El estallido del gasto en pensiones aboca al Gobierno a la austeridad

El techo de gasto del Gobierno central en 2023 crecerá hasta 198.211 millones de euros, desde los 196.142 millones (sin tener en cuenta los fondos europeos desde 169.787 a 173.065 millones): así pues, poco más de 2.000 millones de euros. Aunque los ha habido que han pretendido criticar el tono excesivamente expansivo de estos presupuestos públicos, este argumento pudo ser válido en 2021 o incluso en 2022, a saber, los años en que la pandemia ya había tocado a su fin (especialmente 2022) y en que todo el exceso de gasto pandémico se reconvirtió en otras partidas para consolidar estructuralmente ese incremento histórico de los desembolsos estatales.

En 2023, empero, esta crítica no es del todo pertinente, dado que el techo de gasto apenas aumenta un 1,1% (un 1,9%, excluyendo fondos europeos) después de un año en que la inflación acaso termine ubicándose entre un 8% y un 10%. Es decir, que simplemente para mantener el mismo volumen de gasto público real, el gasto público nominal debería haber aumentado desde 196.142 millones de euros a cerca de 215.000 millones de euros: alrededor de 20.000 millones de euros y no de 2.000 millones de euros como ha aprobado el Gobierno (10 veces menos de lo necesario para no ya aumentar, sino estabilizar el gasto real). A efectos prácticos, pues, es como si PSOE-Podemos hubiesen aceptado recortar el gasto en casi 17.000 millones de euros (desde 215.000 millones a 198.000).

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¿Por qué razón un Ejecutivo que suele sacar pecho del incremento del gasto público ha sido tan especialmente cicatero en 2023, año en el que incluso él mismo pronostica una desaceleración económica y, por tanto, tendría sentido que tirara de gasto? Pues porque ese mismo Gobierno se ha comprometido con Bruselas a que el déficit público termine en el 3,9% del PIB en 2023 y eso implica, de acuerdo con la previsión de ingresos y gastos de ese mismo Ejecutivo, que el peso del gasto público en el PIB caiga desde 47% al 45,6%. Dado que la expectativa del Ministerio de Economía es que terminaremos 2022 con un PIB de unos 1,3 billones de euros y que cerraremos 2023 con un PIB de 1,38 billones de euros, el gasto público nominal deberá pasar de 612.000 millones de euros a 629.000 millones de euros, esto es, solo podrá crecer en términos nominales un máximo de 17.000 millones de euros.

Pero esto sigue sin responder a nuestra pregunta: si el Gobierno tiene margen para incrementar el gasto público en hasta 17.000 millones de euros, ¿por qué solo lo aumenta en 2.000 millones? A saber, ¿por qué aplica un recorte real del gasto tan considerable como el que hemos señalado antes? Una primera posibilidad sería que ni siquiera ellos mismos se crean sus previsiones de crecimiento económico: si, por ejemplo, el PIB nominal de 2023 no creciera un 5,9%, como anticipa el Ejecutivo, sino solo un 3%, entonces el gasto nominal no debería aumentar nada para que nuestro gasto público se redujera hasta el 45,6% del PIB y pudiéramos cumplir con el objetivo de déficit (en realidad, debería recortarse en términos nominales, dado que si el PIB nominal crece mucho menos de lo pronosticado por el Gobierno, los ingresos públicos también lo harán y, por tanto, habrá que compensar con menos gasto esa merma de ingresos). Por ende, podría parecer que el Ejecutivo se está curando en salud con un incremento moderado del gasto que nos vuelva resilientes frente a una desaceleración económica mayor que la reconocida hasta el momento.

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Por desgracia, mucho me temo que ni siquiera es así. La razón de esta contención del gasto público de la Administración central es más sencilla: el desbocado crecimiento de los desembolsos en pensiones después de su reindexación al IPC. A falta de conocer la inflación promedio de 2022, lo esperable es que la indexación de las pensiones al IPC requiera un incremento del gasto público nominal de entre 12.000 y 15.000 millones de euros anuales, de modo que solo esta partida se comerá prácticamente todo el margen de incremento del gasto público nominal que tendremos en 2023 para, si se cumplen el resto de previsiones, ajustarnos a un déficit equivalente al 3,9% del PIB.

El dato pone de manifiesto un problema más a largo plazo de nuestro Estado: cada vez más recursos (ingresos públicos y porciones del presupuesto) serán absorbidos por la partida de pensiones. Más de 10 millones de votos lo avalan.