¿Qué quiere armonizar Escrivá?
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Juan Ramón Rallo

Laissez faire

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¿Qué quiere armonizar Escrivá?

Los ataques de Escrivá contra la autonomía fiscal de Madrid son, en realidad, un ataque a un modelo de Administración distinto del que plantean los socialistas

Foto: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE)
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE)

Uno de los argumentos que empleó recientemente el ministro José Luis Escrivá para defender el impuesto específico contra Madrid de Ximo Puig fue que, en líneas generales, no es admisible que una autonomía esté compitiendo fiscalmente a la baja con el resto de regiones españoles mientras que, en el resto del mundo, estamos observando una tendencia creciente hacia la armonización fiscal. El comentario es verdaderamente sorprendente por tres motivos.

En primer lugar, ¿está José Luis Escrivá atacando el Estado de las autonomías? Porque si lo que le molesta es que Madrid decida autónomamente sobre sus impuestos, lo que está defendiendo no es la autonomía sino la heteronomía de las administraciones territoriales. Existe una profunda incoherencia entre querer profundizar en el Estado de las autonomías, avanzando hacia un modelo federal o incluso confederal, y al mismo tiempo proponer cercenar los niveles actuales de autogobierno. A este respecto, ¿también apuesta Escrivá por recentralizar los gastos (o, al menos, por incrementar la injerencia del Gobierno central en las decisiones de gasto de los gobiernos autonómicos)? ¿Por qué los ingresos sí y los gastos no? ¿Se trata de cartelizar las administraciones públicas para aumentar su capacidad extractiva contra el ciudadano en lugar de ponerlas a competir por ofrecer mejores servicios en relación con los impuestos abonados?

Foto: Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, en la Moncloa. (EFE)

Segundo, los acuerdos internacionales en materia de armonización no tienen formalmente nada que ver con lo que ha propuesto Escrivá, que es atacar el autogobierno fiscal de las autonomías. En el ámbito internacional, son los propios Estados, cada uno de ellos por su cuenta y en el marco de sus competencias, quienes deciden sumarse (o no hacerlo) a una determinada propuesta armonizadora. Por ejemplo, Irlanda ha rechazado adherirse al acuerdo internacional sobre el tipo impositivo mínimo global del 15% en materia de sociedades y los otros 130 países firmantes no pueden imponerle esa medida en contra de su voluntad. Pero Escrivá no está defendiendo que cada Gobierno autonómico decida, en el uso de sus competencias, si armoniza determinados aspectos de sus tributos con el resto de autonomías: no, está proponiendo que sea el Gobierno central quien se lo imponga, socavando con ello su autogobierno fiscal.

Y tercero, cuando Escrivá propone armonizar impuestos entre las autonomías españolas para así emular la experiencia internacional, ¿a qué impuestos se está refiriendo? Probablemente a patrimonio, sucesiones y tipos marginales máximos del IRPF. Pues bien, si tuviéramos que armonizar estos impuestos internamente en España con respecto a los vigentes en el resto del mundo (¿o no hablábamos de armonizarlos globalmente?), deberíamos armonizarlos eliminando el impuesto sobre patrimonio (prácticamente ausente en todas las jurisdicciones del planeta) y rebajando los tipos marginales máximos del IRPF, especialmente en algunas autonomías como la de Valencia (donde alcanzan el 54% y se ubican entre los más elevados del mundo). ¿Realmente le estaba Escrivá afeando a Ximo Puig que mantuviera en la Comunidad Valenciana el impuesto sobre patrimonio y un tipo marginal máximo del IRPF totalmente desalineados con la inmensa mayoría de países desarrollados? ¿O es que a Escrivá solo le preocupa la falta de armonización cuando la asimetría es generada por las bajadas de impuestos pero no por las subidas?

Foto: Ximo Puig y Escrivá, en uno de sus encuentros bilaterales. (EFE)

En definitiva, los ataques de Escrivá contra la autonomía fiscal de Madrid son, en realidad, un ataque a un modelo de administración distinto del que plantean los socialistas: menos gasto público y menos impuestos. Es muy legítimo que el ministro de Seguridad Social prefiera un Estado grande y que crezca a costa de la sociedad civil, pero lo que no es legítimo —ni siquiera desde una perspectiva democrática, no digamos ya desde una perspectiva liberal— es que pretenda imponerlo por la fuerza cuando los votantes de Madrid han expresado reiteradamente en las urnas su preferencia por una Administración pública más pequeña que la que él desearía. En lugar de conversar con Ximo Puig desde Valencia sobre qué impuestos han de imponerse a los madrileños, más valdría que Escrivá intentara convencer a esos votantes madrileños de que es preferible que paguen más impuestos. ¿O es que se trata de imponérselo en contra de su voluntad?

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