Nueva ley orgánica del sistema universitario español: ¿vamos a perder esta oportunidad?

El talento formado de las personas es el verdadero motor del desarrollo económico y social de cualquier país de nuestro entorno en el siglo XXI y la mejor garantía del bienestar de una sociedad. En la formación de ese talento, las universidades son protagonistas necesarias e insustituibles. La responsabilidad de dotarlas de los medios adecuados —que son fundamentalmente buen gobierno, capacidad de gestión y financiación— y de supervisar el debido cumplimiento de su función es de toda la sociedad. Los Consejos Sociales de las universidades españolas venimos insistiendo en que España será en el futuro el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir en educación y en sus universidades. Es un servicio público fundamental que, además, financiamos muy mayoritariamente todos los españoles con nuestros impuestos.

Solo el desinterés de la sociedad española por la educación (14.º país de la UE por inversión en intangibles y, entre ellos, desde luego, no creemos en el poder transformador de la educación) puede explicar que nuestra universidad haya llegado al siglo XXI con un sistema de gobernanza basado en la autogestión universitaria (gobiernan quienes trabajan y estudian en la universidad, y la participación de la sociedad es testimonial), implantado por una ley excepcional en un momento singular, la LRU de 1983. Un modelo que nada tiene que ver con la realidad del mundo actual y que convierte a España en el país del mundo donde menos participación y compromiso se le da a la sociedad en la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas de sus universidades.

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Sin sociedad comprometida en su gobernanza y rendición de cuentas, la introspección universitaria ha generado excesivo corporativismo y endogamia, donde debe prevalecer la competitividad y la meritocracia, lo que se ha traducido en falta de compromiso mutuo y excesivas distancias entre academia y sociedad. El aislamiento de la universidad y el desinterés de nuestra sociedad con ella ha pasado una importante factura en términos de excelencia universitaria, cooperación universidad-empresa y, consecuentemente, bienestar social. Buen ejemplo de adónde nos ha llevado la falta de cultura de cooperación mutua es que la mucha y buena investigación que hacen nuestras universidades se haya dirigido más hacia la publicación científica (11.º país del mundo) que hacia la transferencia al sector productivo (siempre por debajo de la 30.ª posición en los rankings de talento y competitividad). No hemos sido conscientes de que, en un mundo donde las personas y su talento son la clave, universidades y empresas, respetando las esencias de cada una, tienen un objetivo común: la riqueza y el bienestar social. Ambos son el resultado de sumar fuerzas y esfuerzos y crear sinergias entre quienes forman el talento de las personas y quienes lo organizan a través de la empresa, para competir en un sistema de economía de mercado generando desarrollo económico y puestos de trabajo.

Ciencia y empresa vienen pidiendo con inusitada reiteración el cambio hacia un modelo de buen gobierno universitario (Desde Bricall Universidad 2000 y, entre otros muchos, Rolf Tarrach y expertos internacionales 2011 Audacia para llegar lejos: Universidades fuertes para la España de mañana; María Teresa Miras Portugal y Comisión de Expertos 2013 Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español; COSCE-DECIDES 2020, Alegaciones a la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027). Más recientemente, la Hoja de Ruta elaborada por la OCDE para la mejora de la transferencia de conocimiento y la colaboración entre ciencia y empresa en España, presentada en el CSIC el 29 de noviembre pasado, instada por el propio Gobierno de España a la DG Reform de la Unión Europea y, por su mandato, a la OCDE, previa una proposición no de ley del Congreso de los Diputados aprobada por unanimidad, realiza una dura crítica sobre el actual sistema de gobernanza universitaria, cuestionando el poco margen que hoy tiene la sociedad española en ella y en la forma en que las universidades definen sus misiones y utilizan los recursos públicos y plantea una necesaria transformación completa del actual sistema para dar voz de manera efectiva a representantes de los intereses sociales externos a la universidad en el diseño de la estrategia universitaria, fortaleciendo de manera real el papel y capacidades de los Consejos Sociales.

