Los 380.000 euros de Garamendi

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, obtendrá en 2023 una remuneración de 380.000 euros: una subida que aparentemente (porque al respecto existen versiones contradictorias) ha rebasado el 8%, a pesar de que el propio Garamendi había reclamado moderación salarial tanto al Gobierno (respecto a la subida del salario mínimo) como a los sindicatos (respecto a los convenios colectivos).

Parecería, pues, que nos hallamos ante una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace: subir salarios está mal, salvo cuando es el mío. En realidad, no existe por necesidad tal contradicción (aunque probablemente sería conveniente que determinados agentes sociales cuiden sus propios actos, ante el riesgo de que se los instrumentalice en contra de su discurso): oponerse a subidas del salario mínimo legal o de las tablas salariales de los convenios no equivale a prohibir las subidas salariales, sino a no imponerlas de manera indiscriminada. Pero no imponer indiscriminadamente subidas salariales es del todo compatible con que los salarios suban en aquellos casos en los que la empresa considere que el valor añadido aportado por algunos trabajadores, a los que esa compañía quiere retener, ha aumentado. Tal podría ser el caso de Garamendi sin que, por tanto, exista contradicción necesaria entre su decir y su hacer.

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El problema no es ese, sino otro muy distinto. El problema es que la remuneración de Garamendi no es una remuneración de mercado, porque la CEOE no es una organización que se exponga limpiamente a la competencia de mercado. Parte de sus ingresos procede de subvenciones públicas y otra parte, de las cuotas que pagan sus empresas afiliadas por la capacidad —regulatoria y políticamente condicionada— que posee esa asociación para hacer lobby en determinados foros públicos. Por tanto, es una organización cuyos ingresos dependen en gran parte de nuestro peculiar (y liberticida) marco político.

He de decir, no obstante, que este no es un problema exclusivo ni de la CEOE ni de Garamendi: son muchas las empresas que viven directa o indirectamente del gasto público y de la regulación estatal. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la remuneración de Florentino Pérez, de Carlos Torres o de Ignacio Sánchez Galán son realmente remuneraciones de mercado? ¿Sus empresas serían lo que son sin el apoyo del presupuesto público o sin la regulación que las protege? Quizás en algunos casos podría pensarse que serían todavía mayores (no queda claro, por ejemplo, hasta qué punto la regulación actual es netamente beneficiosa para las eléctricas), pero en otros claramente no lo sería. Por tanto, los muy cuantiosos emolumentos que puede recibir su dirección no dejan de ser, en parte, captura del presupuesto y captura regulatoria: una expropiación de parte de la riqueza del resto de la sociedad.

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¿Cuál es la solución a este problema, que ahora mismo se manifiesta con Garamendi, pero que va desde luego mucho más allá de él? Pablo Iglesias propuso este lunes limitar el sueldo de los directivos de una asociación (mercantil o no mercantil) que viva del dinero público al sueldo del presidente del Gobierno (90.000 euros anuales). Dejando de lado que, curiosamente, no aplica ese mismo rasero a otros cargos del Ejecutivo (por ejemplo, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, recibe una remuneración anual de 120.000 euros) o de fuera de él (por ejemplo, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España, compañía participada por el Estado, recibe alrededor de 550.000 euros anuales), el problema está en que entramos en una pendiente muy resbaladiza por la que ya se ha lanzado de cabeza Errejón: la necesidad de limitar los sueldos máximos no ya de quienes vivan del presupuesto público, sino de cualquier otra persona. Como si no pudiese haber individuos (en muy diversas profesiones, no solo los directivos) con capacidad potencial para generar un muy elevado valor añadido (¿propone Errejón que esos individuos sean explotados por el resto de la organización empresarial?) o como si semejante regulación no pudiese burlarse mediante la distribución de participaciones de capital (salvo que el siguiente paso sea, además, limitar el patrimonio máximo de los ciudadanos).

Si nos preocupa que haya individuos que se lucren a costa del dinero público y de la regulación —y es una preocupación harto razonable—, el camino debería ser reducir el gasto público (especialmente el canalizado en forma de subvenciones) y las regulaciones que blindan a ciertas organizaciones frente a la competencia. Pero ese camino es el que no quieren seguir aquellos que desean acrecentar el tamaño del Estado y que, en consecuencia, aprovechan los fallos del intervencionismo estatal para huir hacia adelante y reclamar aún más intervencionismo estatal.