PSOE y Podemos nos muestran por qué debemos cerrar RTVE

Si analizamos la política desde un punto de vista romántico, entonces las distintas estructuras estatales nos parecerán instrumentos imparcialmente orientados a perseguir el interés general. Semejante punto de vista se topa con un primer problema muy evidente y es la dificultad para definir el interés general: desde luego, si por tal cosa entendemos algo así como las preferencias de la mayoría de la población, entonces tal interés general resulta indefinible. Pero, al margen de la imposibilidad de transformar preferencias individuales en preferencias colectivas, existe otro problema muy serio: en la realidad práctica (no en la teoría idealizada), las instituciones estatales son instrumentalizadas en su propio provecho por aquellos con capacidad para capturarlas, sean estos políticos, burócratas o lobbies.

Es verdad que es posible diseñar estructuras estatales que reduzcan ese riesgo de captura (los sistemas de pesos y contrapesos buscan en última instancia este propósito), pero algún riesgo siempre va a subsistir porque las instituciones no actúan solas, sino a través de personas, o supervisadas por personas, que pueden consecuentemente sacar partido de ellas. Tomemos el reciente caso de RTVE. Durante años, PSOE y Podemos estuvieron reclamando que el ente público fuera independiente del poder político para que así sus profesionales pudiesen desempeñar su trabajo de manera autónoma. Pérez Tornero llegó a la presidencia del ente tras un amplio acuerdo parlamentario, presuntamente dirigido a que fuera un candidato de consenso y a otorgarle estabilidad para que desarrollara su proyecto directivo al frente de RTVE.

Opinión

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Pues bien, han bastado algunos meses en los que la línea ideológica de la televisión pública no se ha sometido por entero a las necesidades preelectorales de PSOE y de Podemos para que, tras la acumulación de presiones de rigor, Pérez Tornero haya tenido que dimitir para que no lo dimitieran por vías menos honorables. Es decir, que formalmente PSOE y Podemos nos prometen y garantizan la independencia de RTVE, pero materialmente están vigilantes para evitar que esta no se salga demasiado de los cauces por los que desean que discurra. “En lugar de dar directamente las órdenes, colocamos al frente a alguien que esperamos que vaya a dar las órdenes que nosotros mismo daríamos y, si nos sale rana, le cortamos la cabeza (así su sucesor también aprenderá cómo debe comportarse si desea mantener el puesto)”. Y aunque ahora mismo esté focalizando la crítica en PSOE y Podemos –porque son ellos quienes ocupan el Gobierno y han perpetrado esta fechoría–, tres cuartos de lo mismo cabe decir sobre el PP, cuya labor en materia de medios públicos (y muchas veces también privados) acredita una contumaz instrumentalización partidista.

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Los habrá que ingenuamente crean que esta situación tiene solución: que, escogiendo al presidente de RTVE a través de algún otro mecanismo aún más garantista, los políticos no meterán sus manazas en la gestión y, por tanto, tendremos un medio público verdaderamente independiente. Pero existen dos problemas con esa aspiración. Por un lado, y como decíamos, que tales mecanismos funcionan mejor en la teoría que en la práctica: en la práctica (como acaba de ocurrir ahora), los políticos terminan hallando mecanismos para, tarde o temprano, someter a organismos supuestamente independientes (sobre todo si maneja algo tan sensible como “la información”). Por otro, que si consiguiéramos diseñar algún mecanismo que otorgara una absoluta independencia a RTVE frente a los políticos de turno, nada impediría que RTVE se volviera igualmente un instrumento de propaganda en favor de algún partido concreto (si, por ejemplo, los directivos o periodistas de RTVE tuviesen una ideología muy sesgada y no tuvieran ningún reparo en exhibirla a través de la televisión pública): es decir, máxima independencia frente a controles externos es también máxima arbitrariedad del equipo gestor para usar en su privativo provecho una infraestructura pública financiada con el dinero de todos los contribuyentes.

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El problema de fondo, pues, sigue siendo el mismo. Todos quieren tener una televisión, pero cargándole la factura al contribuyente. Si PSOE quiere Tele-PSOE, Podemos quiere Tele-Podemos y PP quiere Tele-PP, que la creen y la costeen con su dinero. Y lo mismo sirve para los periodistas que aspiren a controlar RTVE: si quieren manejar a su antojo una televisión, que busquen financiación en los mercados para ello, pero que no nos traspasen el agujero a los demás.

Si ya había sobrados argumentos hasta el momento para defender el cierre de RTVE, ahora que los otros guardianes de la impostada independencia del ente pública se han quitado la careta y la han asaltado mafiosamente para convertirla en (otro) mecanismo de desinformación para 2023, quedan muy pocos motivos para no defenderlo. Ya nadie debería dejarse engañar por falsas apariencias de independencia: la televisión pública española es, y solo puede ser, un altavoz político que costeamos todos. En materia de propaganda, que cada palo aguante su vela.