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Finalmente, y no por casualidad, sino porque evidentemente conoce las insuficiencias del sistema, la UE exige como condición para el reparto de los Fondos Next Generation una nueva ley orgánica universitaria y ha puesto como principal objetivo de la reforma el good governance de la universidad y la mejora de la relación universidad-empresa.

Todo ello no ha sido suficiente para que el Ministerio de Universidades se plantee vencer las resistencias al cambio de la propia universidad y de quienes ponen por delante criterios ideológicos a la modernización de la universidad española, para acometer la reforma de la universidad que la Ciencia, la Empresa, Europa, la OCDE y el interés general del país están pidiendo a gritos.

Procede recordar aquí que el día 26 de septiembre de 2018 todas las fuerzas sociales (incluyendo CRUE Universidades Españolas, Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), Cámara de Comercio de España, CEOE, CEPYME, Sindicatos, alumnos y alumni) comparecimos en el Congreso de los Diputados para pedir “una nueva LOU que cuente con un amplio consenso político y social plasmado en un gran Pacto de Estado” capaz de poner a la universidad española en condiciones de hacer frente a los retos de la nueva era que vivimos. Quienes organizamos ese acto partimos de una evidencia: la reforma necesaria de la universidad nunca vendrá de dentro ni podrá hacerse sin resistencias de los propios estamentos universitarios, pero tampoco les corresponde a ellos la responsabilidad de acometerla y sí a nuestros representantes políticos, anteponiendo el interés general del servicio público de educación superior a cualesquiera otros intereses. Este mensaje no se ha entendido o no se ha querido entender.

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El proyecto de nueva LOSU que ha entrado en el Parlamento español desoye la voz de la sociedad y las exigencias de Europa, renuncia a aproximar la gobernanza de la universidad española a los modelos de éxito europeos y mundiales, y va a seguir condenándola, si no se remedia en la tramitación parlamentaria, a ser una excepción en el mundo. Es significativo que ni siquiera haya sido capaz de prever el mínimo conocido como “vía portuguesa”, el modelo aprobado en la reforma universitaria de Portugal ya en el año 2007, que posibilitó una opción de gobernanza distinta para aquellas universidades que así lo deseasen en el ejercicio de su autonomía y que siguieron con éxito varias de ellas. La CCS pide ahora que el proyecto de LOSU incorpore un modelo semejante en España, para que las universidades que lo deseen, en el ejercicio de su autonomía, puedan modernizar su gobernanza. Al menos el primer anteproyecto de nueva LOSU del ministro Castells contenía una tímida y limitada, más teórica que real, opción de cambio al posibilitar que en la elección del rector participaran personas externas a la propia universidad. La feroz resistencia de quienes se oponen a la necesaria modernización de la universidad española y la inmediata desaparición de tal opción en el siguiente anteproyecto han escrito una de las páginas más tristes y desafortunadas de la historia de la universidad española.

Los esfuerzos de progreso que el proyecto persigue, y que la CCS reconoce y valora, en temas, entre otros, de sostenibilidad social y medioambiental, estabilidad del empleo universitario, internacionalización (¿pero puede ser internacional una universidad cuyo sistema corporativo de designación del rector impide que pueda serlo alguien de otro país o incluso de otra universidad española?) o suficiencia financiera, no van a ser suficientes para que la nueva ley sea el documento que la universidad española del siglo XXI necesita. Es grave haber consentido que la universidad pública española haya llegado hasta aquí con un sistema de gobernanza absurdo y único en el mundo, sin la debida transparencia y rendición de cuentas, y con una financiación recurrentemente insuficiente, pero sería inaudito y nos pondría aún más en evidencia consolidarlo en el mundo global, sostenible, tecnológico y competitivo que nos ha tocado vivir.

*Antonio Abril Abadín. Presidente de los Consejos Sociales de las universidades españolas (CCS).