La paradoja del desempleo y las ofertas vacantes

En España se da la paradoja de que hay casi tres millones de personas en paro y decenas de miles de vacantes sin cubrir. Sabido es que el mercado laboral arrastra desde hace décadas elevados niveles de desempleo, pero, además, de un tiempo a esta parte los empresarios observan crecientes dificultades a la hora de encontrar mano de obra apta para los puestos de trabajo vacantes. No se trata de un problema exclusivo de un sector determinado, sino que afecta a múltiples ramas de actividad: la hostelería, la construcción, la industria, el transporte, la agricultura, el ámbito digital… El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en casi 150.000 el número de ofertas vacantes, si bien la cantidad real se presume más alta dada la complejidad de medir este fenómeno entre las empresas de menor tamaño.

Detrás de la escasez de personal subyacen diversos motivos, entre los cuales se encuentra la propia evolución demográfica. La caída de la natalidad explica que cada vez se incorporen menos jóvenes al mercado laboral y que, en consecuencia, vaya aumentando la edad media del conjunto de los trabajadores. Un estudio reciente de Funcas (la Fundación de las Cajas de Ahorros) apunta: "Si durante el período 2002-2022 la población ocupada ha aumentado en alrededor de un 18 por 100, la población ocupada de 50 años o más se ha más que duplicado, mientras que la población ocupada de 16 a 29 años se ha reducido a la mitad". De seguir así, llegará un momento en que estará en peligro el relevo generacional.

También influye el hecho de que el sistema educativo no está enfocado siempre a las necesidades del tejido empresarial. Algo falla cuando la tasa de paro juvenil ronda el 27%, casi el doble de la media de la Unión Europea. En ocasiones ocurre que las universidades o los centros de formación profesional no proporcionan a los alumnos una cualificación alineada con las demandas de las empresas, de modo que estas al final desisten de hacer contrataciones o asumen el coste —no menor— de instruir por su cuenta a los nuevos empleados.

Aunque resulte políticamente incorrecto, hay que señalar también que ha surgido un clima social que, al calor de un catálogo cada vez más amplio de subsidios públicos, tiende a desincentivar la laboriosidad, el esfuerzo, el mérito y el emprendimiento. A ello se debe sumar la ausencia de estímulos para mudarse por razones de trabajo, ya que —de nuevo según el INE— el 29% de los parados no ha cambiado nunca de municipio de residencia y otro 35% no se ha movido jamás de su provincia.

Por unas y otras razones, el desajuste entre oferentes y demandantes de empleo se ha agravado en los últimos años y cobra ya una dimensión preocupante en la medida en que se está desaprovechando una parte de la fuerza laboral de nuestro país al tiempo que se condena a un número creciente de empresas a una menor actividad productiva, cuando no al cierre. Se trata de una cortapisa al crecimiento presente y futuro de la economía española, con el perjuicio que ello supone para las arcas públicas y para el sostenimiento del estado del bienestar.

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Este asunto debería ser una prioridad para el equipo económico del nuevo Gobierno, en coordinación con otros ministerios como el de Educación y Formación Profesional, el de Derechos Sociales y el de Migraciones. Urge poner en marcha un plan de actuación encaminado a tres objetivos esenciales: incentivar la natalidad (en España apenas nacen siete niños por cada mil habitantes), actualizar los currículos de todas las etapas educativas de cara a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, y promover la atracción de inmigrantes en disposición de trabajar.

De estas medidas, las dos primeras (las relativas a la natalidad y la educación) sólo podrán rendir fruto en el largo plazo; en cambio, la captación de mano de obra extranjera sí que puede surtir efecto de manera más inmediata. No obstante, la inmigración es un recurso que debe gestionarse con prudencia a fin de preservar la cohesión social. Basta con mirar al otro lado de los Pirineos para constatar que hay ciertos colectivos que se resisten a integrarse en las sociedades occidentales por más que los gobernantes destinen a ese propósito cuantiosas sumas de dinero público.

España cuenta, en ese sentido, con una ventaja de incalculable valor porque forma parte, junto con diecinueve países hermanos de Iberoamérica, de una comunidad basada en una misma lengua, unos fuertes lazos históricos y unos valores culturales y religiosos similares. No cabe duda de que ello otorga a España una posición privilegiada frente a otros países desarrollados para acoger —y formar, si procede— a trabajadores extranjeros con altas probabilidades de éxito.

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El talento constituye el factor más importante para el progreso de cualquier organización humana y se cotiza más alto que nunca en un contexto internacional marcado por los retos de la digitalización, por el déficit de personal cualificado y por el auge del teletrabajo. Los países y las empresas que sean capaces de reclutar a los profesionales más competentes serán los llamados a liderar el futuro de la economía mundial.

A ello debe aspirar España y una buena manera de atraer talento procedente de Iberoamérica podría consistir, por ejemplo, en invitar a estudiar en las universidades españolas a los cien mejores expedientes académicos de cada uno de los países de la región, todo ello con cargo a los fondos que el Estado español dedica a la cooperación al desarrollo.

El mercado laboral está evolucionando de tal manera que es preciso replantearse las políticas públicas tradicionales y explorar soluciones novedosas a fin de que el tejido productivo disponga de capital humano cualificado y en número suficiente para seguir operando a pleno rendimiento como fuente de riqueza y de bienestar. En juego está el futuro de nuestro país, porque las cuentas no se sostendrán por mucho tiempo si persiste la paradoja de los desempleados y las vacantes sin cubrir.

*Balbino Prieto, presidente de honor del Club de Exportadores e Inversores Españoles