta partida con sus propias armas, manteniendo una higiénica distancia respecto a Sánchez y su entorno. Lo que les faltaba es asistir, en las puertas de las elecciones, a una exhibición del poderío de los nacionalistas catalanes y vascos para llevarse a casa todo lo que tengan a bien exigir a cambio de sus votos para el presupuesto. Solo con eso, el PP ya tiene hecha media campaña en esas comunidades.

Este presidente ha conseguido llegar en una legislatura al mismo punto de desgaste que sus antecesores en dos o más: ese en el que solo te queda para cubrirte una manta corta, con la que si te tapas por un lado, te destapas necesariamente por otro. Por eso, este presupuesto aparentemente victorioso puede contribuir a tumbarlo por el retroceso que sigue al disparo.

Siempre que un Gobierno minoritario consigue sacar adelante unos presupuestos, puede considerarse un éxito. Más aún cuando se trata de un Gobierno de coalición que previamente tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo, y ese paso imprescindible solo le garantiza 155 votos; los demás se los tiene que ganar uno a uno negociando con la cohorte de grupos nacionalistas que le vienen dando soporte parlamentario desde el principio de la legislatura —siempre a cambio de facturas desorbitadas en lo político y en lo económico—. Sánchez lo ha conseguido en dos ocasiones y también lo conseguirá ahora. Pero en esta ocasión, más que de un éxito, se trata de un mal menor. O si se prefiere, de un dulce con una dosis de arsénico.

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