La mayor subida de la presión fiscal de toda la Unión Europea

España fue el país de la Unión Europea donde más se incrementó la presión fiscal entre 2019 y 2022. En concreto, la recaudación por impuestos y por cotizaciones sociales equivalió al 38,3% del PIB en 2022: 2,9 puntos más que en 2019 (35,4% del PIB). Durante ese mismo periodo de tiempo, apenas aumentó en dos décimas dentro de la Unión Europea y en cinco décimas dentro de la eurozona.

Se trata de una diferencia muy notable que algunos podrían tratar de minimizar apelando a dos argumentos. Por un lado, que la presión fiscal de España sigue por debajo de la media europea y que, por tanto, es conveniente que vayamos convergiendo hacia ella: pero semejante razonamiento parte de la premisa de que un Estado mayor y más voraz es preferible a un Estado menor y más respetuoso con la propiedad privada de los ciudadanos (a saber, una premisa que quienes defendemos maximizar la libertad individual de los individuos no compartimos). Por otro, que el PIB español, y a pesar de las diversas revisiones al alza a las que ya ha sido sometido, puede seguir infravalorado y que, en consecuencia, el salto confiscatorio durante esta última legislatura no habría sido tan escandaloso: este razonamiento, a diferencia del anterior, sí podría tener su fundamento, dadas las dificultades a las que se están enfrentando los institutos nacionales de estadística para estimar adecuadamente el PIB en el periodo pospandemia, pero, en todo caso, debería complementarse con dos cautelas. Primero, que otros países europeos también pueden haber subestimado su PIB, de modo que las divergencias acaso se mantuvieren en parte tras revisar al alza nuestro PIB; segundo, que para que la presión fiscal se hubiese mantenido constante en el periodo 2019-2022 sería necesario revisar al alza el PIB en un 8% (no hablamos, por tanto, de una pequeña subestimación).

Sea como fuere, y atendiendo a los datos que tenemos disponibles, España es, como decimos, el país europeo donde más se ha incrementado la presión fiscal desde 2019. Y lo ha hecho sobre todo a costa de los trabajadores: de los (casi) tres puntos de PIB adicionales de los que ha pasado a apropiarse el Estado, 1,25 puntos proceden del IRPF, 0,5 puntos del IVA y otros 0,5 puntos de las cotizaciones sociales (los otros 0,55 puntos tienen su origen en el impuesto sobre sociedades). Es decir, que más de tres cuartas partes de la presión fiscal adicional encuentran su origen en el mayor castigo fiscal a los trabajadores: a lo que ingresan (IRPF y cotizaciones) y a lo que gastan (IVA).

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Javier Jorrín

No en vano, no deberíamos pensar que la mayor recaudación por IRPF se explica por los incrementos de tributación sobre las rentas más altas. No: el motivo clave detrás de esta mayor recaudación hay que buscarlo en la no deflactación de la tarifa del IRPF para ajustarla a la fuerte inflación que hemos sufrido durante el último año. Siendo el IRPF un impuesto progresivo (tanto más ganas, tanto más pagas proporcionalmente), las subidas nominales de los salarios (que no reales) experimentadas al calor de la inflación se han materializado en incrementos de los tipos medios efectivos que recaen sobre asalariados y autónomos. Dicho de otro modo, al negarse, deliberada y conscientemente, a deflactar el IRPF, el Gobierno ha decidido, deliberada y conscientemente, incrementar este tributo sobre el conjunto de contribuyentes: y lo ha hecho, para más inri, en medio de una coyuntura en la que sus ingresos reales estaban cayendo.

En suma, el Gobierno de PSOE-Podemos (o de PSOE-Sumar) se ha pasado toda la pasada legislatura aumentando los impuestos efectivos que recaían sobre los ciudadanos: no solo sobre los ricos, sino también y especialmente sobre las clases medias. ¿Hay razones para pensar que estos próximos cuatro años serán distintos? Mucho me temo que no.