El Gobierno, contra el pacto de rentas

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sigue empeñado en dinamitar el pacto de rentas en España. Y es que el ministro reiteró por enésima vez que todas las pensiones se revalorizarán a finales de este año conforme a la inflación promedio, la cual probablemente se ubicará por encima del 6%. Es decir, el ministro rechazó que 10 millones de personas, con independencia de cuál sea su nivel de ingresos, se sumen al famoso pacto de rentas que su propio Gobierno dice promover activamente para el resto de España.

Como es sabido, el pacto de rentas consiste en que empresarios y trabajadores se abstengan de buscar revalorizaciones de sus ingresos (salarios y beneficios) que igualen la inflación. Es decir, el pacto de rentas consiste en reclamar un sacrificio de poder adquisitivo a las fuerzas productivas del país con la esperanza de no entrar en una espiral precios-salarios que siga agravando la inflación al margen de sus causas originarias: si los salarios aumentan conforme al IPC, entonces los empresarios tratarán de hacer lo propio con los precios de sus mercancías para así mantener sus márgenes, y si los precios continúan subiendo, nuevamente los trabajadores reclamarán mayores subidas de sus salarios nominales que alimentarán nuevos incrementos de precios.

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En ausencia de un pacto de rentas, terminará ocurriendo alguna de estas dos cosas: o se implementa una política monetaria muy agresiva que, al hundir la economía europea en recesión, consiga aplacar la capacidad de los trabajadores y empresarios de subir sus ingresos (vía desempleo y vía quiebras) o, si la política monetaria europea no es lo suficientemente contractiva como para frenar la inflación española, pero sí en otros países (los cuales sí hayan alcanzado un pacto de rentas), entonces experimentaremos una pérdida de competitividad tal que también terminará llevándonos a una recesión y a la inaplazable necesidad de duro reajuste interno de precios y salarios (como el que vivimos en 2012 y 2013). Por eso, sin que el pacto de rentas sea la panacea contra la inflación (no lo es: las políticas nucleares que hay que aplicar son otras y pasan por buscar la moderación del gasto agregado), sí es un complemento valioso para contrarrestar los perjuicios que pueden derivarse de la alta inflación actual.

Pero ¿cómo puede el Gobierno instar públicamente a que trabajadores y empresarios asuman sacrificios personales en aras del interés general (en realidad, si hubiese un cumplimiento generalizado del pacto de rentas, también podría decirse que el pacto de rentas obra en su interés personal) si el propio Gobierno se está encargando de que esos sacrificios personales no sean generales excluyendo del pacto de rentas a 10 millones de pensionistas, esto es, alrededor de un tercio de todos los perceptores de ingresos (públicos o privados) de España? Nótese que ni siquiera estamos hablando de que se mantenga la indexación a la inflación de las pensiones más bajas, sino de que se va a mantener para la totalidad de pensionistas: vamos, que un trabajador mileurista sí ha de ver reducido su poder adquisitivo revalorizando su salario por debajo del IPC y, en cambio, un pensionista 'dosmileurista' va a ver protegido su poder adquisitivo a costa de las cotizaciones sociales del trabajador mileurista empobrecido. Y todo en nombre del mismo interés general.

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Se mire por donde se mire, estamos ante una incoherencia palmaria que va a generar dentro de nuestro país dos castas de ciudadanos, tal como denunciaba recientemente el Banco de España: los que producen y ven deteriorar su poder adquisitivo y los que viven de los impuestos que pagan los que producen y ven protegido su poder adquisitivo. ¿Cuánto tiempo tragarán no ya nuestras finanzas públicas, sino los trabajadores y empresarios españoles con esta hipocresía institucionalizada que los desangra? ¿Qué reproche podremos efectuarles a aquellos trabajadores o empresarios que se nieguen a someterse a un pacto de rentas cuando el primero que lo incumple es el propio Gobierno?